El PP de Castilla y León renueva su ideario fijándose como objetivo realizar una “política con alma”

La Ponencia Social, aprobada por unanimidad en el 13 Congreso del PP de Castilla y León, aboga por retomar las inversiones en infraestructuras y equipamientos sociales para seguir mejorando la calidad y la cobertura de los servicios esenciales, plantea establecer por ley la participación del Tercer Sector en la elaboración de las futuras políticas de servicios sociales y de sanidad e impulsar el Diálogo Social.

El documento fue presentado ante los compromisarios por la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, quien la definió como una “política con alma” y subrayó que de las 188 enmiendas presentadas se han recogidos 165. “Es una ponencia más rica, plural e integradora”, afirmó. Destacó cinco ejes, que se desgranan en 200 medidas: la persona como eje de la política, la sostenibilidad de los servicios públicos, el empleo como la mejor política social, la política social en el mundo rural y la innovación social.

Al pleno sólo llegó viva una enmienda de Ignacio Tremiño para que se recoja que las “personas con discapacidad no la sufren, tienen una discapacidad y padecen el estigma de la sociedad” en algunos casos. “Se comparte el enfoque”, refirió Mar González, que asumió que esa redacción se incorpore al texto.

La Ponencia pone el acento en la sanidad, en la apuesta por una asistencia personalizada, con una atención especial a los pacientes crónicos y pluripatológicos, en la reducción de las listas de espera y en la implantación de consultas de atención especializada en zonas de la Comunidad donde los pacientes tengan que hacer largos desplazamientos a centros hospitalarios.

Además, se plantea la necesidad de elaborar un Plan de Humanización de la Asistencia Sanitaria para ofrecer al usuario mayor información sobre todo su proceso y un mejor entorno que le ayude a sobrellevar la enfermedad y considera necesario avanzar en la recuperación de las condiciones laborales y salariales de los profesionales “una vez que la recuperación de la actividad económica y los ingresos público la faciliten”.

La formación de especialistas para llevar a cabo el recambio generacional de los centros y un plan dotar de plazas de formación suficientes a las especialidades con déficit de profesionales, son otros de los retos, así como la potenciación de la investigación.

En la ponencia, en cuya elaboración han participado las procuradoras Isabel Blanco Llamas (Zamora) y Mar González Pereda (León); el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valladolid, José Antonio Martínez Bermejo, y el procurador Alejandro Vázquez Ramos (Burgos), también se reclama una nueva ley regional de conciliación familiar, personal y laboral para seguir avanzando en la corresponsabilidad.

Además de recalcar que el empleo es la mejor herramienta de integración social y de autonomía de las personas, en la ponencia se coloca al Diálogo Social como “seña de identidad” de la Comunidad para avanzar en los grandes acuerdos, a la vez que se resalta el compromiso de los populares con unos servicios públicos esenciales de calidad y equitativos, tanto en el medio rural, como forma de luchar contra la despoblación, como entre hombres y mujeres. A su vez, apuesta por un gestión transparente y por la innovación social, para incorporar todas la ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías.

En la ponencia se hace referencia a la buena situación de la Comunidad en la prestación de los servicios esenciales teniendo en cuenta informes como el PISA (educación), el Observatorio de la Dependencia, el índice DEC (Servicios Sociales) o el Barómetro Sanitario, y se resalta que estos resultados son fruto de la prioridad presupuestaria de la Junta, dado que suman el 80 por ciento del gasto no financiero del conjunto de las consejerías.

De cara al medio rural, también se considera fundamental apostar la cohesión territorial y seguir manteniendo los esfuerzos realizados tanto en materia sanitaria, como educativa y de servicios sociales. En este sentido, plantean mejorar la seguridad del transporte escolar, potenciar la atención en los centros de salud y poner en marcha medidas para favorecer el empleo femenino.

El PP también considera clave la apuesta por las nuevas tecnologías como herramientas que mejoren y acerquen los servicios sociales sociales, en especial en el medio rural, considerando fundamental el fomento de la telemedicina.

