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NUEVO VARAPALO JUDICIAL A LA DIPUTACIÓN

Una sentencia contra la Diputación anula una plaza a un hijo de un alto cargo del PP

El Tribunal Superior de Justicia obliga a la Diputación a retrotraer al inicio el proceso de un concurso-oposición de una plaza de técnico de deportes del año 2009. Fue adjudicada a un hijo de José Antonio Cabañeros, histórico cargo y militante del Partido Popular.

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El presidente de la Diputación, Marcos Martínez (izda), saluda en las pasadas elecciones europeas a José Antonio Cabañeros (dcha), que estaba de interventor por el Partido Popular en una mesa en la Delegación de la Junta.
A. Vega | 09/06/2014 - 10:50h.

Suma y sigue en el goteo de sentencias que cuestionan la política de personal en la Diputación de León. Un nuevo pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León al que ha tenido acceso ileon.com, fechado a mediados de abril, supone un nuevo varapalo por la adjudicación de plazas en el seno de la institución provincial.

En concreto la sentencia retrotrae el proceso de adjudicación de un concurso-oposición de una plaza de técnico de deportes de 2009 y obliga al tribunal a volver a valorar méritos de titulaciones universitarias, y consecuentemente volver a adjudicar la plaza conforme a la nueva puntuación. El caso afecta de lleno al Partido Popular leonés ya que el adjudicatario de la plaza es hijo del conocido militante y exalto cargo del PP José Antonio Cabañeros. En su dilatada carrera política Cabañeros fue concejal de Hacienda y Policía siendo Juan Morano alcalde de León, y director general de Administración Territorial en la Junta. Además ocupó la dirección general del periódico de Martínez Núñez durante varios años, La Crónica de León.

La adjudicación de la plaza al hijo de Cabañeros fue recurrida por otro opositor al entender que en la valoración de méritos efectuada por el tribunal se le había perjudicado al no tenérsele en cuenta titulaciones como el Diploma de Estudios Avanzados (DEA) o el certificado de aptitud pedagógica, conforme a la normativa general de oposiciones que sí los puntúan. El recurso presentado en primera instancia resultó desestimatorio parcialmente pero ahora el TSJ le da la razón y obliga a la Diputación a volver a valorar los méritos de la plaza y readjudicar la misma a quien quede en primer lugar.

La anulación de la adjudicación de la plaza podría costarle a las arcas públicas miles de euros en indemnización

La sentencia cuestiona la arbitrariedad de valoración de los méritos que realizó el tribunal que adjudicó la plaza al hijo de Cabañeros, considerando que en la misma hubo un "componente de subjetivismo y de libertad de criterio (...), lo cual no se cohonesta con el principio de imparcialidad". El adjudicatario de la plaza, que se había adherido al recurso como parte afectada, ha sido condenado además en costas.

En caso de que el nuevo adjudicatario de la plaza sea otra persona distinta a la que se nombró¡ inicialmente (el hijo de Cabañeros), tendría derecho a una indemnización por los años en que no ha ocupado la plaza debido al nombramiento irregular de la misma, además de pasarla a ocupar en propiedad. Una cantidad económica que podría ser de miles de euros y que pagaría la Diputación de León, más intereses, todo un 'palo' económico para las arcas provinciales que pagarán todos los ciudadanos.

A la sentencia le faltan unas dos semanas para que sea obligado su cumplimiento sin que hasta el momento se tenga noticia de que la Diputación de León vaya a ejecutarla, aunque sí ha tomano conociemiento de la misma en una Junta de Gobierno de principios de mayo.

Varapalo tras varapalo en la Diputación de León

Esta nueva sentencia se suma a otras siete que en los últimos meses ha recibido la Diputación, anulando plazas y oposiciones que había creado en contra de la ley. En la actualidad la institución provincial mantiene activos casi un centenar de procesos judiciales, la mayoría de ellos de origen laboral, para los que tuvo que dotar en el mes de abril un crédito extraordinario de 400.000 euros para pagar esos costes. Una cantidad que se suma a la ya presupuestada y que ha incrementado notablemente el gasto en abogados de la Diputación, que no tiene servicio jurídico propio.

Recientemente, y para evitar un nuevo varapalo judicial, la Diputación alcanzó un acuerdo extrajudicial con una trabajadora a la que Isabel Carrasco había cesado como tesorera. El acuerdo contempla una jugosa indemnización, de unos 50.000 euros, y crear un puesto similar a la trabajadora en el Palacio de los Guzmanes, que será interventora adjunta.

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