Ponferrada reclama que se subvencione la “quema limpia” de carbón para mantener la actividad en las térmicas

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, durante su reunión con los representantes de la plataforma de empresas auxiliares de Compostilla

D. Álvarez / Ical

La alcaldesa de Ponferrada, Gloria Fernández Merayo, reclamó este martes que el Gobierno ponga en marcha subenciones a la “quema limpia” de carbón con el objetivo de mantener la actividad en las centrales térmicas. Tras reunirse con los representantes de la plataforma de auxiliares de Compostilla, la regidora exigió que se dote al sector de un plan social similar al acuerdo marco del carbón firmado hace escasos días.

La regidora mostró el “apoyo total” del Consistorio a las demandas de la plataforma, que representa a más de 180 empleados de labores como la limpieza o el mantenimiento en la central. “Nos negamos a que cierre Compostilla, el Bierzo no se puede permitir la pérdida de puestos de trabajo”, señaló Fernández Merayo, que calificó la situación de “tragedia para muchas familias”.

En ese sentido, apostó por “pedir tiempo” al Gobierno recuperando la modificación de ley que el Congreso no admitió a trámite hace tres meses y que pretendía evitar que las eléctricas pudiesen decidir de manera unilateral sobre el cierre de una de estas instalaciones. Al respecto, consideró que “aún se está a tiempo” de aprobar esa iniciativa e instó a PSOE, Podemos y Ciudadanos a reconsiderar su posición.

“No se puede pretender desmantelar en un mes”, resumió la alcaldesa, que comparó la inversión necesaria para la viabilidad de la central berciana, 200 millones de euros, con el dinero destiando al rescate de las autovías radiales, que asciende a más de 3.000 millones. “¿Por qué no se puede apostar por un sector estratégico que asegura la viabilidad económica de toda una zona?”, se preguntó Fernández Merayo, que recalcó el papel que puede jugar Ciuden en la búsqueda de maneras más limpias para seguir produciendo energía a base de carbón.

Por su parte, el portavoz de la plataforma, Alonso Roa, explicó que las alternativas que se ofrecen a los trabajadores, la mitad de ellos con edades superiores a los 55 años, son recolocaciones o indemnizaciones de 20 días por año trabajado. “Se nos acaba el tiempo, cuando cese la actividad estamos fuera”, aseguró Roa, que pidió a Enel, la multinacional italiana que ejerce la mayoría en el consejo de administración de Endesa, que “se implique en la zona”. “Si se cierra la central, no queremos ayudas sólo para nosotros, queremos ayudas para la comarca”, sentenció.

Tras reunirse el viernes con Antonio Cuellas, alcalde de Cubillos del Sil, municipio en el que se ubica la central, y hacer lo propio hoy con la regidora de la capital comarcal, los representantes de la plataforma se reunirán mañana en Villablino con la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo.

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