Educación

En materia educativa, los objetivos del PP pasan por reducir la tasa de abandono, potenciar la enseñanza del segundo idioma y por un impulsar un cambio en el sistema de acceso a la función docente que garantice la existencia de los cuerpos nacionales del profesorado y responda a principios de igualdad, mérito y capacidad.

Además, se recalca el compromiso por la garantizar la elección de centro mediante la renovación de los acuerdos con la enseñanza concertada y por una política de becas para que primer la igualdad de oportunidades. A su vez, se apuesta por la escuela inclusiva y se propone un plan de atención a la diversidad.

Tasas universitarias

Con relación a la educación universitaria, la ponencia pide la congelación de las tasas para el próximo curso y plantea una rebaja a partir de 2018/2019 si “las disponibilidades presupuestarias lo permiten” y ligada a un nuevo sistema de financiación de las universidades pública de la Comunidad tal y como contempla la Ley de Universidades de Castilla y León.

La investigación y la innovación es el otro eje fundamental sobre el que giran las propuestas 'populares' junto con la internacionalización y la colaboración con las empresas.

En materia de atención a las personas mayores se defienden los servicios de calidad a las personas que decidan seguir viviendo en su domicilio, medidas de envejecimiento activo, una atención más personalizada y un por mantener el proceso de reconversión de plazas de residencias para personas válidas en otras para personas en situación de dependencia.

Por otra parte, en materia de igualdad se proponen planes que incorporen medidas en el ámbito laboral y también se recalca el compromiso para la implantación en toda Castilla y León del nuevo modelo de atención integral a las víctimas, Objetivo Violencia Cero, “pionero en España y que pretende proporcionar a la víctima atención integral desde el minuto cero”.

En materia de discapacidad se resalta que Castilla y León es la primera comunidad en aprobar una Ley de Igualdad de Oportunidades y se recalca que el empleo es la mejor herramienta para garantizar una vida independiente. Así, se resalta la necesidad de mantener la reserva de contratación en centros especiales de empleo, la incorporación de cláusulas sociales en la contratación pública y la reserva de plazas específicas en las ofertas de empleo público.

A su vez, y sobre dependencia, el documento resalta los buenos resultados de Castilla y León al alcanzar la “plena atención”, aunque plantea que hay que mejorar el nivel de asistencia. De forma similar también se plantea la lucha contra la pobreza y se subrayan los logros de la Red de Protección de la Familias y la Renta Garantizada de Ciudadanía. No obstante, el PP se compromete a reforzar estas herramientas y unificarlas en una ley que garantice nuevos derechos subjetivos de atención inmediata.

Por último, en materia cultural se plantea potenciar el papel de la ciudadanía como protagonista de la actividad cultural y potenciar el español como valor cultural y económico.

Ponencia Económica y Administración Territorial

Los compromisarios del 13 Congreso Autonómico del PP de Castilla y León aprobaron también por unanimidad la Ponencia Económica y Administración Territorial, que presentó el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, ante el plenario, tras analizar las 276 enmiendas recibiras, y que incorporó una apuesta por la continuidad de las empresas familiares, el comercio local, la financiación y por la gestión planificada y de “calidad” del sector forestal.

Cerrar el modelo territorial, con el mapa de unidades básicas de servicios y ordenación en el territorio, y consolidar la recuperación y creación de empleo para hacer frente al reto de la despoblación son las prioridades del texto que incluyó cuatro enmiendas transaccionadas con los proponentes. Así plantea fomentar la continuidad de las empresas familiares, reconocer el papel del comercio local en zonas poco pobladas, reforzar los sistemas de financiación alternativos, mejorar la gestión forestal como un servicio profesional, con una mayor duración o más cuadrillas.

Asimismo, la declaración, que recopila el ideario del PP para los próximos años, pone el acento en la ordenación del territorio desde el reconocimiento del municipio y el papel de las diputaciones y se blinda el modelo recogido en la ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio, que culmina con los mapas rurales, cuya norma está en las Cortes para su aprobación.

