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Elecciones Municipales 26M

Una decena de candidatos a alcalde en la provincia de León están imputados judicialmente

Al menos diez cabezas de lista de la provincia llegan al 26M con serias cuentas pendientes con la Justicia, bajo graves acusaciones e imputaciones de tipo penal. En el mandato marcado por la presunta corrupción destapada por la Operación Enredadera, y sin haberse juzgado a los acusados de la Operación Púnica, el PP vuelve a llevarse la palma, seguido de cerca por el PSOE. Y al menos tres candidaturas independientes provienen de sendas expulsiones de las dos siglas por casos de presunta corrupción.

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Montaje de los candidatos que aspiran a ser alcaldes en municipios de la provincia de León sobre los que pesa alguna imputación judicial.
A. Vega | 24/05/2019 - 08:40h.

Un mandato más, nuevamente otras elecciones municipales, existen en la provincia leonesa no pocos casos de candidatos de partidos políticos que aspiran a conseguir en las urnas ser alcaldes de sus respectivos municipios al tiempo que permanecen con la espada de Damocles de la Justicia sobre sus cabezas.

Son los candidatos imputados (actualmente denominados en términos jurídicos "investigados"), o con muy serios problemas judiciales aún pendientes, que también en estos comicios de 2019 han decidido ser aún así cabezas de lista y pedir la confianza de sus vecinos para ostentar el bastón de mando. Sobre el papel, y aún prevaleciendo la presunción de inocencia, aquellos que se mantienen en la disciplina de sus respectivos partidos políticos deberían haber sido 'apartados' para que nadie en León pida un voto teniendo aún serias causas pendientes con la Justicia. Pero el grado de cumplimiento en este sentido vuelve a observar muchas excepciones.

Por eso, de la lista actualizada destaca que cuatro de los candidatos a alcalde pertenezcan al Partido Popular (PP), tres de ellos al Partido Socialista (PSOE) y otros tres concurren como independientes provenientes, por expulsión, dos de ellos de las filas populares y otro de las socialistas.

El mandato político que concluye ha pivotado en León por encima de todos sobre un caso de presunta corrupción: el que estalló en julio de 2018 bajo el nombre de 'Operación Enredadera', condicionando de una manera muy relevante a decenas de ayuntamientos de toda España y cinco de la provincia. No fueron cinco cualquiera sino algunos de los más grandes, como es el caso del Ayuntamiento de León, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Astorga. A la lista se sumó el de Villarejo de Órbigo.

Carlos S. Campillo / ICAL Miembros de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, registran el ayuntamiento de León
Miembros de la UDEF del Cuerpo Nacional de Policía, registran el Ayuntamiento de León por orden judicial dentro de la Operación Enredadera. / Carlos S. Campillo / ICAL

Al cabo de varias semanas, el 'tsunami' Enredadera cambió por completo el panorama de casi todos ellos. En León dimitió un hombre fuerte del alcalde Antonio Silván, el veterano concejal José María López Benito, para así evitar que prosperara una moción de censura que podría haber descabalgado al PP del poder municipal. Menos suerte tuvo el de Villaquilambre, Manuel García, detenido en un primer momento y aunque hoy no imputado, al que una censura socialista apoyada por numerosos grupos le arrebató el bastón.

En San Andrés del Rabanedo, descabezada quedó la Alcaldía que mantenía María Eugenia Gancedo (PSOE), junto a otros concejales de su equipo de Gobierno, y descabezado también Ciudadanos al ser detenido e imputado igualmente su portavoz hasta entonces, y todavía diputado provincial ya fuera de la formación naranja, Juan Carlos Fernández. El edil leonesista del PAL que sustentaba el Gobierno municipal y también implicado en su momento, Francisco Gómez, y que tampoco figura ya en las nuevas listas.

La Enredadera causó una 'poda' política en el PP de Astorga, abocando a la expulsión del partido al todavía hoy alcalde, Arsenio García, y dos ediles, al igual que a su socio de Gobierno, también del PAL, Pablo Peyuca. Ninguno de ellos aparecen nuevamente en listas. Sí lo hace Joaquín Llamas, el alcalde de Villarejo de Órbigo (entonces del PSOE), que ser apartado de esta formación ha formalizado una candidatura independiente llamada VIA para intentar repetir como regidor.

Decenas de vecinos de Cuadros arroparon a su ex alcalde. / Carlos S. Campillo / ICAL
Decenas de vecinos de Cuadros arropando en 2015 a su alcalde tras salir de prisión bajo fianza e imputado por la Audiencia Nacional. / Carlos S. Campillo / ICAL

Pero si Enredadera condicionó este mandato que ya expira, igual lo hizo en el anterior la Operación Púnica, igualmente contra una trama presuntamente corrupta en toda España que acabó con la detención fulminante e imputación por seis graves delitos penales contra el entonces presidente de la Diputación y alcalde de Cuadros por el PP, Marcos Martínez Barazón.

Tantos años después, aquellas imputaciones de la Audiencia Nacional siguen vigentes contra él, igual que contra el entonces alcalde también del PP en Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, que sigue dirigiendo el Consistorio de la montaña leonesa en el que se enclava la estación de esquí de San Isidro.

Sobre ambos alcaldes aún pesan, cuatro años después, los mismos delitos, todavía lejos de juzgarse. Pero ambos repiten en sus respectivas listas electorales: Martínez Barazón volverá a concurrir por la Agrupación Independiente de Cuadros (AIC) y el otro lo hará por la Agrupación Independiente de Puebla de Lillo (AIPL).

