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LA RESACA DE LA OPERACIÓN PÚNICA EN LEÓN

La Diputación identifica en San Isidro y Turismo los tres contratos bajo la lupa judicial por corrupción

El juez que encarceló a Martínez Barazón reclamó a través de la Guardia Civil los contratos de explotación de El Rebeco, Salencias y Pico Agujas en la estación de esquí de San Isidro y del stand del Patronato de Turismo en Intur. Los tres han sido frenados en seco y se han vuelto a convocar. La información se ha trasladado a todos los grupos políticos y a priori se niega que ninguna empresa 'invitada' a esos contratos esté en la lista negra actual de la 'Operación Púnica' contra la corrupción.

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Carlos J. Domínguez | 05/11/2014 - 17:19h.

Hoy por primera vez la Diputación de León, y en concreto el equipo de Gobierno, ha ofrecido detalles concretos sobre los posibles casos de contratos que han acabado, por orden del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, con el fulminante encarcelamiento de su presidente, Marcos Martínez Barazón acusado de seis delitos.

Se trata de tres contratos 'por invitación', es decir, no abiertos ni públicos, dos de ellos relacionados directamente con servicios de la estación de esquí de San Isidro. De todo ello se ha dado puntual información por parte del PP a los portavoces de los grupos de oposición (PSOE, UPL y no adscritos).

Los expedientes concretos que reclamó la Guardia Civil en el momento de la detención de Martínez Barazón fueron los contratos de explotación del bar El Rebeco, cuyo importe de licitación era de 61.152,16 euros (IVA incluido); el contrato especial de explotación del servicio de Restaurante- Cafetería Salencias y del Hostal Residencia Pico Agujas, igualmente en San Isidro, con un importe de licitación de 63.310,47 euros (IVA incluido). Y por otro lado, también solicitaron y se llevaron a la Audiencia Nacional el contrato para los servicios de alquiler, diseño, decoración, montaje, desmontaje asistencia técnica y transporte de un stand que representará al Patronato Provincial de Turismo de León en la Feria Intur 2014, cuyo importe de licitación era de 38.000 euros. Todos ellos fueron entregados a la Policía Judicial en mano por el propio Marcos Martínez Barazón.

"De ninguna otra área o servicios de la Diputación de León, la Policía Judicial ni requirió, ni consultó, ni retiró documentación alguna", explica el equipo de gobierno en una nota de prensa emitida hoy.

La primera conclusión es que el presidente en funciones, Francisco Lupicinio Rodrigo, ha decretado la inmediata paralización de los tres procedimientos y el inicio de nuevos pliegos para todos estos contratos. Y de la investigación realizada sobre las empresas que habían sido 'invitadas' a participar, "13 y 11 empresas respectivamente" "ninguna de ellas figura entre las que los medios de comunicación ha publicado como vinculadas a la operación policial.

Información "a través de los medios de comunicación"

El equipo de Gobierno de la Diputación también se ha comprometido a "continuar analizando la información que se va conociendo a través de los medios de comunicación", ya que la institución provincial "no tiene ningún tipo de comunicación formal por parte de la Audiencia Provincial de la existencia de procedimientos o imputaciones", explican.

A la reunión asistieron el presidente en funciones de la Diputación, Francisco Lupicinio Rodrigo, el portavoz del equipo de Gobierno del PP, Jaime González, así como Luis Rodríguez Aller (PSOE), Lázaro García Bayón (UPL) y Matías Llorente (no adscritos). "Como se había acordado en una reunión previa, se les han mostrado los informes elaborados desde los servicios de Intervención y Contratación y Patrimonio de la institución provincial", explica la nota.

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