Archivada una denuncia contra la cúpula de la consejería de Economía por presunta prevaricación
El Juzgado de Instrucción numero uno de Valladolid ha archivado provisionalmente la denuncia contra la Consejería de Economía de la Junta en la que se acusaba a nueve altos dirigentes de haber adjudicado directamente en 2010, sin licitación pública, diversos contratos, considerados por la consejería como menores
La investigación del juez se inicio tras una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción y parte de una auditoría del Consejo de Cuentas de Castilla y León que, en su informe de 2010, detectó unos contratos, la mayoría de Valladolid y otros de León, en los que se había partido el importe de los eventos para no superar los límites de la adjudicación directa (18.000 euros) y, así, poder elegir a la empresas adjudicatarias sin licitación pública.
El juez considera en un auto que la denuncia del Consejo de Cuentas, en función de la Ley de Contratos del Sector Público, es correcta, pero no ve indicios suficientes en este caso para que exista un delito de prevaricación administrativa. Así, en el fallo se argumenta que “para que una acción sea calificada como delictiva será preciso algo más, que permita diferenciar las meras ilegalidades administrativas y las conductas constitutivas de infracción penal... Ha existido una interpretación errónea de la norma, puesta de manifiesto por el Consejo de Cuentas, discutible por otra parte, pero que excluye esa decisión arbitraria e injusta por sí misma”.
Al mismo tiempo, y función de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, el juez asegura que con los datos actuales no se puede sostener que por parte de la Consejería ha habido una resolución a sabiendas radicalmente arbitraria y buscando un beneficio propio o de tercero.
Los contratos denunciados tenían relación con diversas actividades como asesoramiento de Cajas de Ahorro, XII Congreso de Economía, elecciones Cámaras de Comercio, Pasarela de la Moda de 2010, Premios Comercio Tradicional, Premios Escolares de Prevención de Riesgos Laborales y Stand 76 Feria de Muestras.
Además, según se informa desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJ), el Juzgado ha constatado la coincidencia de designación de empresas adjudicatarias en varios de los contratos en distintos años, y para la misma actividad, sin necesidad de justificación, por el medio escogido para En cuanto a por qué se optó por contratos menores, desde el TSJ se indica que los nueve imputados declararon casi de forma coincidente que “así se ha hecho siempre”: las distintas decisiones sobre el modo de proceder respondían a la tradición o costumbre.
A este respecto, el auto señala que el necesario control sobre este tipo de contratación, sin procedimiento y justificación previa, mejorará con la Ley de Transparencia que, en su artículo 8 y dentro de la publicidad activa, obliga a las administraciones públicas, a todas ellas, a publicar entre otros conceptos “todos los contratos, con indicación del objeto, duración, el importe de licitación y de adjudicación, el procedimiento utilizado para su celebración, los instrumentos a través de los que, en su caso, se ha publicitado, el número de licitadores participantes en el procedimiento y la identidad del adjudicatario, así como las modificaciones del contrato”.
Cabe recordar que el pasado 24 de mayo el director general de Economía Social y Autónomos de la Consejería de Economía y Trabajo, Carlos Teresa Heredia, que cuando ocurrieron los hechos investigados ocupaba el cargo de director general de Comercio, prestó declaración ante el juez José María Crespo.
También pasaron por el juzgado Rafael Llanos Berrocal, jefe del Servicio Prevención; Miguel Ángel Diez Mediavilla, entonces director general de Trabajo; Juan Carlos Martínez González, jefe de Servicio de Actuaciones Estratégicas Comerciales (Dirección General de Comercio); Nuria García Prieto, interventora delegada; José María Casas Inclán, coordinador de Servicios (Dirección General de Comercio); Ana María Lorenzo Fernández, jefe de Servicio (Dirección General de Comercio); Juan Carlos Gamazo Chillón, jefe de Servicio de Análisis Económico (Dirección General de Economía); y Víctor Valverde Gómez,exdirector general de Economía.
