Las comparecencias por la comisión 'Enredadera' de León comenzarán el 19 de diciembre
La comisión 'de investigación' sobre la trama Enredadera en el Ayuntamiento de León tendrá continuidad este próximo martes, 11 de diciembre, tras el aplazamiento que se había producido a finales de noviembre por causas de fuerza mayor.
La nueva sesión tendrá lugar para aprobar la lista de comparecientes que Partido Popular y Ciudadanos consensúen, ante la ausencia del resto de grupos municipales al boicotear la comisión al considerarla un “paripé”. Las primera comparecencias tendrán lugar, por tanto, el miércoles 19 de diciembre.
En esta reunión se tendrá que especificar, también, los primeros nombres llamados a declarar dentro de esta investigación acotada a los 20 expedientes de contratación que la UDEF de la Policía Nacional se llevó del consistorio en sus registros del pasado 3 de julio.
La idea original de la comisión era haber ya iniciado las comparecencias a principios de diciembre y finalizarlas a finales de febrero para la exposición de conclusiones en marzo, por lo que el calendario podría sufrir ligeras modificaciones. Sólo las comparecencias de los políticos serán públicas, con los medios de comunicación como invitados, y las de los empleados públicos llamados dependerá de su decisión personal sobre si serán abiertas a los medios o secretas.
Además del boicot de toda la oposición a la comisión en las últimas semanas se ha conocido que un funcionario investigado en la trama, el arquitecto Miguel Martínez Puente, pidió a la justicia que impida la comisión alegando “una injerencia en las competencias que los Jueces y Tribunales tienen atribuidos”, al entender que tiene los mismos objetivos que la investigación penal en la que se encuentra inmerso junto al exconcejal José María López Benito y el ingeniero municipal Javier Herrero, además de otros cinco implicados. El juez todavía no se ha pronunciado sobre esta petición.
Cabe recordar que ninguno de lo comparecientes que sean llamados, tanto políticos como empresarios o empleados públicos, tiene obligación de acudir. De hecho uno de los argumentos para pedir su suspensión judicial era que en la pieza que investiga en León presuntos chanchullos de contratación en el Ayuntamiento y una de sus mancomunidades es que ninguno de lo investigados ha dado explicaciones a la justicia, debido al aplazamiento de sus declaraciones previstas para el mes de septiembre.
