La Junta duda que el regreso a las aulas este curso sea “factible” y apuesta por un septiembre en condiciones de seguridad

La consejera de Educación, Rocío Lucas, advirtió hoy de que el regreso a las aulas antes de finales del actual curso escolar “no parece factible” dadas las circunstancias sanitarias en las que se encuentra actualmente la Comunidad. Después del anuncio por parte del Gobierno del País Vasco del regreso a las aulas de los alumnos el próximo 18 de mayo en algunos niveles. Lucas dijo no tener comunicación oficial por parte del Ministerio de esta posibilidad “más allá de las noticias, en mucho caso contradictorias”, aunque puntualizó que de producirse se llevaría a cabo en todo momento en la Comunidad “cuando sea posible garantizar la seguridad de alumnos y docentes”.

Lucas, que hoy compareció a petición propia en las Cortes para explicar las actuaciones de la Consejería de Educación en relación al Covid-19, incidió en que el regreso a las aulas no es competencia de su departamento, sino de Sanidad. “Si las autoridades sanitarias no determinan que haya movilidad, las aulas no están al margen de cualquier otra actividad administrativa o económica”, puntualizó. “Si hemos solicitado seguir en fase cero, salvo en algunas áreas de salud, el sistema educativo está condicionado a esa situación”, dijo.

“La vuelta generalizada a las aulas, a priori, y con la situación actual que vivimos, es imposible vinculándola al tema sanitario, como tiene que ser”, incidió la consejera, quien recordó que “no estamos en una situación de normalidad” en un ámbito como el educativo que “se ha visto afectado igual que cualquier otro”, lamentó. Pero recalcó que la decisión última corresponde a las autoridades sanitarias. “Estamos al servicio de una situación de pandemia, de salud pública y de que la comunidad educativa no se vea afectada por una situación que no está en unos niveles de trazabilidad que permitiera hacer esto con más alegría”, añadió.

La preocupación se centra también en cómo será el regreso a las aulas el próximo curso. En este sentido, la consejera informó de que se trabaja “tranquilamente” aunque con la certeza de que el mes de septiembre “está ahí”, aunque la prioridad por el momento es “cómo se termina el curso”. De cualquier forma, Lucas abogó por dar “seguridad y tranquilidad”, además de que reclamó “no lanzar imprevisiones que no se cumplan porque no se pueda por la pandemia”, aseveró. “Queremos dar tranquilidad, seguridad y no decir cada día una cosa que impida cumplir la situación sanitaria”, concluyó en esta materia.

Por esta materia se pronunciaron durante su intervención los grupos de la oposición, que pidieron que se comunique “lo antes posible” si se podrá volver en septiembre a los centros escolares para así poner fin a la inquietud de las familias. Así lo declaró el portavoz del Grupo Mixto, Jesús García Conde del Castillo, quien no ocultó su preocupación por la vuelta a los centros y las medidas de higienización que se llevarán a cabo para garantizar la seguridad de los docentes y escolares, además de las medidas de conciliación que se adoptarán si no fuera posible volver en septiembre a los colegios.

Mientras que la portavoz del PP en la Comisión de Educación, Carmen Sánchez, pidió conocer si existe algún tipo de planificación y coordinación por parte del Ministerio de Educación con las comunidades autónomas, el portavoz socialista en esta misma Comisión, Fernando Pablos, reconoció que estamos ante una situación “sin precedentes” para la que se requiere de “unidad, acuerdos y altura de miras”.

Pacto educativo

El portavoz socialista reprochó a la Junta que sea una de las comunidades que no se ha sumado al Pacto Educativo con el Gobierno central, algo que sí han hecho el 70 por ciento de los territorios autonómicos “de todos los colores”, y lamentó la falta de consensos, algo que “ha brillado por su ausencia” tanto con la comunidad educativa como con el resto de comunidades o partidos políticos.

Pablos trasladó a la consejera de Educación su “total voluntad a acordar” y recordó que los anteriores consejero tuvieron claro en todo momento que la comunidad educativa era la prioridad por delante de los intereses de cada partido político.

En este sentido, Lucas atribuyó la ausencia de Castilla y León en ese pacto a discrepancias de carácter jurídico. “No hacemos nada con Venecia, Génova o Ferraz”, respondió la consejera, quien insistió en la defensa que hace su consejería de la comunidad educativa y que no se ha sumado a ese acuerdo al considerar que la modificación de unas directrices no puede cambiar una ley orgánica, algo que estimaron que no da seguridad a las titulaciones.

