Herrera pide comparecer por la trama eólica evitando la comisión de investigación

El presidente saliente del PP autonómico, Juan Vicente Herrera. Foto: Rubén Cacho.

ileon.com/ical

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, va a solicitar comparecer, a petición propia, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes, para ofrecer explicaciones “lo antes posible” sobre las irregularidades detectadas por la Fiscalía Anticorrupción y que investiga un juzgado de Valladolid sobre el presunto cobro de comisiones por las autorizaciones concedidas a parques eólicos.

La portavoz de la Junta y consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, comunicó hoy la decisión del jefe del Ejecutivo autonómico en la comparecencia posterior a la reunión del Consejo de Gobierno y consideró que la reactivación de la Comisión de Investigación sobre este asunto y la compra del edificio de Arroyo de la Encomienda y los terrenos de Portillo es una cuestión que corresponde a los grupos parlamentarios y a los partidos políticos.

En ese sentido, Milagros Marcos aseguró que en este momento Herrera puede ofrecer la información de la que dispone sobre la causa que investiga el Juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid, en la que se encuentran investigadas 21 personas, dos de ellas exaltos cargos de la Administración autonómica, al considerar su titular que no ha habido perjuicio para la Hacienda de la Comunidad. Remarcó que en este momento, pese a no disponer de la querella, el presidente de la Junta se pone a disposición de la Comisión con competencias en asuntos de energía del parlamento autonómico.

La portavoz explicó que el presidente ha dado el paso de comparecer después de que la Junta ya no tenga que interpretar los términos de la querella de Anticorrupción, sino que cuente con el pronunciamiento de la titular del juzgado, que en los escritos sobre la personación particular sostiene que en los presuntos delitos de cohecho y prevariación no ha resultado perjudicada la Comunidad; en el de blanqueo de capitales, no se han visto afectados los intereses de la administración autonómica, y en el referido a la Hacienda Pública, argumenta que se refiere a la recaudación que ejerce el Estado.

Marcos remarcó que la juez hace un repaso “interesante” de la querella, que lamentó circula por los correos electrónicos, y explica los motivos por los que rechaza la personación particular de la Junta. “Si tenemos en cuenta los hechos narrados en la querella, no se vería afectado en principio la Hacienda de la Comunidad Autónoma, pues los hechos se refieren a la declaración de la Renta, tributos o actuaciones de ámbito estatal y no autonómico, y lo que determina la posible perturbación causada lo es en relación a la actividad recaudatoria del Estado y no de la Comunidad”, leyó la portavoz.

Colaboración

Asimismo, Marcos insistió en que el Ejecutivo autonómico ha conocido los hechos que se investigan a través de los medios de comunicación, ya que todavía no ha recibido respuesta de la Fiscalía Anticorrupción, ni tampoco el Juzgado de Valladolid ha admitido en dos ocasiones su personación como acusación particular. Mañana expira el plazo para que la Junta presente un recurso de reforma, algo que se está analizando desde el punto de vista jurídico, técnico y fiscal.

No obstante, la consejera destacó la juez permite a la Junta que si a lo largo del proceso pudiera determinarse algún perjuicio a la Comunidad pudiera ejercer la acusación particular. Además, aseguró que la defensa de los intereses públicos, que permite la acusación popular, corresponde al Ministerio Fiscal, un órgano con el que aseguró el Gobierno autonómico seguirá colaborando. Por ello, se estudia esta alternativa sugerida por la juez y mañana se adoptará una decisión.

En cualquier caso, Marcos remarcó que la Junta no pretende inmiscuirse en el trabajo de la Fiscalía, ni retrasar el procedimiento por un aumento de los litigantes. Por el contrario, remarco que defienden que el proceso sea lo “más ágil posible”. “La colaboración va a ser absoluta con la Fiscalía”, apostilló. De esta forma, insistió en que la acusación popular no permite solicitar el resarcimiento de un daño producido y solo seguir, como “invitados”, el procedimiento.

“Pensamos que el Ministerio Fiscal tiene capacidad suficiente y, no se puede dudar de ello, y que no apoyaría, ni contribuiría a aclarar las cuestiones que queremos que se diriman cuanto antes” en sede judicial. Además, recordó que el segundo escrito se redactó en los mismos términos que el presentado por la Abogacía del Estado, que recalcó sí podrá ejercer la acusación particular.

De la misma forma, Marcos confió en que se resuelva cuanto antes otro asunto presuntamente irregular referida a la energía eólica y que afecta a la provincia de Zamora. En este caso, que se sigue desde hace una década, el Ejecutivo tampoco ejerce la acusación particular. Además, la portavoz matizó que no existe ningún alto cargo investigado, aunque algunos han sido citados a declarar como testigos.

Proceso administrativo

La consejera recalcó que el procedimiento judicial indica hasta la fecha que el proceso administrativo de los parques eólicos es “correcto” y que de los presupuestos de la Comunidad “no ha salido ni un euro” para este asunto. “Ahora lo dice la juez”, destacó Milagros Marcos, quien aseguró que la Junta ha insistido en personarse por si hubiera existido perjuicio para la Comunidad. Además, con independencia de la querella, sostuvo que el presidente va a solicitar comparecer ante las Cortes.

Al respecto, Marcos aseguró que Herrera dará explicaciones en el órgano que “entiende” de los asuntos referidos de economía, como -dijo- ella lo hace ante la de Agricultura y Ganadería, en relación a la demanda de algunos grupos de la oposición que había pedido que compareciera ante el pleno. Finalmente, sobre las palabras del nuevo presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, aseguró que la reactivación de la conocida como comisión de las eólicas, es algo que forma parte de las decisiones de los partidos.

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