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PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO 2018

El Gobierno recorta los fondos del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón hasta los 295,69 millones

Se trata de un 7,5 por ciento menos que lo previsto el año pasado, cuando se alcanzaron casi 320 millones de euros.

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Mina a cielo abierto en Laciana. Filón Verde
Ical | 03/04/2018 - 14:39h.

El Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras contará este año con unos recursos de 295,69 millones de euros, lo que supone un 7,5 por ciento menos que lo previsto en los presupuestos del año pasado, cuando la partida económica se incrementó hasta los 319,81 millones, tal y como se recoge en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado presentado hoy en el Congreso de los Diputados.

De esta forma, y entro del sector de la minería, ocupa un lugar central la reestructuración de la minería del carbón, que se lleva a cabo a través del Marco de Actuación para la Minería del Carbón y las Comarcas Mineras en el período 2013-2018, elaborado de acuerdo con la normativa comunitaria, en el que se establece el cierre de las unidades de producción no competitivas y se contemplan ayudas laborales, mediante bajas indemnizadas de carácter voluntario y prejubilaciones, ayudas a los costes de explotación de las empresas en proceso de cierre, así como ayudas para el desarrollo alternativo de las comarcas mineras mediante la financiación de proyectos de infraestructuras y de restauración medioambiental y proyectos empresariales generadores de empleo.

Por otra parte, en el ejercicio 2018 se han consignado dotaciones para financiar un sistema de ayudas a las entidades locales de comarcas mineras afectadas por el cierre de explotaciones no energéticas cuya actividad económica esté vinculada especialmente a esa actividad. Estas ayudas serán de 50 millones de euros para apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible, y estarán dirigidas a fomentar la restauración de territorios degradados como consecuencia del cese de la actividad extractiva, y a facilitar su recuperación y la creación de empleo alternativo.

El Consejo de Seguridad Nuclear ejercerá sus funciones de reglamentación, autorización e inspección y control sobre las instalaciones, consiguiendo que sean operadas por sus titulares de forma segura, y estableciendo las medidas de prevención y corrección frente a emergencias radiológicas, cualquiera que sea su origen. Para ello, el Consejo cuenta en 2018 con un presupuesto dentro de esta política de 47 millones de euros.

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