Mañueco (PP) acepta, con importantes matices, las condiciones de Ciudadanos para gobernar la Junta
El Partido Popular de Castilla y León, liderado por el candidato a la Junta Alfonso Fernández Mañueco, aseguró hoy en rueda de prensa que acepta la extensión de la limitación de mandatos de ocho años a todos los altos cargos de la Administración autonómica y asume, como partido, el mismo requisito en los acuerdos que sean necesarios para la gobernabilidad en esta legislatura de los ayuntamientos, aunque reconoce que existe una autonomía local.
Ese fue uno de los matices importantes de Mañueco a la imposición del candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, de esa limitación de ocho años como parte esencial de lo que considera una “regeneración” innegociable para decidir si acuerda o no pactar la Presidencia de la Junta de Castilla y León para los próximos cuatro años.
En una rueda de prensa, el líder 'popular' autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, expresó su disposición a avanzar en los próximos días en un acuerdo de gobernabilidad para Castilla y León tras las elecciones del pasado 26 de mayo.
Fernández Mañueco intentó eludir las preguntas sobre esa exigencia en concreto y se negó a “hablar de personas” y nombres concretos afectados por esa medida regeneradora que impone el partido de Albert Rivera. Para pactar un acuerdo de gobierno con Ciudadanos en los ayuntamientos de Palencia y de Burgos tanto Alfonso Polanco como Javier Lacalle tendrían que renunciar al bastón de mando.
Aún así, el presidente del PP de Castilla y León ha explicado que las administraciones locales tienen “su propia autonomía” y que las limitaciones de mandatos sólo podrían imponerse por ley desde la Administración General del Estado y a través del Congreso de los Diputados, por lo que insistió en circunscribir los vetos a acuerdos de gobierno, informa Eldiario.es/cyl.
Silencio sobre Silván y Suárez-Quiñones
Tampoco quiso pronunciarse Fernández Mañueco sobre el futuro del consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el del alcalde en funciones de León, Antonio Silván. Ambos aparecen en los pinchazos policiales de la Operación Enredadera, en la que según el juez y la Fiscalía, el empresario de la construcción y los medios, José Luis Ulibarri, amañaba concursos públicos presionando y extorsionando a políticos.
Cabe recordar que Suárez-Quiñones tuvo una conversación con Ulibarri en la que le ofreció una obra de más de dos millones de euros sin concurso, con la frase “yo soy la administración”.
En el caso de Silván, la Policía grabó cómo en una llamada informaba al empresario del desarrollo de una mesa de adjudicación en la que iba perdiendo. “Que lo arreglen”, se oye ordenar a Ulibarri. Igea quiere que el PP se comprometa a no llevar a ninguno de los dos en su equipo de gobierno. Fernández Mañueco tan sólo remarca que han aceptado las medidas de regeneración del “decálogo” y que se presentaron “en la primera reunión de la mesa de negociación”, si bien precisó que “hace unos días” que no habla con Francisco Igea.
Sobre conversaciones con afectados por el veto de Igea, el presidente regional del PP reconoció que ha hablado “con muchas personas en las últimas semanas”. Tampoco quiso determinar qué pasaría en las diputaciones, donde Ciudadanos también exige la limitación de mandatos que dejarían fuera al actual presidente de instituciones provinciales de Salamanca y Valladolid, César Rico y Jesús Julio Carnero. Fernández Mañueco aseguró que esperaban seguir avanzando en las negociaciones.
“El Partido Socialista está muy nervioso”
Además consideró que “en el partido socialista están muy nerviosos”, porque después de “abrazar la radicalidad, la subida de impuestos y el sanchismo creían que se iba a olvidar” por lo que “pretenden enturbiar estas negociaciones buscando falsas denuncias e intentando generar ruido mediático”.
Fernández Mañueco se refirió a la denuncia que investiga un juzgado salmantino por presunta financiación ilegal de la primarias que él ganó en 2017, y a una información periodística que lo vincula a él y a parte de su equipo negociador en la falsificación de firmas de afiliados. Fernández Mañueco se reafirmó en un comunicado remitido ayer en el que advierte de acciones legales penales por injurias. “He dado traslado de lo ocurrido a mi abogado y él decidirá”, afirmó.