Por orden de importancia, en virtud del número de habitantes, hay dos ayuntamientos bercianos cuyos actuales alcaldes están en aputos judiciale a día de hoy, y a pesar de todo han sido admitidos por sus respectivos partidos como aspirantes a sus Alcaldías: en Bembibre, José Manuel Otero por el PP; y en Fabero, María Paz Martínez por el PSOE.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, junto al alcalde de Bembibre, José Manuel Otero. / César Sánchez / ICAL
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez Quiñones, junto al alcalde de Bembibre, el imputado José Manuel Otero. / César Sánchez / ICAL

El primero se enfrenta a un presunto delito de prevaricación por incumplir sentencias firmes referentes a la concesión de las piscinas y la residencia a la empresa Clece. La alcaldesa faberense también tiene prendiente enfrentarse a una presunta prevaricación por la contratación temporal con una subvención de la Junta de varias personas, entre ellas la hermana del anterior alcalde socialista, Demetrio Alfonso Canedo, familiar a su vez del actual secretario provincial del PSOE de León, Javier Alfonso Cendón.

Siguiendo en la comarca del Bierzo aparecen otros dos casos. Por un lado, afecta al alcalde del PSOE y de nuevo candidato en Berlanga del Bierzo, César Álvarez, al que investiga en calidad de imputado la sección tercera de la Audiencia Provincial de León por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos al observar indicios de que pudo haber aprovechado su condición de alcalde para cobrar durante seis años pagos en calidad de desplazamientos con "un kilometraje muy superior al que podían requerir las funciones propias de su cargo". No es primer precedente de este regidor.

El otro caso se refiere al regidor de Castropodame, Alfonso Pérez, el cual pretende volver a gobernar bajo las siglas del PP, y del que se acaba de saber hace escasas fechas que habrá de declararar como investigado en septiembre de este año por un presunto delito de injurias y calumnias al portavoz socialista en el Consistorio, al que tildó de "acosador y prevaricador", amén de colgar de las redes sociales un vídeo acusador contra él que el juez ha ordenado retirar en 24 horas.

El PP tiene otra espinita en el Ayuntamiento de Gradefes. Su actual regidor, Amador Aller, fue confirmado por el partido para repetir en este puesto a pesar de pesar sobre él una imputación formal por un presunto delito de prevaricación administrativa al negar una licencia de cerramiento e intentar recuperar un supuesto paso público.

Más al sur de la geografía provincial, en el municipio de Fresno de la Vega, está pendiente de sentarse en el banquillo de los acusados el alcalde del PSOE, Antonio Lozano, a pesar de lo cual repite nuevamente este domingo como cabeza de cartel a su municipio. Pesa sobre él un presunto delito de estafa por la posible falsificación de una tarjeta de un coto de caza en un municipio vecino al que acudió a cazar el pasado año 2018.

La lista de alcaldes y aspirantes a repetir se cierra en la provincia con el de Prioro, José 'Ché' Escanciano (PP), contra el que en plena campaña la Audiencia Provincial de León ha ordenado celebrar un juicio por una presunta agresión a una mujer que habría ocurrido en marzo de 2016. Una decisión que el presidente provincial popular, Juan Martínez Majo, consideró intempestiva, porque con las elecciones ya convocadas no les daba opción a buscar un candidato alternativo en este municipio de la montaña.

Ya sin imputación formal, pero no por ello libres de aprietos judiciales, aparecen en la lista otros alcaldes a mayores, todos ellos del Partido Popular. En este caso, el aprieto consiste en una muy reciente petición de la Fiscalía de León de investigar presuntos delitos de prevaricación y malversación contra nueve diputados y exdiputados provinciales, todos ellos del Partido Popular, en la rescisión de un contrato de ayuda a domicilio en 2013 en la Diputación leonesa que supuso un sobrecoste millonario a las arcas públicas.

Antonio Lozano, alcalde de Fresno de la Vega, junto al presidente de la Diputación y el subdelegado del Gobierno. / Peio García / ICAL
Antonio Lozano, alcalde de Fresno de la Vega, junto al presidente de la Diputación y el subdelegado del Gobierno. / Peio García / ICAL

Los casos más comprometidos a corto plazo son los de los aún actuales de Carracedo, Raúl Valcarce (PP), Valdelugueros, Emilio Orejas (PP) y Vegaquemada, Isabel Fresno (PP). Todos ellos vuelven a encabezar sus respectivas listas electorales de cara a este 26M, como también ocurre con Miguel Ángel del Egido Llanes (PP), que aspira a recuperar la Alcaldía perdida en manos de UPL el pasado mandato.

Mención aparte merece el ya mencionado, a causa de la Operación Púnica, alcalde de Cuadros, el independiente y exPP Marcos Martínjez Barazón, que con las sospechas de presunto delito que aprecia la fiscal leonesa, si se determinara finalmente una hipotética imputación, sumaría nuevos presuntos delitos a sus espaldas. Llama la atención que tanto él como Orejas ostentaron algunos meses la Presidencia de la Diputación tras el asesinato de Isabel Carrasco.

Este es el recuento de los imputados judiciales que a pesar de su situación procesal le piden el voto domingo 26 de mayo a sus vecinos para ser alcalde. Se trata de una lista que sería mucho más profusa si fuera factible ampliarla a los miembros de todas y cada una de las listas de todos los partidos y en los 211 municipios leoneses o en las más de 1.200 juntas vecinales, una labor a todas luces imposible.

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