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CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

El Gobierno autonómico asegura que no abandonó las residencias de mayores en la crisis del Covid-19 y la oposición critica el modelo privatizado

PP y Ciudadanos apelan a todos los grupos a alcanzar un consenso sobre el futuro modelo de atención a los mayores mientras que PSOE y Podemos consideran que el actual "ha hecho aguas" tras la crisis sanitaria.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco
La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco
ICAL | 28/04/2020 - 15:41h.

La mitad de los fallecidos en residencias de ancianos en Castilla y Leon por Covid-19 tenía un grado 3 de dependencia, que es el más alto al ser grandes dependientes. Del total de 2.269 muertos en estos centros de la Comunidad, 1.115 contaban con un grado 3, mientras que otro 19,4 por ciento (440) era del grado 2 y un 13,5 por ciento (306) era del grado 1. Además, la gran mayoría de los fallecidos en los 1.214 centros contaba con una edad media de 88,3 años, ya que los tramos de edad más afectados fueron entre 85 y 89 años y 90 y 94 años.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ofreció estos datos durante su comparecencia, a petición propia, en la Comisión de su área para informar sobre la situación en la Comunidad por la pandemia del coronavirus, quien dejó claro que, en ningún caso, las personas mayores han sido "abandonadas" en Castilla y León. Pese a ello, tal y como había empezado su intervención, acabó pidiendo disculpas a las familias por algunas de las decisiones no acertadas en las residencias de personas mayores, afectadas por la pandemia del Covid-19. "Hemos hecho todo lo humanamente que hemos podido y sabido", añadió.

Blanco detalló, según recogió la Agencia Ical, que de los 2.269 fallecidos, 1.577 murieron en las propias residencias y 692 en los hospitales. Es decir, el 40 por ciento del total de muertos en Castilla y León en los complejos hospitalarios era residencia de un centro de mayores, personas con discapacidad y viviendas tuteladas. De ese número, 1.199 tenían el coronavirus confirmado y otros 1.070, con síntomas compatibles.

También, señaló que la mayor parte de los fallecidos se produjo entre el 31 de marzo y el 9 de abril, por lo que eran usuarios que se habían contagiado en la primera semana del estado de alarma, tras recordar que el virus da la cara a los quince días de la infección por Covid-19. Con los datos disponibles por la Consejería, la mortalidad entre los usuarios contagiados ha sido entre el 25 y el 30 por ciento.

Además, destacó que en 832 residencias de la Comunidad no se ha producido ningún caso por Covid-19. Por lo tanto, el 73 por ciento de los centros, públicos o privados, grandes o pequeños, ha estado "limpio" durante esta pandemia y no han tenido ningún fallecimiento por el coronavirus. También, apuntó que, en la actualidad, 692 residentes permanecen ingresados en hospitales y que 1.006 residentes han superado la infección.

Junto a los más de 800 centros "limpios", detalló que hay otros 98 residencias con niveles muy bajos de afectación (menos del 10 por ciento) y 67 con entre un 10 y un 30 por ciento de usuarios confirmados o con síntomas. Además, se contabilizan 102 centros con entre un 30 y un 60 por ciento de usuarios contagiados o con síntomas. Por último, del Grado 5, hay 41 residencias, donde ese porcentaje supera el 60 por ciento.

Isabel Blanco reconoció que el virus no entiende de residencias públicas o privadas y de grandes o pequeñas. "Cuando ha entrado en un centro, ha tenido una mortalidad entre el 25 y el 30 por ciento. Es muy duro decirlo y muy duro tener que contarlo", confesó. Eso sí, precisó que Castilla y León es, después de Cataluña y Madrid, la comunidad con mayor número de personas residentes, con cerca de 41.000. Pese a la elevada cifra de muertos, significó que la mortalidad en centros de la región solo supone el 2,5 por ciento del total de la población residente.

Reproches de la oposición

Los grupos parlamentarios de PSOE y Mixto (Podemos) reprocharon hoy a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, el modelo de atención residencial a los mayores y dependientes por la apuesta del Ejecutivo por las privatizaciones, con una atención precarizada y miles de muertos por el coronavirus. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, respondió que el virus "no entiende de público o privado ni de clases sociales", e insistió en la necesidad de alcanzar un acuerdo entre todos sobre un nuevo modelo residencial, como ofreció el pasado viernes el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, para anunciar que "a la mayor brevedad posible" convocará el grupo de trabajo para avanzar en el pacto.

La procuradora socialista Isabel Gonzalo asumió que deben diseñar entre todos un nuevo modelo residencial y el PSOE ha hecho ya sus propuestas porque el actual "ha hecho agua" y "se ha tambaleado por un problema sanitario". Al respecto, advirtió de que "se debe arreglar este tema y rápido, porque para el otoño puede haber otro pico". Gonzalo asumió la negociación pero reprochó que la consejera que el modelo privatizado si es un problema porque "lo público busca el bienestar de las personas y lo privado, ganar dinero".

La procuradora del PSOE lamentó los más de 2.200 fallecidos en las residencias de mayores, más del 70 por ciento de los muertos por coronavirus en la Comunidad, para denunciar de nuevo "décadas de privatizaciones" en los servicios sociales y "en los centros residenciales, también". La socialista afirmó que desde su formación han denunciado en numerosas ocasiones "la falta de personal y las deficiencias salariales" en estos centros. "Nunca nos han escuchado y siempre se ha priorizado la economía de unos pocos, frente a una atención de calidad para muchos. Es lo que tiene privatizarlo todo", resumió.

Isabel Gonzalo espetó a la consejera que Castilla y León tiene el mayor número de residencias en España, pero son privadas, porque públicas "solo tienen 25". "Son un negocio para obtener beneficios y cuanto menos trabajadores de atención directa, más beneficios", lamentó. Asimismo, reclamó una inspección continuada en estos centros "no solo ahora" y denunció que trabajadores sin cualificar se han encargado de labores como la enfermería.