El texto califica de “irrenunciable” que se garantice la igualdad en de acceso a los servicios públicos de todos los ciudadanos, mantener todos los centros prestadores de servicios de la Junta y potenciar las mancomunidades, donde se aboga por la “flexibilidad y la voluntariedad” para las nuevas de interés general y por la pervivencia de las existentes. Por ello, recoge, en línea con la ley, que la cartera de competencias de las mancomunidades de interés general, diferencia una “parte mínima” y otra voluntaria.

Para hacer frente a los retos demográficos, cuya pérdida de población considera global y no sólo de Castilla y León, reitera la necesidad de un Pacto de Estado por la Demografía y articular políticas ante un problema estructural. De esa manera, se apuesta por estrategias conjuntas con otras comunidades, el Gobierno y la Unión Europea. “El crecimiento económico y el empleo son dos factores para una evolución positiva de la población”, reseña.

La ponencia parte de que se está en un momento de recuperación, ya que de los 173.000 empleos perdidos en la crisis desde febrero de 2013 se han reducido en 70.000. Así, marca tres prioridades: consolidar la recuperación económica y crear empleo; garantizar los grandes servicios públicos; fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad

Alcanzar un modelo territorial que garantice el equilibrio y la cohesión, para evitar disfunciones y asimetrías perjudiciales, debe ser una prioridad, recoge la ponencia, que subraya como el modelo territorial y la creación de empleo contribuirán a responder a otro de los retos que “más deben llamar nuestra atención durante los próximos años: la cuestión demográfica”. Estos ejes en materia económica y de Administración Territorial “queremos hacerlo a nuestra manera, desde una posición de centralidad y moderación”, subrayan los redactores.

Financiación autonómica

Apuesta por una financiación autonómica que garantice la igualdad efectiva de todos con independencia del territorio donde se viva, así como por que la “urgente” reforma del sistema tenga en cuenta el perfil de Castilla y León: extensión territorial, dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población. Recuerda que la Comunidad perdió un diez por ciento en el reparto de fondos, y es la segunda con mayor merma en recursos del modelo.

“El Partido Popular de Castilla y León exigirá que el modelo de financiación sea transparente, esté dotado de más recursos, recoja los principios de suficiencia, autonomía, solidaridad, corresponsabilidad, y asegure los recursos económicos suficientes para la adecuada prestación de los servicios públicos transferidos, en particular la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención de la dependencia”, defiende la ponencia.

Una política orientada hacia la recuperación económica, de lucha contra el fraude, la apuesta por la industria para llegar al 20 por ciento del PIB en 2020, el acceso a la financiación de las empresas, la internacionalización e innovación tienen hueco en el texto, además de la creación de empleo como eje de las políticas sociales.

En un desglose por sectores, recoge la apuesta por el sector agrario; por la política energética y la defensa del carbón y de las cuencas mineras; por la automoción; por el turismo, entre otros. También dedica un apartado a las infraestructuras del siglo XXI, donde reconoce el esfuerzo de los últimos años en carreteras y aboga por que se mantenga el impulso inversor, igual que reivindica el despliegue de la Alta Velocidad.

Ponencia Política

También por unanimidad los 'populares' de Castilla y León aprobaron, en el marco del 13 Congreso, la Ponencia Política y de Reglamento, en la que se recoge la creación de la Oficina del Cargo Popular, como un órgano con funciones en el ámbito de la ejemplaridad, transparencia e incompatibilidades, y la implantación de la figura del coordinador local para fortalecer su estructura en el territorio, a la vez que el Grupo Parlamentario en las Cortes deberá aprobar un código ético que será de “obligado cumplimiento” para los procuradores.

Estas son algunas de las novedades recogidas en la Ponencia, que presentó ante los compromisarios su coordinador, Alfonso García Vicente, quien definió al PP de Castilla y León como un partido de alcaldes y concejales y explicó que se han pactado y recogido la mayoría de las 106 enmiendas recibidas.

Entre las enmiendas aceptadas se encuentra la de que una tercera parte de miembros de las juntas directivas provinciales sean representantes de municipios de menos de 20.000 habitantes, si bien ante el plenario del Congreso se mantuvieron vivas dos del PP de Burgos, defendidas por Víctor Arnáiz, en relación a la depuración de los censos para que sólo tenga consideración de afiliado quien este al corriente de sus obligaciones.

