Militares y falangistas organizan en León el primer terror de las detenciones masivas
Las cárceles y calabozos de la ciudad León ya estaban repletos pasadas las dos semanas del levantamiento el 20 de julio de 1936 de los militares rebeldes de la Junta de Defensa Nacional de Burgos. Llenos de miedo y horror, y eso sin contar los paseos y la represión incontrolada de los miembros de Falange en la provincia leonesa. Y los primeros fusilamientos, como por ejemplo el del alcalde constitucional de Ponferrada, Juan García Arias.
Los sublevados comienzan a coordinar el control de los lugares de detención junto a la Guardia Civil y los camisas azules y a organizar el terror en los ciudadanos leoneses para conseguir diversos fines. El primer día de agosto se produce la detención de la primera autoridad de alto nivel en la provincia leonesa. El gobernador Civil Emilio Francés es enviado a una prisión en Valladolid (aunque volvería después a la ciudad).
Hay que destacar que desde el día 20 de julio estaban detenidos por haber estado defendiendo el Gobierno Civil el capitán de infantería Juan Rodríguez Lozano (el abuelo del luego presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y represor militar de la Revolución del 34), Lorenzo Martín Marassa, Mariano Giménez Eras, Hipólito Pérez Blanco, Jesús González Rodríguez y el delegado de Campsa, Alfredo Barthe. Durante estas dos semanas se conocen nombres de otros detenidos, como el delegado de Trabajo Fernando Morán, el capitán retirado Timoteo Bernardo y muchas otras autoridades.
Todos estos serán protagonistas durante la tercera y cuarta semana de la Guerra Civil, ya completamente declarada, con un cruel proceso que les llevará al paredón a mediados de agosto. Pero aún, salvo con el gobernador Emilio Francés, los militares que se comenzaban a autodenominar 'Nacionales', pese a haberse sublevado en toda regla contra el orden constitucional, no habían comenzado a detener a las autoridades más importantes.
Según las notas del autor del libro 'Asesinaron la Democracia', Carlos J. Domínguez, que sirvieron para la investigación del mismo: “El 3 de agosto se sabe que están detenidas decenas de personas, entre ellas: Antonio Fernández Martínez (herido el día 20 por un disparo); Modesto Sánchez Cadenas (en principio, en la Prisión Provincial, 37 años); Fernando Blanco Sandoval; Germán Martín Gómez; Anastasio Carrillo Campomanes; Domingo Fernández Pereiro 'Chomín'; Onofre García García (en la Prisión Provincial); Juan Monge Antón (en la Prisión Provincial, confundido por su tío Juan Monje Zapico, interviniente en el 34); Francisco Rico López (en la Prisión Provincial); y Orestes Vara”. Domínguez destaca que “nadie ha ordenado aún la detención del alcalde Miguel Castaño ni siquiera del presidente de la Diputación Ramiro Armesto, pese a que el 5 de agosto se peina la Diputación, que se menciona como su domicilio, sin encontrarse nada”.
Esta lista es el ejemplo de quiénes están detenidos. Sumándose a ellos centenares de lo que consideran desafectos. Que se hacinarán en las dependencias carcelarias de San Marcos, que no hay que olvidar que era un cuartel granja de sementales equinos, y de la cárcel de Puerta Castillo. Eso si tenían suerte y no les 'visitaban' los falangistas para darles un 'paseo'. Estar detenido y bajo proceso judicial en aquellos días era terrible, pero daba una cierta garantía de que no se iba a desaparecer al día siguiente. Al menos por un tiempo.
El 'modus operandi' de las detenciones
La mayoría de las detenciones de los primeros días son arbitrarias. Se sabe muy bien a por quién hay que ir primero: a por los obreros, los marxistas, los sindicalistas y los miembros de los partidos políticos republicanos o los cargos públicos nombrados por el Frente Popular.
Un ejemplo de ello es que la policía realiza un registro en el domicilio de Antonio Fernández, secretario del Sindicato Minero Castellano, y encuentra un diario con todo tipo de nombres y detalles sobre los implicados en la Revolución de octubre de 1934. La policía utiliza la documentación para detener a muchísimos implicados. La mayoría de ellos terminarían fusilados o 'paseados'.
Por su parte los 'jueces' también comienzan a 'detectar' cargos públicos. El instructor Marcos Rodríguez Andrés eleva escrito al alcalde designado de la ciudad, Enrique González Luaces, pidiendo los nombres de la Comisión Gestora el día 20 de julio, así como los concejales o síndicos con facultades en el Ayuntamiento. El día 6 pedirá lo mismo a la Diputación. Dos agentes registran las dependencias (4 habitaciones en la planta baja, cocina, despensa y carbonera) del conserje de la Diputación, que es Jovino López Morla, de 48 años, y no encuentran absolutamente nada. La intención es clara: listar quiénes son para hacer con ellos “lo que se deba hacer según las circunstancias”.
