Montoro anuncia que habrá nueva financiación para “flanquear” la reforma local

El máximo responsable de las finanzas del país lo aseguró al defender en el Pleno del Congreso de los Diputados el Proyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local frente a las diez enmiendas de totalidad presentadas por otras tantas formaciones políticas. Se trata de una “reforma sustancial de la arquitectura institucional”, explicó Montoro, cuyo objetivo prioritario es que los ciudadanos reciban los servicios sociales “en las mejores condiciones de eficiencia y de coste”.

La reforma es necesaria, argumentó, por la “proliferación ineficiente de actividades” que se duplican con las desempeñadas por otras administraciones, “poniendo en riesgo la estabilidad financiera y presupuestaria” de los muncipios, de otras administraciones “y de la propia imagen de la administración pública”.

Montoro valoró el “comportamiento financiero” de los ayuntamientos y su contribución a la reducción del déficit, y les llamó a seguir en esa senda, “que sea constante y ejemplo trasladado a las otras administraciones”. En su intervención, el ministro desgranó los aspectos que se han modificado durante la gestación del proyecto y sentenció que es “respetuoso al extremo” con las competencias de las comunidades autónomas. Por ejemplo, subrayó, incorpora las especificidades del País Vasco y Navarra, de las ciudades de Madrid y Barcelona, de Ceuta y Melilla, y de las organizaciones comarcales.

También se ha suprimido la metodología del coste estandar de los servicios municipales, pese a que era “bien recibida por quienes nos supervisan y nos analizan desde otros ámbitos”, y se ha hecho para “preservar nuestras instituciones” y para que no se entendiera como “un menoscabo de la autonomía local”. Aseguró además que en un año habrá un nuevo proyecto de financiación local “flanqueando” a esta ley, y reiteró que el texto no solo respeta sino que “garantiza” la autonomía municipal. Lo hace, explicó, porque define “con precisión” las competencias que deben ser desarrolladas por la administración local y las diferencia de las estatales y las autonómicas.

En esa línea, se establecen periodos transitorios para “acomodar progresivamente” la prestación y la financiación de los servicios en los que haya duplicidad, pero Montoro dejó claro que la intención es “la continuidad de los servicios y la garantía de su prestación”, y por ello se preve la obligatoriedad de la dotación de fondos.

El proyecto “potencia” el papel de las diputaciones como entidades que asisten a los ayuntamientos, sobre todo de los pequeños, y solo con la conformidad de éstos, precisó el ministro, las comunidades o las diputaciones podrán asumir determinados “servicios mínimos” en los de menos de 20.000 habitantes.

Montoro insistió en que con esa ley será “imposible” lo que ha sido una práctica en estos años de crisis, la delegación de competencias a los ayuntamientos con una posterior retirada de la financiación para poder prestar esos servicios. Concluyó que se trata de un “eslabón más en las reformas estructurales” impulsadas por el Gobierno, lo cual refleja la “voluntad reformista” pese a las “dificultades políticas” que muchas de ellas suponen.

Agradeció expresamente al PNV la disposición a la negociación, y llamó a los demás partidos a acercar posiciones porque el Gobierno dejará “abiertas las puertas para que todos se encuentren en esta reforma” y seguirá dialogando durante toda la tramitación parlamentaria.