Juicio caso 'Gürtel'

El exvicepresidente de la Junta niega haber cobrado comisiones de Correa a cambio de contratos públicos

Jesús Merino se enfrenta a una pena de tres años y nueve meses de prisión por los delitos de blanqueo y falsedad continuada.

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El exdiputado del PP por Segovia y exvicepresidente de la Junta Jesús Merino. / Ricardo Ordóñez / ICAL
Servimedia/ ICAL | 19/01/2017 - 20:00h.

El exdiputado del PP por Segovia y exvicepresidente de la Junta Jesús Merino negó este jueves haber cobrado comisiones las empresas del grupo liderado por Francisco Correa por haber intermediado a su favor en la adjudicación de contratos públicos en Castilla y León durante su declaración en el juicio por la primera época del caso 'Gürtel' que se celebra en la Audiencia Nacional.

Este jueves comenzó la declaración de Merino, que se enfrenta a una pena de tres años y nueve meses de prisión por los delitos de blanqueo y falsedad continuada al haber, supuestamente, amañado adjudicaciones públicas en Castilla y León para las empresas de Francisco Correa. Según la Fiscalía, podría haber cobrado 317.810 euros de la presunta red de Correa por beneficiar a empresas como Constructora Hispánica, Teconsa y Sufi (filial de Sacyr) en la adjudicación de contratos públicos en la Comunidad.

El exdiptuado, que dejó su escaño en el momento de su imputación, negó haber recibido dinero alguno de la trama 'Gürtel' en contra de lo que dijo Correa en su declaración en este juicio el pasado mes de octubre. Entonces, el supuesto cabecilla de la red dijo que las siglas J.M., que figuraban en su contabilidad B, correspondían a Merino.

Sin embargo, indicó que nunca intercedió a favor las empresas de Correa y que en 1999, año en que abandonó Castilla y León, dejó de tener influencia alguna en los responsables del PP de la Comunidad, que para entonces habían cambiado, por lo que no conocía ya a muchos de los consejeros y directores.

El que fuera diputado, consejero de Fomento de la Junta de Castilla y León y vicepresidente de la misma hasta 1999, le abrió las puertas a Correa en esa comunidad autónoma, según sostiene el Ministerio público, al tiempo que buscaba un "enriquecimiento ilícito".

Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, Correa habría usado la influencia que tenía Jesús Merino "sobre distintos cargos públicos de la formación política (el PP) en Castilla y León para obtener adjudicaciones públicas a favor de empresas de confianza de Correa", a cambio de comisiones que se repartían en "efectivo" o "en forma de viajes y servicios turísticos enmascarados con facturas ficticias".

La Fiscalía sostiene que Correa, Bárcenas y Merino usaron la sociedad Spineker 2000 para facturar las mordidas de las adjudicaciones, que en el caso de Merino habrían alcanzado los 317.810 euros. Para enmascarar estos ingresos emitían "facturas falaces por servicios inexistentes cuyos importes se distribuían entre sus verdaderos beneficiarios en efectivo y de modo opaco a la Hacienda Pública".

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