El exalcalde y dos exconcejales de León llamados a declarar por una querella puesta hace 4 años por discriminación laboral

Ibán García del Blanco, secretario de Cultura y Movimientos Sociales del PSOE federal.

ileon.com/ical

El secretario de Cultura y Movimientos Sociales del PSOE, el leonés Iban García del Blanco, ha sido llamado a declarar, en calidad de querellado el próximo 14 de octubre en Juzgado de Instrucción número 3 de León, en el marco del proceso judicial que se sigue por presunta discriminación laboral hacia un funcionario del Ayuntamiento de León producido cuando era concejal en dicho Consistorio, según informaron a la agencia Ical fuentes judiciales. El denunciante es Carlos Hurtado, uno de los más altos funcionarios del Ayuntamiento y jefe de los Servicios Económicos del consistorio.

Este nuevo paso judicial en un largo proceso que arrancó en 2011 se produce después de que el Supremo devolviera a los órganos judiciales de León las diligencias instruidas por esta querella, formulada por un funcionario del Ayuntamiento de León, una vez Ibán García del Blanco perdió su condición de aforado, al dejar de ser senador. El dirigente socialista está llamado a declarar, junto con el exalcalde de León, Francisco Fernández, y el exprocurador y exconcejal leonés, Miguel Ángel García Cardo, a las diez de la mañana, según un auto emitido por el titular del Juzgado de Instrucción de León número 3 hace poco más de un mes.

Los hechos que dieron origen a este proceso se remontan al año 2007 poco después de la constitución del Gobierno municipal de Francisco Fernández, cuando el denunciante, Carlos Hurtado, era jefe de los Servicios Económicos del Consistorio. Según figura en la querella, el nuevo equipo de Gobierno, le retiró parte de sus funciones y comisiones e, incluso, llegó a trasladarle a un despacho fuera del departamento donde se encontraban los servicios económicos, “sin ventilación y con condiciones de salud y seguridad muy mediocres”, según dijo su abogado en el momento de presentar la querella.

Sin embargo, no fue hasta abril de 2011, cuando Hurtado interpuso una querella por presunta discriminación laboral contra los tres cargos socialistas que fue admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 3 de León y que inició las correspondientes diligencias al considerar que “los hechos que resultan de anteriores actuaciones hacen presumir la posible existencia de delito de discriminación laboral”. Este juzgado archivó la denuncia, pero ante el recurso posterior, la Audiencia provincial ordenó reabrir la causa al considerar que el Juzgado no había realizado las investigaciones suficientes. Sin embargo, dado que el 28 de febrero de 2012 Ibán García del Blanco fue designado senador por la Comunidad, el caso se remitió al Tribunal Supremo que durante los dos último años ha permanecido sin tomar decisiones en el proceso.

La pérdida del aforamiento de García del Blanco tuvo consecuencia que el caso fuera trasladado otra vez a los organismos judiciales leoneses y, en concreto, al Juzgado de Instrucción número 3 de la capital, quien hace poco más de un mes emitió un auto conocido por Ical en el que llamaba a declarar, en calidad de querellados, a los tres dirigentes socialistas: Francisco Fernández, que era alcalde en aquel momento y Miguel Ángel Fernández Cardo, responsable de Economía y Hacienda, ambos retirados de la vida pública, e Iban García del Blanco, entonces edil de Personal y Régimen Interior y hoy responsable de Cultura y Movimientos Sociales de la Ejecutiva Federal Socialista. Ambos deberán acudir al Juzgado con sus abogados.

No obstante, el Procurador del Común ya se refirió a este caso en un informe de 2009 en el que concluyó que el caso podría tratarse de un caso de acoso laboral e instó al Ayuntamiento a adoptar “las medidas necesarias para garantizar los derechos individuales del funcionario público al desempeño de las funciones o tareas propias de su condición profesional” y a “recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, algo que el trabajador considera que no se atendió y, por eso, decidió llevar el caso a los tribunales. El funcionario fue restituido en su cargo y en sus funciones en 2011, cuando el PP recuperó el Ayuntamiento de León.

En declaraciones a la Agencia Ical, García del Blanco, mostró su confianza en que después de su declaración el asunto se archive y señaló que su defensa está basada en el propio expediente instruido por la Inspección de trabajo. “Es un asunto que lleva coleando años y que ya se archivó una vez porque la denuncia no tenía base y se reabrió por una cuestión técnica, pero iré a declarar y aclararé todos los puntos no claros que pueda haber”, señaló el dirigente socialista, quien se quejó de que hasta este paso no haya estado nunca notificado.

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