Suárez-Quiñones será el cabeza de lista a las Cortes autonómicas por el PP de León
Con poco margen para la sorpresa, el Partido Popular leonés acaba de desentrañar los primeros nombres de su lista para concurrir a las Cortes de Castilla y León por la provincia leonesa de cara a las próximas elecciones autonómicas del 26 de mayo. En concreto ha situado a la cabeza de la lista en sustitución de Antonio Silván al más alto cargo actual en Valladolid, el consejero de Fomento, Medio Ambiente, Agricultura y Ganadería, el juez en excedencia Juan Carlos Suárez-Quiñones.
La número dos sería Amparo Vidal, exconcejala del PP en el Ayuntamiento de Ponferrada que dimitió entre críticas a la alcaldesa del PP hace casi un año como responsable de Personal y Hacienda, y el número tres se reservaría para el abogado y actual miembro de la Dirección provincial, Ricardo Gavilanes, muy de la cuerda de Alfonso Fernández Mañueco, que aspira a presidir la Junta.
Puestos copados por el mundo judicial
En el cuarto puesto aparecería otra abogada con despacho en León capital, Smara Morala, y relegado al quinto puesto quedaría el hoy aún concejal de Hacienda de Silván en el Ayuntamiento de León, Agustín Rajoy.
De no moverse esta lista de aquí al próximo lunes 22, se confirmará que el PP en estas elecciones al Parlamento autonómico ha apostado por personas de perfil plenamente relacionados con la Justicia, ya que al juez que la encabeza le siguen tres abogados, tanto de León como de Ponferrada.
Enredado en “Yo soy la Administración”
En la actualidad, el PP sienta a cinco procuradores en el Parlamento autonómico, encabezados por el propio Silván, que como candidato a la Alcaldía leonesa no repetiría, como no lo hará ninguno de los actuales procuradores. Sin embargo, a priori las encuestas le otorgan a los populares sólo cuatro escaños, con lo que, de confirmarse, Rajoy quedaría fuera.
Suárez-Quiñones termina ahora un mandato, el primero en Valladolid, algo más que movido y polémico. Acaso su nombre sea a día de hoy más recordado por la famosa frase “Yo soy la administración” que le espetó el empresario leonés José Luis Ulibarri en una de las más llamativas grabaciones policiales por orden judicial en plena operación anticorrupción Enredadera, cuando le ofreció a dedo por valor de 2,1 millones de euros tras la quiebra de otra empresa que se había alzado con aquel contrato. El consejero, según se supo después, no llamó a ninguna de las 99 empresas que sí habían presentado oferta al contrato inicial.
Eso sí, el consejero leonés, al contrario que el alcalde Silván, también 'pinchado' chivando a Ulibarri el transcurso de un contrato público, dio cumplidas y reiteradas explicaciones oficiales y ante los medios, disgustado por verse puesto entredicho por “esta vorágine de conversaciones grabadas”, afeando que “parece que todo vale y todo es lo mismo”, algo que él siempre ha negado. “Hay quien ha dicho que eso es ceder información privilegiada, y eso es falso”, aseguró ya en su voluntaria comparecencia en las Cortes de Castilla y León.
El breve fin de la caza... que dura para el lobo
Además, en el presenta mandato, la Consejería que dirige el hombre de plena confianza del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha protagonizado muy diversos y agrias polémicas, la más reciente de las cuales, y quizá de más repercusión nacional, por la decisión del TJS de Castilla y León de paralizar la caza en Castilla y León por encontrar abundantes irregularidades en la tramitación del decreto que la regulaba. Quiñones tuvo que bordear esta decisión impulsado en las Cortes in extremis una reforma de la Ley de Caza.
No se trató de una estrategia nueva en su Consejería. Fueron hasta tres las sentencias, dos del TSJ y otra irrefutable del Tribunal Supremo, las que frenaron otro aspecto muy polémico de este mandato: la caza del lobo en la Comunidad, igualmente por defectos sistemáticos en la tramitación de una actividad prohibida al sur del Duero y muy regulada al norte, incluyendo León. Aunque intentó durante meses sortear todas esas sentencias, finalmente tuvo que resignarse a paralizar la caza de esta especie, algo que continúa vigente a día de hoy a pesar de las presiones de cazadores y ganaderos.
A día de hoy, aún pesa sobre él la reciente admisión a trámite por parte de la Fiscalía de una denuncia de una organización defensora del lobo por insistir en sus batidas.
Chapuzas eólicas de años atrás
También en estos cuatro años han continuado, como antes de su llegada, un rosario de sentencias anulatorias de la inmensa mayoría de los parques eólicos de la provincia de León y otros puntos de la Comunidad. Y también en este caso, al juez tuvo que 'pararle los pies' la judicatura cuando pretendió, a pesar de numerosas condenas, legalizar los parques eólicos modificando a toro pasado las Declaraciones de Impacto Ambiental.
En medio de infinidad de polémicas
El apoyo sistemático al proyecto de incineración de residuos en la planta cementera de Cosmos en Toral de los Vados (Bierzo), que la plataforma Bierzo Aire Limpio critica con dureza y también ha denunciado; o el paulatino incremento de la nefasta incidencia de los incendios forestales que se ceban con el oeste de la Comunidad, León y Zamora por encima de todo; o el pago de hasta 1,2 millones de euros públicos de su consejería al Obispado leonés para el Museo Diocesano y de Semana Santa de León; su apoyo a los contestados proyectos de macroplantas energéticas de quema de biomasa en Ponferrada o Navatejera (Villaquilambre); o la falta de reivindicación para el impulso de la Plataforma Logística de Torneros dentro del Corredor Atlántico redondean la lista de las polémicas que ha atesorado Suárez-Quiñones en estos últimos cuatro años como gobernante en la Junta en Valladolid.
