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INVESTIGACIÓN EN CAJA ESPAÑA

La polémica gestión de Caja España que puede empañar carreras en el PP

El futuro del nuevo número 3 del PP nacional, el zamorano Francisco Martínez Maíllo, se dirime en el juzgado de León que investiga la concesión de créditos millonarios a Santos Llamas. El concejal de León Javier García Prieto, otro cuyo futuro puede depender de la evolución de su imputación.

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Javier García Prieto, concejal en el Ayto. de León, y Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de Organización del PP. Fotos de Ical
A. Vega | 19/06/2015 - 12:48h.

El PP lo niega pero los documentos judiciales evidencian otra cosa. Su nuevo número 3, el vicesecretario de Organización Francisco Martínez Maíllo, está llamado a declarar como imputado en la causa que investiga al Consejo de Administración de Caja España en 2009 por la concesión de créditos millonarios a su entonces presidente Santos Llamas.

Maíllo, ascendido por Mariano Rajoy a los altares del PP nacional este jueves, se ha visto rodeado de polémica por esa imputación que su partido niega. Bien es cierto que el juzgado no ha formulado todavía una imputación formal con presuntos delitos cometidos pero le llama a declarar ante la evidencia de que en la denuncia formulada por IU y Ecologistas en Acción hay visos jurídicos de que se puedan haber producido ilícitos penales.

El hasta ahora presidente de la Diputación de Zamora estaba llamado a declarar, concretamente, el pasado mes de mayo para determinar si se produjo una administración desleal que causó un perjuicio millonario a la entidad por esos créditos al constructor leonés y expresidente de Caja España, Santos Llamas. Maíllo formaba parte del Consejo de Administración que en enero de 2009 aprobó esa concesión ahora en cuestión.

Ante la petición de los abogados de las defensas para examinar la documentación y solventar alguna cuestión técnica la jueza del número 5 de León aplazó la declaración de los citados como imputados, pero no levantó la citación. En una nueva práctica el pasado 2 de junio la jueza pedía a las partes si requerían nuevas diligencias antes de fijar la nueva fecha de toma de declaración como imputados. Momento que aprovecharon las defensas para solicitar la nulidad del procedimiento y que ahora deberá resolver la jueza del caso.

En el fondo de estas acusaciones están informes periciales del Banco de España, ratificados en el juzgado en el mes de enero, que sostienen que varios informes advertían al consejo de administración de la entidad del riesgo de la concentración de créditos de Santos Llamas, aupado por PP y PSOE junto a UPL y varios sindicatos a la presidencia de la entidad

Maíllo formó parte del Consejo de Caja España que aprobó créditos millonarios a Santos Llamas

En uno de esos informes, firmado por la jefa de División de la Asesoría Jurídica Interna del Banco España, Rosario Pérez, se analizan 29 operaciones de crédito o líneas de avales concedidos por Caja España a Santos Llamas por 67,9 millones de euros. Asimismo, el documento revela que el 80 por ciento de las operaciones firmadas por Llamas con la entidad que presidía eran de riesgo y no se computaban como tal en la Caja.

En concreto todos los llamados a declarar como imputados son los siguientes: Miguel Ángel Álvarez Sánchez (UGT); Francisco Fernández (exalcalde de León, PSOE); Javier García Prieto (concejal en el Ayuntamiento de León); José Antonio Turrado Fernández (secretario autonómico del sindicato agrario Asaja y presidente provincial); Artemio Domínguez González (PP Salamanca); Bernardo Fernández Álvarez (empresario, designado por UPL); Alfredo Fernández Salvadores (sindicato Csica); Juan Elicio Fierro Vidal (exconcejal del PP en Ponferrada); Marcos García González (excargo del PSOE León); Zenón Jiménez-Ridruejo (exprocurador del PSOE); Fernando Martínez Maíllo (PP, presidente de la Diputación de Zamora); Alejandro Menéndez Moreno (catedrático de la Universidad de Valladolid); María Begoña Núñez Díez (exprocuradora del PSOE por Palencia); y Olga Palacio García (exconcejal del PSOE en León).

El PP se enroca en que Maíllo no está imputado

El secretario general del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, negó en declaraciones efectuadas este jueves en Madrid, en calidad de presidente del Comité de Derechos y Garantías del PP, que Fernando Martínez-Maíllo esté imputado en el caso Caja España. "No está imputado", aseguró. "Se le llamó a declarar como imputado", explicó como matiz.

En este sentido sostuvo que esa llamada a declarar en presencia de un abogado es una figura procesal "que nada tiene que ver con la imputación de delitos" porque "muchas personas de otros partidos han ido a declarar como imputados y no es más que un privilegio procesal", espetó.

Además, añadió que la toma de declaración " se suspendió" y no tiene constancia de que se haya señalado una nueva cita. No obstante reconoció que "es verdad que hay un proceso judicial abierto contra el consejo de administración de Caja España" que asumen con "total normalidad" porque, argumentó, a Maíllo le "afecta de manera colateral en tanto en cuanto es miembro de un consejo de administración en el que se toman las decisiones después de muchísimos informes positivos".

En esa misma línea ha abundado este viernes la nueva cara amable del PP, el vicesecretario de Comunicación Pablo Casado, que ha afirmado en varias entrevistas que Maíllo "está muy tranquilo, ese caso se refiere a su representación desde una la fundación de la que formaba parte dentro de una caja de ahorros y ni siquiera era dentro de su actividad como presidente de la Diputación (de Zamora) y su gestión de fondos públicos".

El papelón del PP lo ha seguido protagonizando la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que desde la mesa del Consejo de Ministros ha respondido con un "a lo mejor me equivoco. Creo que no está imputado" sobre la situación del nuevo hombre fuerte del PP nacional. Santamaría ha preferido echar balones fuera con un "no le puedo aclarar desde el Gobierno la situación procesal".

El singular caso del concejal García Prieto en León

Ciudadanos creyó la versión del PP de que García Prieto fue desimputado y apoyó a Silván como alcalde

El reavivamiento de la polémica sobre la imputación de Maíllo vuelve el foco sobre el concejal del Ayuntamiento de León y expresidente de la Diputación, Javier García Prieto, otro que formaba parte del Consejo de Caja España en enero de 2009. En su caso concreto el aplazamiento de su declaración y la elevación al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de la causa contra él por ser entonces Procurador en las Cortes, y por tanto aforado, sirvió para que Ciudadanos en León aceptara la versión del PP de desimputación y apoyara a Antonio Silván como alcalde sin su dimisión.

Ciudadanos ha llevado a todos sus procesos de negociación de pactos políticos la necesaria exclusión de las personas imputadas en cualquier causa pero en León aceptó la versión del PP, y de algún medio de comunicación, de que García Prieto ya no estaba imputado. Pero desde las elecciones Prieto ya no tiene aforamiento alguno al dejar de ser procurador por lo que el procedimiento contra él se seguirá igualmente desde los juzgados de León. Y por tanto volverá a estar imputado, o "citado en calidad de imputado" en la terminología del PP. Será un buen momento para ver qué decide hacer Ciudadanos sobre su situación, si pedir su dimisión o hacerse los suecos como hasta ahora.

Caja España era en 2009 la mayor entidad financiera de Castilla y León pero la crisis económica y su alta exposición inmobiliaria la llevaron a fusionarse, bajo los auspicios de la Junta, con su histórica rival salmantina Caja Duero. La unión de ambas resultó un desastre saldado con una nacionalización con más de 1.000 millones de euros de inyección pública y el desgajamiento de sus operaciones bancarias (denominado Banco Ceiss), que han acabado como filial de la malagueña Unicaja.

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