Según las investigaciones del autor de 'Crónicas de la Burguesía Leonesa', Javier González Fernández-Llamazares, los lugares de detención e interrogación eran varios: “La Guardia Civil detenía e interrogaba en el cuartel de la calle del Cid. La Comisaría de Investigación y Vigilancia detenía en los calabozos del edificio de 'Blas Alonso', es decir, en el edificio del Gobierno Civil. Esos calabozos fueron tristemente conocidos porque la Policía, durante el 34, detuvo y torturó allí, lo que ocasionó quejas de Gordón Ordás ante el Congreso de los Diputados. En San Marcos los militares del Regimiento de Burgos también tomaban declaración, una vez que ya habían ingresado allí los acusados. Hubo muchos otros que pasaban directamente a declarar en el Gobierno Militar —en Padre Isla, junto al Auto Salón de los Pallarés, lo que hoy sería el supermercado Mercadona—, y de ahí, si se les veía 'indicios de criminalidad', pasaban a Puerta Castillo o San Marcos a la espera de juicio militar”.
La parte de atrás del Gobierno Civil, por la Avenida 14 de Abril (hoy Gran Via de San Marcos, esquina Héroes Leoneses), donde estaban los calabozos de la Policía.
En toda esta trama aparece un personaje que se hará muy conocido en la ciudad y que será uno de los más notables líderes de la represión, el capitán que detuvo al teniente coronel de la Guardia Civil que se mantuvo fiel a la República en la capital leonesa. “Lo que pasa, es que durante los primeros momentos, la Guardia Civil y la Comisaría de Investigación y Vigilancia funcionaban al unísono —aunque técnicamente eran independientes—, y ambas bajo las órdenes directas de la Delegación de Orden Público, que estaba gobernada casi absolutamente por la Guardia Civil, con Luis Medina Montoro a la cabeza”, explica el investigador y conservador del Archivo de la Fundación Banca Fernández-Llamazares.
Durante el mes de agosto son detenidos e ingresados en San Marcos cientos de leoneses acusados de haber favorecido al extinguido Frente Popular. Como Eduardo Pallarés Berjón (nótese el apellido, un Pallarés, nada menos), farmacéutico del Ayuntamiento en La gota de leche', es denunciado por el médico Joaquín Valcarce Álvarez, oculista del hospital San Antonio Abad, quien sustituye en la presidencia de la Cruz Roja de León al que fuera entrenador nacional de la selección de Fútbol que consiguió la medalla de plata en 1923 Joaquín Heredia Guerra (que terminaría fusilado).
Los presos esperan en San Marcos a que se les abra un proceso militar que solía estar instruido por el militar Julián Gómez Seco, hasta que éste es destinado a Riaño como comandante en octubre. Es entonces cuando con su sustituto, el comandante de
infantería Eladio Carnicero Herrero, los juicios se vuelven sumarísimos. Los guardias de San Marcos suelen ser paisanos de los pueblos de León que se han incorporado a la Falange, y que esperan a que se les destine como combatientes a los diferentes frentes de la sierra de Madrid o de la montaña leonesa. Mientras los presos estaban en San Marcos, sin juicio ni sentencia militar, dependían directamente de las órdenes y autoridad de Luis Medina Montoro, con cuyo consentimiento se realizaban las 'salidas' o 'paseos' del recinto. Y si las autoridades militares consideraban que al preso no se le veía 'indicios de criminalidad', dicho preso volvía a pasar a la autoridad de Luis Medina Montoro, quien disponía de su destino para uno u otro camino. Los militares no tenían ganas y disposición de “perder el tiempo” en procesos judiciales. En San Marcos, por tanto, existían dependencias militares, de la Guardia Civil y de la Falange y Medina Montoro, 'decidía'.
Los ejemplos de las detenciones arbitrarias
La cuestión es que si bien los primeros detenidos son aquellos cercanos al Frente Popular, comienza a no librarse nadie. Hay dos ejemplos extraídos del archivo de la Banca Fernández-Llamazares que son claros y meridianos.
El primer ejemplo, entre los cientos que hay mientras San Marcos se va llenando de 'desafectos', es el de Segundo González Espinosa que estaba afiliado a Unión Republicana. Se lee en los archivos de la Banca Fernández Llamazares que “había sido funcionario de Correos hasta 1933, momento en el que es destituido del Cuerpo. A partir de entonces trabajaba en las oficinas de la estación de ferrocarril del Norte (su suegro también trabajaba en la Compañía de peón) compaginando dicha actividad con la de redactar crónicas deportivas para el periódico 'La Democracia', cuyo director era el socialista Miguel Castaño. Segundo firmaba las crónicas deportivas con el seudónimo de 'Juanito Deportista' años antes ya colaboró en revistas como 'Vida Leonesa' o 'Renacimiento'). El 3 de agosto de 1936 fue denunciado y encarcelado, instruyéndosele procedimiento militar: ”por haber hecho manifestaciones hostiles al Movimiento acusándole de que un día, con motivo de un bombardeo rojo en la estación del Norte donde el deponente prestaba sus servicios“. Finalmente se le va a sobreseer provisionalmente su procedimiento militar porque el denunciante (el capitán Luis Fernández Serrano) presenta a un testigo que no le acusa directamente. Sin embargo, pasará a a disposición gubernativa, que le impone una pena de seis meses de arresto que enseguida se le conmuta por pena de seis meses de destierro a Segovia. Segundo se pasa 18 meses sin empleo y sueldo, por lo que debe ser mantenido por sus suegros, que consiguen dos préstamos de 500 pesetas y que a fecha de 28 de junio de 1941 todavía no había podido reintegrar.