Con ello se pretende evitar los problemas surgidos en las primarias de que no pudieron votar quienes no estaban al corriente de las cuotas, si bien las enmiendas fueron retiradas por su ponente, ya que García Vicente argumentó que el Comité Ejecutivo Nacional introducirá los cambios que se recogerán en el ámbito autonómico y provincial. “Un afiliado dos votos”, indicó el coordinador de la Ponencia en relación a la doble vuelta para elegir al presidente.

La Ponencia recoge que el PP “toma y preserva el legado” de Juan Vicente Herrera al frente de la organización y “lo proyecta hacia el futuro” con un proyecto renovado y un modelo de partido a la “altura de los nuevos retos y exigencias de nuestra sociedad”.

Después de la polémica entre Junta, PP y oposición en la aprobación de la ley de los Altos Cargos por no incluirse vía enmienda un código ético para las Cortes, con limitación de mandatos para los miembros de la Mesa y cargos de portavoz y viceportavoz, como en el Ejecutivo, el PP recoge en su ponencia que el Grupo Popular se dotará de un código ético, que abordará como “contenido mínimo” las cuestiones reflejadas en la ley autonómica.

Se pretende actualizar su normativa interna y ampliar su papel dentro del partido más allá de su acción institucional, como elemento dinamizador del proyecto político del partido. El PP quiere que el grupo en las Cortes tenga un “protagonismo especial”, como explicó el coordinador de la ponencia, que precisó que luego será el grupo, en el marco de su autonomía, quien actualice su reglamento e incorpore la obligatoriedad del código ético.

Órgano de control

Otra de las novedades será la creación de la Oficina del Cargo Popular, definida como un órgano especializado para realizar un efectivo control interno y brindar el apoyo y ayuda a los cargos públicos y orgánicos. Tendrá autonomía en el ejercicio de sus funciones, en especial las referidas a idoneidad, ejemplaridad, transparencia e incompatibilidades, como refleja la ponencia.

Este nuevo órgano estará formado por cinco miembros que no desempeñen ningún cargo público u orgánico en cualquiera de los ámbitos del PP, que serán nombrados a propuesta del presidente autonómico y aprobados por el Comité Ejecutivo. Sus competencias serán sobre los miembros de la Junta Directiva Autonómica, que no lo sean de la nacional.

Uno de los “grandes objetivos” del nuevo reglamento es fortalecer la implantación territorial del Partido Popular, al considerar que el elevado número de municipios es una seña de identidad de Castilla y León. En ese marco, apuesta la ponencia por la descentralización de las estructuras orgánicas e introduce la figura del coordinador local en pueblos que no pueden constituir Junta Local propia.

Asimismo, refuerza el papel de los alcaldes y concejales de los 2.248 municipios de la comunidad, recogiendo de manera expresa la obligación, en todos los ámbitos de representación institucional y acción política, de atender sus demandas y ser informados de cualquier iniciativa de interés local. “El PP de Castilla y León se define como un partido de alcaldes y concejales”, resumió.

Calidad democrática

Otra de las apuestas es mejorar y avanzar en la calidad democrática tanto en las instituciones como en todos los niveles de la organización. Así, se apuesta por la apertura del partido, con una mayor transparencia en la la información y en la participación tanto de los afiliados como del conjunto de la sociedad. Es por ello, que renueva su proyecto político para dar respuesta a la exigencia de mejora de la calidad democrática, a través de una mayor transparencia, participación y mecanismos de control.

Como partido abierto a la participación de afiliados y colectivos, la ponencia recoge en uno de sus artículos un responsable de participación, que será designado por el Comité Ejecutivo Autonómico con funciones de impulso de las políticas e instrumentos de participación, así como de incentivación de los afiliados.

En su introducción, define una comunidad en igualdad, una comunidad pujante y con oportunidades de futuro recoge como reto principal el desafío demográfico como una cuestión de estado y un asunto pendiente de la España constitucional-, un partido comprometido, una apuesta por la ejemplaridad y un reglamento innovador para un partido más abierto y participativo.