"Hemos pasado de sobresalientes a ser una de las autonomías con más fallecidos, porque el modelo ha hecho agua", sentenció, para apelar a disponer de alternativas ante la falta de plazas públicas, adaptando el programa de agosto en mi casa y abordando la situación de los trabajadores de ayuda a domicilio que han sido "maltratados", elevando los tiempos y bajando los copagos. Pregunto a la consejera por la aplicación del nuevo decreto residencial que tenía preparado y recurrido en los tribunales, y consideró una mentira que 500 camas no estén cubiertas porque están en obras.

Con todo, trasladó: "No queremos confrontar ni acusarles de nada, no es el momento. Se merecen que trabajemos juntos", para recordar que remitieron sus propuestas en marzo, y espera que asuma buena parte de las mismas.

Recortes, privatizaciones y precariedad

El portavoz de Podemos en las Cortes, Pablo Fernández, defendió que el coronavirus "se ceba con los más vulnerables y si hay menos medios y peores condiciones en las residencias privadas, eso apoya su expansión. Así, cargó contra los "recortes, privatizaciones y precariedad", porque "de eso si entiende el coronavirus, porque cuando entra en las privatizadas, las administraciones no pueden tomar medidas inmediatamente". El coronavirus "si entiende de recortes y precariedad" porque y "los insuficientes ratios de personal redundan en perjuicio de los usuarios", argumentó.

Por otra parte, trasladó que su partido remitió a la consejera 15 medidas, con 535 millones, "muy útiles para proteger y amparar a nuestros mayores" y lamentó que "no nos ha cogido el teléfono", para criticar también los incumplimientos "flagrantes" de los acuerdos del Diálogo Social.

Fernández exigió a la consejera que también "tome cartas en el asunto" de la ayuda a domicilio, porque la financia su consejería, para garantizar el servicio y proteger a los trabajadores. Al respecto, denunció que en esta "nefasta y terrible crisis", las empresa privadas no se han hecho cargo del material que debían disponer para los trabajadores, y "han exigido pluses a los ayuntamientos, no recogidos en los pliegos" "Debe tomar cartas en el asunto y ser inflexible. Debe corregir estos desmanes. No intente echar balones fuera", espetó.

Un virus que no entiende de clases sociales

Blanco contestó a los procuradores críticos que "el virus no entiende residencias públicas o privadas, ni grandes ni pequeñas" y concretó que el grado de afectación en la de gestión de la Junta alcanza el 19,4 por ciento de las plazas, frente al 18,1 por ciento en las privadas. La consejera indicó que el decreto que tenían elaborado para la reformar del sistema de atención "queda en suspenso" cuando se está apuntando a un gran pacto sobre el mismo.

Isabel Blanco también defendió que muchas plazas están en obras porque cada vez llegan a las residencias públicas mayores con mayor grado de dependencia y recordó que no sólo están sus 3.000 plazas, sino que los ayuntamientos gestionan otras 12.000 públicas.

Blanco aceptó que "hay que repensar el modelo, por supuesto", dijo, para razonar que el reto más inmediato es que las residencias cuenten con equipos de protección suficientes, "porque no se sabe si se repetirá la pandemia en octubre como apuntan los expertos". Precisó que han efectuado inspecciones en 300 centros, en algunos nueve y diez veces, para comprobar sus necesidades de equipos. Asimismo, asumió que hay que avanzar en la formación y profesionalización de los equipos y en la monitorización, como con la aplicación que han diseñado, para actuar de forma rápida si es necesario.

La consejera defendió un nuevo modelo con unidades de convivencia, bloques independientes para evitar contagios, con habitaciones individuales; profesionalización, monitorización y dotación sufciente. Otra cosa, dijo, son otros "debates más en profundidad, que se deberán abordar "de forma sosegada" como si las personas deben ser atendidas por el sistema de salid o que las residencias cuenten con sus propios sanitarios, o como interactuar entre ambos sistemas, o la hospitalización domiciliaria. Aseveró que hay que apostar por un modelo que permita a la persona quedarse el mayor tiempo posible en casa.

Isabel Blanco respondió también al portavoz de Podemos, que le hubiese gustado aportar los datos de las residencias privadas, y defendió que su "ejercicio de transparencia" ha sido "el mayor de España". Junto a esto, explicó a Fernández que la ayuda a domicilio es competencia de las corporaciones locales, aunque la financie la Junta.

Petición de consenso

Por su parte, la procuradora de Ciudadanos María Teresa Gago defendió que el modelo residencial debe ser revisado, "con mayores sinergias entre sanidad y servicios sociales" porque "se ha visto superado" y aseguró que su formación quiere "arrancar un compromiso firme, real y leal de todas las formaciones" de la Comisión,para sentarse a su reforma "cuanto termine todo esto". "Construyamos un modelo de consenso y unidad que corrija las deficiencias detectadas en esta pandemia", resumió.

Por otra parte, María Teresa Gago pidió a la consejera financiación para las 3.000 entidades del tercer sector, porque muchas "tienen su supervivencia comprometida" porque no pueden acceder a los préstamos del ICO ni endeudarse. "Sin financiación no sobreviven y van a tener que cerrar sus puertas", advirtió.

Por último, el procurador del PP Miguel Angel García Nieto defendió la diligencia de la consejera en su trabajo en las residencias y trasladó la total colaboración de su grupo para avanzar en un nuevo modelo residencial tras extraer las conclusiones que deje la pandemia, dentro del grupo que ofreció Alfonso Fernández Mañueco. Al respecto, deseó que junto a todos los grupos "se logre el mejor modelo posible".

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