Una investigación judicial a Carrasco afila cuchillos en el PP
El trasunto judicial que desde hace meses mantiene entretenidos al mundo político, mediático y judicial de León, de forma soterrada, se remonta a una denuncia presentada por el PSOE en la Diputación y el PAL-UL de San Andrés del Rabanedo por el que se acusa a la presidenta provincial del PP y de la Diputación de León, Isabel Carrasco, del cobro irregular de dietas de Caja España. La denuncia está siendo investigada por el Juzgado Número 3 de León pese a que los socialistas retiraron la denuncia en marzo pasado.
La acusación mantiene que Carrasco pasó las dietas de kilometraje a Caja España pese a acudir en el vehículo oficial de la Diputación de León a los Consejos que la entidad ha celebrado fuera de la capital leonesa. En total habría cobrado, según la denuncia, por unos 20.000 kilómetros que no la corresponderían. La denuncia sostiene que ese presunto cobro ilegal de las dietas habría provocado que la presidenta de la Diputación de León cometiera varios delitos, que en este momento se mantienen en investigación
La batalla en el PP de León
Según desvelaba El Norte de Castilla en su edición en papel este miércoles el Partido Popular de León estaría recogiendo firmas de afiliados y cargos públicos para abrir un expediente al expresidente de la Diputación de León y actual procurador en las Cortes, Javier García Prieto, por “menoscabar la imagen pública de la presidenta del PP leonés como cargo público del partido”.
Se da la casualidad de que Javier García Prieto es uno de los testigos llamados a declarar en la investigación judicial contra Isabel Carrasco. Las relaciones de la presidenta de la Diputación de León y de su antecesor en el cargo nunca han sido buenas y los ataques velados de Carrasco a la gestión de García Prieto fueron muy frecuentes en los primeros años de su mandato al frente de la institución provincial.
Fuentes jurídicas consultadas por ileon.com no descartan que la presidenta de la Diputación intentara evitar la declaración del Procurador popular alegando “enemistad manifiesta”. Otros “enemigos manifiestos” serían los llamados como testigos Paco Fernández (exalcalde de León) y Miguel Ángel Álvarez (miembro del Consejo de Caja España-Duero). Todos acudirán en enero a responder a las preguntas de acusación particular, fiscalía y defensa.
De momento Isabel Carrasco no ha sido llamada a declarar ya que en la fase actual están pasando a declarar varios testigos, entre los que se encuentra el chófer de la presidenta, antes de que la jueza decida si llamará a declarar a Carrasco u ordena el archivo de la causa.
¿Otras víctimas del conflicto en el Partido Popular de León?
El despido hace unas semanas de un hijo del senador Juan Morano, ahora en el Grupo Mixto tras abandonar el Partido Popular, que trabajaba desde hace años en la empresa municipal de limpieza de interiores del Ayuntamiento de León, Emilsa, podría ser otro de los capítulos de la cruenta guerra que mantienen los dos bandos en el partido. El senador ha declinado realizar declaraciones a este periódico sobre este asunto.
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