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CONSEJO DE GOBIERNO

El Gobierno de Castilla y León aprueba el proyecto de ley para reducir al mínimo el impuesto de sucesiones

Según los cálculos de la Junta de Castilla y León más de 5.000 personas dejarán de pagar por sucesiones y donaciones de familiares con un coste de 17 millones en 2020. En 2020 se dejarán de recaudar 34,6 millones de euros.

Cementerio de León
ICAL | 26/12/2019 - 16:38h.

Más de 5.000 personas podrían beneficiarse de los cambios, a través de dos nuevas bonificaciones, que introducirá la Junta de Castilla y León en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos y que recoge el anteproyecto de ley, aprobado por el Consejo de Gobierno, el último de este año. El coste en 2020 de esta medida fiscal será de 17,4 millones y de 34,6 millones en 2021, cuando se aplicará en todo el ejercicio.

El vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, explicó en la comparecencia posterior a la reunión del Gobierno los detalles de esta modificación fiscal, que pretende evitar la "doble imposición" que supone a su juicio el Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Además, destacó que los 5.000 beneficiarios iniciales podrían llegar a los 15.000, si crecen las mismas al no estar gravadas, puesto que la bonificación actual estaba limitada a los 400.000 euros.

La nueva ley, que deberá tramitarse y aprobarse en las Cortes, pretende establecer, según la Junta, un sistema fiscal "favorable" entre familiares directos ya que supondrá la "práctica eliminación" del impuesto en estos casos, al reducir al 99 por ciento el coste fiscal al que se encuentran sometidas las adquisiciones de bienes y derechos por herencia o donación entre familiares directos, cónyuge, descendientes y ascendientes.

De esta forma, se pretende que en las transmisiones lucrativas mortis causa, el patrimonio transmitido a familiares directos no sea objeto de una nueva imposición. En el caso concreto de las transmisiones lucrativas inter vivos, el objetivo es favorecer la transmisión anticipada en el tiempo de bienes y derechos entre familiares directos permitiendo que la ayuda económica llegue en vida a las familias, sin tener que esperar al momento del fallecimiento.

En ambos casos, según la Junta, se facilita el relevo intergeneracional de empresas y negocios, así como el emprendimiento, sin que el pago del impuesto sea una traba a ello.

Novedades

El proyecto de ley introduce dos nuevas bonificaciones en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por un lado, contempla una bonificación del 99 por 100 en la cuota de las adquisiciones lucrativas mortis causa y de cantidades percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto de los bienes y derechos que forman parte de la herencia, cuando los adquirentes del causante sean el cónyuge, los descendientes o adoptados o los ascendientes o adoptantes

Por otra lado, establece una bonificación del 99 por 100 en la cuota de las adquisiciones lucrativas inter vivos cuando el donatario sea cónyuge, descendiente o adoptado, o ascendiente o adoptante del donante. Para su aplicación se exigirá que la donación se formalice en documento público. En el caso de donaciones en metálico o depósitos en cuentas corrientes o de ahorro, a la vista o a plazo, que el origen de los fondos esté debidamente justificado y se haga constar en dicho documento público.

Además, en relación con estas bonificaciones, se extiende la equiparación de los cónyuges a los miembros de las uniones de hecho que hayan tenido convivencia estable de pareja durante, al menos, dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión se haya inscrito en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León.

Tras su publicación para la consulta pública previa en el Portal de Gobierno Abierto de la Junta de Castilla y León y el texto del Anteproyecto de Ley se ha puesto en conocimiento de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos, y se ha trasladado a todas la Consejerías de la Junta de Castilla y León.

También, cuenta con los informes favorables de la Dirección General de Presupuestos y Estadística, de la Dirección de los Servicios Jurídicos y se ha sometido a informe del Consejo Económico y Social y del Consejo Consultivo de Castilla y León.

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