El juzgado de León que tuvo que tramitar el desahucio de su propia sede
Es León lugar de situaciones extrañas y rocambolescas a lo largo de la Historia. Pero ésta puede llegar a superar muchos de los niveles de extrañeza, más cuando tiene que ver con un juzgado al que le toca juzgar... su propio desahucio.
Ocurrió en 1985, y le tocó al Juzgado de Instrucción número 4 de León. Una sala recién creada que debía instalarse en un local que el Estado tenía alquilado en el antiguo Economato de Aviación, al final de Suero de Quiñones. Sin embargo, el propietario de aquel inmueble había planteado un desahucio contra la Administración por no haberlo usado durante dos años.
Todo se indica en una información, firmada por Jesús Egido el 8 de agosto de 1985 en el 'Diario de León' abriendo la sección de local con el titular 'El Juzgado de Instrucción número 4 tramita el desahucio de su propia sede'. No era para menos el abrir la página cinco con esta noticia, más en el mes de agosto en el que tradicionalmente las noticias campan por su ausencia; aunque de todas formas la cuestión judicial era tan extraña que hubiera servido para abrir cualquier fin de semana del año.
La noticia, firmada por Jesús Egido —que al año siguiente pasaría de golpe y sin avisar a La Crónica en aquella deserción en masa que sufrió el diario decano de sus periodistas jóvenes—, entraba fuerte ya de por sí. Con el juez titular, Guillermo Sacristán, criticando con dureza al Estado por la situación en la que le habían metido y explicando que había enviado una carta al Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial para protestar por la situación en la que se encontraba su sala.
“En el Juzgado apenas hay sitio para dar cabida a las diez personas que lo forman [...] Los bancos destinados a dar asiento al público asistente a las vistas se emplean como archivos para el material impreso y como 'casilleros' de los procuradores acreditados. Ha sido necesario hacer acopio de mesas y de máquinas de escribir, a la vez que amontonar en una esquina la documentación necesaria”. Así se definía la situación precaria de la oficina judicial.
El propio juez explicaba que “en principio” no se tenía pensado que entrara su juzgado en funcionamiento hasta 1986, pero que en marzo de 1985 se había publicado en el BOE su entrada en funcionamiento y, debido al problema con el dueño del Economato de Aviación, tenía que compartirlo con la Sala Número 2 de la Audiencia provincial.
“No hay un solo archivo, ni armarios, ni siquiera puede hacerse una división que facilite la independencia necesaria para evitar que, al mismo tiempo se tome declaración a un detenido, se tramite una separación con testigos, o una confesión”, explica el artículo. “Nadie tiene por qué saber si a un señor le han detenido o que un matrimonio tramita su separación, aquí no hay posibilidad de salvaguardar nada”, explicaba el magistrado.
El artículo muestra cómo la Justicia en León era un verdadero desastre en los años ochenta, con los juzgados repartidos en diversos locales de la ciudad. Un problema que se terminaría resolviendo, más o menos porque hubo que ampliarlo, con la apertura del Palacio de Justicia de la avenida de Saenz de Miera pocos años después.
Eso sí, los funcionarios de aquel nuevo Juzgado de Instrucción número 4 de León, mientras tanto, no paraban de quejarse por las condiciones en las que les había tocado arrancar. Cosa que confirmaba el titular, el juez Sacristán, con una anécdota que hoy en día la tecnología ya habría superado: “Es muy difícil tomar una declaración a máquina cuando al lado están escribiendo con otra”.
Eran otros tiempos para todo. Incluso para escribir atestados y noticias.
