Castilla y León se dota de la primera Ley en España con el objetivo de alcanzar la 'pobreza cero'

Rubén Cacho / ICAL Votaciones del Pleno de las Cortes de Castilla y León.

Ical

Castilla y León contará con la primera Ley en España para blindar a las personas en mayor situación de vulnerabilidad y trabajar por alcanzar la pobreza cero en Castilla y León. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, puso de relieve que el texto de esta norma permitirá avazar en la integración de los programas de la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica, y “optimizar” la acción de los agentes, públicos y privados, flexibilizando la organización, favoreciendo el acceso a los recursos y generando “nuevas respuestas” adaptadas a las nuevas demandas.

Por eso, esta Ley supondrá “un punto de inflexión” en la forma de actuar contra la pobreza y la exclusión para conseguir el objetivo final que es el de alcanzar la pobreza cero en Castilla y León. Los Grupos Parlamentarios en las Cortes respaldaron esta tarde por unanimidad la aprobación de esta norma, que permitirá dotar de “carácter estable” a esta herramienta, que de esta manera se desvinculará de su aplicación en la situación de crisis económica en la que fue creada.

La consejera de Familia y Medio Ambiente, Alicia García puso de relieve el carácter “innovador” del proyecto de ley, y que defendió que ha sido elaborado “desde el conocimiento, la experiencia y la cercanía con las personas vulnerables” para dar forma a un nuevo sistema de protección social “para luchar contra la exclusión social en Castilla y León”.

Según Alicia García, se trata de un sistema “pionero” en España que está sustentado en derechos “y no en el asistencialismo”, y que asume un modelo de trabajo “coordinado y en red” de los diferentes agentes y que no solo satisface las necesidades básicas de las personas, sino que “va más allá” y busca “una salida a la exclusión a través fundamentalmente del empleo”.

La consejera puso de relieve el buen funcionamiento de este sistema, que recordó que ha atendido a 190.000 personas el año pasado con un presupuesto de 190 millones de euros, y que este año prevé atender a unas 200.000 personas gracias a una cuantía presupuestaria de 207 millones de euros. A partir de los buenos resultados obtenidos, que han permitido hacer de Castilla y León la Comunidad con la menor tasa de hogares con carencia material severa, y la segunda con menor tasa de niños en hogares con privación material severa, se pretende dar “un paso más” y seguir profundizando en el método de trabajo en red aplicado hasta ahora “para llegar a más personas, llegar mejor, llegar a todos los lugares y llegar antes”, explicó.

Con la aprobación de esta tarde en las Cortes, se dará “un carácter estable” a la Red de Protección a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad de la Comunidad ya que se conseguirá que la red sea “un instrumento permanente” y que preste atención de manera “ordinaria y habitual”, de forma que no intervendrá tan solo en momentos de crisis, sino que se convertirá en “la forma habitual de atención”.

Además, y con el objetivo de llegar a más personas, crea cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito social, ya que pasa a considerar prestaciones esenciales, y por lo tanto, estarán “públicamente garantizados” el servicio integral de apoyo a las familias en riesgo de desahucio por deuda hipotecaria; le prestación económica frente a situaciones de deuda hipotecaria; la prestación económica para el alquiler de vivienda habitual o el servicio de provisión inmediata de alimentación.

De la misma manera, suma once nuevos recursos a los ya incluidos en la Red, para así garantizar el acceso “prioritario” a las personas más vulnerables, incluyendo además de los servicios sociales, los de empleo y vivienda destinados a estas personas. Estos recursos se engloban en un ámbito de protecció y atención a necesidades básicas de subsistencia; recursos de atención con acceso prioritario; y recursos para la inclusión social y laboral. Igualmente, la Red amplía su apoyo y atención, ya que también prestará atención a las personas que se encuentran en situación de desamparo personal, como es el caso de las víctimas de violencia de género, los menores desprotegidos o los mayores incapacitados.

Respaldo de la Cámara

Los diferentes grupos parlamentarios respaldaron el texto de esta norma y entendieron que, a pesar de que fueran rechazadas algunas de las enmiendas presentadas, es una buena ley que permitirá mejorar la asistencia a las personas más vulnerables de la Comunidad. Desde el Grupo Parlamentario Socialista, la procuradora Ana Muñoz de la Peña estimó que “es una buena ley” y expresó su satisfacció por que se convierta en “permanente”.

Los socialistas incluyeron en la norma dos terceras partes de las 50 enmiendas presentadas y entendieron que se diluye el carácter “asistencialista” y sea una ley “más inclusiva”, aunque pidió que el Mapa de Recursos de la Red se elabore “cuando antes” en el plazo de tres meses, y avanzó que se recurrirá “a otras vías” porque no se renuncia al contenido de las enmiendas que no fueron aceptadas por entender que son “beneficiosas” para los ciudadanos de la Comunidad.

Desde el Grupo Parlamentario Podemos, la procuradora Laura Domínguez consideró que se aceptaron las enmiendas que contenían los aspectos “fundamentales” presentados por la formación morada, como la petición de una mayor transparencia en la gestión, las prestaciones a aquellas familias que tienen un miembro fuera de la Comunidad o el hecho de que el voluntariado “nunca” pueda ser sustitutivo de los servicios públicos.

Domínguez recordó a los 'populares' que el modelo de Podemos sigue siendo “opuesto” al suyo y expresó su preferencia de que hubiera sido una ley en la que primara un modelo público “más eficiente, corodinado, ordenado y transparente” y recordó que la situación de exclusión social “no es la de antes de la crisis”.

El procurador del Grupo Mixto, José Sarrión (IU-Equo) recordó también las enmiendas presentadas en tres bloques: la sustitución del IPREM por el Salario Mínimo Interprofesional; garantizar la prestación de los servicios sociales que se dan desde el ámbito de lo público; y convenios con las diferentes asociaciones del sector, como Stop Desahucios.

Por último, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que no presentó enmiendas, el procurador David Castaño evidenció la “necesidad e importancia” de cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos, lo que constituye “solidaridad en su forma más amplia” y una herramienta para conseguir la igualdad de oportunidades. “Leyes como esta nos afianza como una sociedad más solidaria y más justa”, concluyó.

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