La Junta habla de “cierta indefensión” ante la investigación de comisiones millonarias por parques eólicos

La Junta de Castilla y León siente “cierta indefensión” en la investigación abierta por la Agencia Tributaria sobre la concesión de autorizaciones para la instalación de parques eólicos puesto que elaboró un informe, remitido el 30 de diciembre a la Fiscalía Anticorrupción, sin haber consultado los expedientes administrativos. Además, el Ejecutivo autonómico recordó que todavía no ha tenido acceso a ese estudio, que “por ley es reservado”, a pesar de que “otros lo tienen”.

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, se refirió a este asunto en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, y lamentó que en los últimos “cuatro o cinco días” hayan tenido que informar sobre este caso sin conocer los detalles del informe de la Agencia Tributaria, que recalcó se ha hecho sin revisar los expedientes que obran en poder del Gobierno autonómico. Por ello, aseguró que parece más el “defensor del lector”, que el “portavoz” de la Junta.

De Santiago-Juárez no dudó de la “profesionalidad” del inspector de Hacienda, pero recalcó que no se ha “interesado” por la documentación que tiene la Junta sobre esas autorizaciones, que podrían presuntamente estar condicionadas al pago de comisiones. El portavoz recalcó que sólo tiene conocimiento de la investigación por la información periodística difundida por un medio nacional, que no dudó es “seria, rigurosa y contrastada”. “No tenemos el informe”, recalcó el consejero.

Asimismo, el portavoz del Gobierno autonómico dejó claro que “en ningún momento se recoge que haya irregularidad en la tramitación administrativa de los expedientes”. “La tramitación es limpia y no se determina para nada que haya discrecionalidad administrativa”, apostilló De Santiago-Juárez, quien además agregó que es “imposible” que la Agencia Tributaria llegue a esta conclusión sin haber analizado la documentación de la Junta, por lo que a su juicio, es solo una “intuición”.

De Santiago-Juárez recalcó que los gobiernos de la Junta han sido “modélicos” y la “envidia de España” en la tramitación de expedientes vinculados con las energías renovables, puesto que no ha habido denuncias de empresas, ni particulares. “La tramitación en Castilla y León es ejemplar”, añadió, como en su opinión ha hecho el sector. “Nos preocupa y disgusta que se manche la reputación de Castilla y León o se intente generalizar”, reconoció el portavoz del Ejecutivo.

Salida de Villanueva

Por otra parte, desvinculó que el consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, haya decidido dejar la política autonómica por este asunto. De Santiago-Juárez explicó que le había trasladado hace “muchísimo tiempo” al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que ésta era la última legislatura para él. “Nada que ver”, señaló el consejero, quien precisó que se lo comentó hace más de “uno, dos tres, cuatro o cinco meses”. “De eso doy fe”, remachó.

También reiteró que la Junta no tiene contacto actual con el exsecretario y viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, a quien la investigación apunta como el dirigente que intermediaba en la concesión de permisos. Además, señaló que Villanueva tampoco ha contactado con él en los últimos días y que no “sabe nada de él” desde que dejó la Consejería hace cuatro años, a su juicio por “pérdida de confianza”, no por ninguna “sospecha”.

De Santiago-Juárez explicó que la Junta decidió concentrar en él la tramitación de los parques eólicos para “agilizar” la gestión de los expedientes debido al “volumen” y “complejidad” de esta documentación. También señaló que de esta forma se garantizaba la “coherencia” en el procedimiento de la Junta y se evitaba que hubiera “nueve criterios diferentes”. “Mirar al pasado con ojos del presente no es justo”, reconoció el consejero, quien explicó que Delgado es funcionario de la Junta y que el día que cesó pidió una excedencia para dedicarse a la actividad privada. Por ello, recalcó que le corresponde a él dar explicaciones sobre los “movimientos en sus cuentas” y asumir responsabilidades ante los tribunales, si la Fiscalía así lo considera.

Transparencia

El portavoz de la Junta recalcó que el Ejecutivo quiere que se “aclare todo” y “cuanto antes” por lo que han “forzado” la comparecencia del consejero Tomás Villanueva, para que explique ante la Diputación Permanente de las Cortes de Castilla y León “cómo se hacían las autorizaciones”. José Antonio de Santiago-Juárez recordó que el parlamento se ha disuelto por primera vez para la convocatoria de las elecciones autonómicas, por lo que la Diputación Permanente tiene funciones restringidas, entre las que no figura la asistencia de miembros del gobierno.

Por tanto, a pesar de tener un informe de los letrados de las Cortes contrario a la comparecencia de Villanueva, la Junta ha querido que comparezca. También recalcó que han enviado los expedientes sobre los que se centra la investigación a la Fiscalía, que aseguró no presentan ninguna irregularidad. Además, subrayó que han revisado la declaración de bienes de Rafael Delgado en marzo de 2007 y la modificación de 2009, en la que desapareció uno de los dos bienes reflejados, que tenían hipotecas.

Finalmente, De Santiago-Juárez concluyó que no ha habido “enriquecimiento” durante el ejercicio del cargo público, “ni lícito, ni ilícito”. Además, recordó que Herrera puso ayer la “mano en el fuego” por los funcionarios y los “actuales altos cargos” de la Junta. Él, aseguró, la pone por el presidente y por “todos” los que ha “puesto”.