Otro es doble: el de María Sánchez Miñambres (sobrina de Jacinto Sánchez, el abuelo de Modesto Sánchez Cadenas, también detenido y el 'primer' muerto del día 20 de julio, al que le pegan un tiro en su casa de la calle de la Paloma, esquina con plaza de la Catedral por asomarse a la ventana), junto a Mariano García Solarat —su abogado, administrador y amante—, con el que se esconde aterrada. La falta de presencia de los dos hace que sobre el 9 de agosto corra el rumor por todo León de que ambos han sido 'paseados'. La población lo tenía claro. Si alguien no estaba en la cárcel y no se sabía que había huído, lo más normal es que se hubieran librado de él con ese 'método' nocturno.
“María era una persona importante, ya que fue la primera concejal mujer de León ya en tiempos de Primo de Rivera. Como María hubo cientos de casos, pues personas 'señaladas' sabían que tal vez estaban más seguras incluso en San Marcos que en su propio domicilio, pues iban a tener 'visita' en cualquier momento”, cuenta Fernández-Llamazares.
La cuestión es que ya comenzaba a dar igual ser obrero, comerciante o burgués. La presencia de nuevos mandos falangistas de los que hacía tres semanas no se conocía ni su nombre y la 'permisividad' de las nuevas autoridades militares hicieron que las venganzas personales comenzaran a darse. Lo explica este investigador: “María Sánchez Miñambres, como Eduardo Pallarés Berjón y otras muchas personas con patrimonio sufrieron una persecución personal que nada tenía que ver con su ideología política. La inconsistencia de las acusaciones contra María y contra Eduardo son tan palpables que no puedo encontrar otra explicación. Tales peregrinas acusaciones le costaron a la primera una condena de doce años y un día de prisión; para el segundo la condena sería de seis años y un día. Fueron 'apartados de la circulación' y otros hubieron de gestionar sus intereses, o incluso ocuparon sus cargos”. Ambos no volvieron a ser los mismos; como otros muchos en León y en España.
El nuevo gobernador Militar, el 'cacique' Estévez y suegro de Fraga
Ignacio Estévez Estévez (1887-Valladolid, 1975). Natural de Verín. Estuvo ya en León en 1922, como capitán del Regimiento de Burgos. Se casó con Carmen Eguiagaray Pallarés (es decir, de alta alcurnia leonesa), por lo que solía pasar temporadas en la dehesa de Maudes, en Sahagún, de la familia de su mujer. Una de sus hijas, Carmen Estévez (nacida en 1925, estudió Derecho en la Universidad Central de Madrid al trasladarse allí la familia en 1945) se casó en 1948 con Manuel Fraga Iribarne. Al morir era coronel de Infantería retirado. Fue gobernador civil de León desde el tres de agosto al 21 de septiembre de ese año. El 23 de septiembre se despidió con un artículo en la prensa leonesa, saliendo para Vigo.
“Cómo sería este personaje que nombraron gobernador Civil, que hasta el alcalde designado por los militares Enrique González Luaces indica en sus memorias que es 'un cacique' y empieza a maniobrar para que el referido corregidor deje ese puesto trasladándolo a presidir la Diputación de León”, explica Javier González Fernández-Llamazares. El nuevo gobernador civil, que es militar, se rodea de otros soldados a los que nombra “delegados de mi autoridad” (sic) en los diferentes partidos judiciales de la provincia. Son figuras que aparecerán en multitud de cargos y situaciones, pero especialmente en los consejos de guerra de los que forman parte asiduamente. Se trata, entre otros, de los tenientes coroneles retirados José Usoz Loma, José Moreu y Félix F. Escudero.
En estas circunstancias, los propios leoneses comienzan a ver que nadie está a salvo. Incluidos los burgueses... y los propios afectos. Las penas más leves son multas excesivas, que cada vez comenzarán a ser más exageradas, las graves destierros injustos y las más graves... cárcel o muerte. Y eso, si se tiene la suerte de aparecer ante un juez, que al menos la familia sabe dónde está el reo.
Los leoneses, incluso los afectos y los cargos que están disponiendo los militares para controlar la situación comienzan a temer dos cosas que son una aparentemente una: las 'visitas' de los sublevados y sus milicias.
Las de por la mañana, porque las peticiones de 'donaciones' cada vez son mas desorbitadas, incluso siderales.
Las de por la noche, porque en ellas se paga con la vida.
Y no han pasado ni tres semanas desde el 20 de julio.