“La Comunidad ha sido leal y colaboradora con los tres ministerios con los que ha tenido que interactuar”, puntualizó Lucas, quien reconoció que se está de acuerdo “en todo salvo en el capítulo de la promoción y titulación”. Con especial preocupación por la titulación de Bachillerato, Lucas acusó al Gobierno de que tuviera que ser “o todo o nada” e insistió en la existencia de contradicciones jurídicas y pidió “seguridad jurídica para unos títulos de ámbito nacional”.

“Discrepar no tiene que ver con la deslealtad”, apostilló Lucas, quien insistió en que la educación por parte de la Consejería que encabeza “es a favor de la comunidad educativa, siempre a favor de la comunidad educativa”.

En esta línea, la portavoz de Cs en la Comisión, Marta Sanz, afeó que el Gobierno intente tramitar una nueva ley educativa “sin contar con la comunidad educativa y los sindicatos” y criticó que la orden relacionada con la promoción y titulación contradice la actual Lomce. “Las continuas contradicciones de Moncloa solo generan inquietud en los alumnos, profesores y directores de colegios e institutos”, lamentó.

Conectividad

Pablos también lamentó que la Junta no dotara de tablets a las familias sin medios necesarios para seguir adelante con la evaluación telemática, en especial aquellas personas que residen en el mundo rural y que carecen de conexión suficiente a la red. También el portavoz del grupo Mixto consideró que “no son suficientes” las tarjetas móviles habilitadas por el Ejecutivo autonómico y reclamó a la Junta que dé solución a los problemas de conectividad.

La consejera explicó que “no era asunto de comprar tables” de forma masiva porque la declaración del estado de alarma impedía acudir a los centros escolares para dar formación y, en especial, por la imposibilidad de conectarlas a las Aulas Virtuales, algo que sí se prevé poder hacer el próximo curso escolar.

Por ello, la consejera reiteró que “lo más viable” era el reparto de tarjetas SIM, lo que permitió solucionar “temporalmente” el problema existente con el reparto de unas 9.900 tarjetas, lo que representa aproximadamente el 3,5 por ciento del alumnado, a quienes se hizo llegar en función de su disponibilidad en el acceso a internet y según criterios económicos.

Becas

En relación a las becas, Pablos se mostró de acuerdo con la consejera de Educación en que no es posible poner encima de la mesa que los requisitos económicos para las becas del próximo curso sea atendiendo a la declaración de la renta del año pasado. Por ello, reclamó una convocatoria específica de carácter autonómico que complete las ayudas estatales y con unos criterios que determinen los requisitos que tendrían que cumplir las familias “a quienes la crisis del covid ha dejado en una situación delicada”. Para ello ofreció la colaboración del Grupo Socialista, al tiempo que pidió que se recuperen las tasas académicas propias del año 2011 porque “nadie se puede quedar atrás”.

La consejera confirmó que ya se está trabajando con las cuatro universidades de Castilla y León para “impulsar” acuerdos para que los estudiantes becados, y para quienes no se contemplan condiciones especiales por la afección de la pandemia, puedan ser “apoyados y atendidos” por el sistema público. “Estamos trabajando en la mejor fórmula para hacerlo efectivo de la mano de los cuatro rectores”, aclaró.

Además, aseveró que se está a la espera de que el Ministerio de Educación fije “una horquilla” de los precios públicos. En cuanto a la reducción de las tasas universitarias, Lucas aseguro que se trata de “uno de los principios” de la pasada legislatura, con el compromiso de reducirlo a la media de las comunidades. “Sin saber ahora cuál es el límite máximo, pedimos que se concrete una propuesta” porque regresar a los niveles de 2011 con la situación actual supondría “mucha indefinición”.

Elogio a la comunidad educativa

En lo que coincidieron todos los grupos políticos de la Comisión de Educación fue a la hora de poner en valor el trabajo “extraordinario” que ha hecho la comunidad educativa de Castilla y León para adaptarse a la situación actual y favorecer que se pueda seguir prestando la formación de manera telemática.

“Han demostrado estar a la altura de las circunstancias” y se han “reinventado”, elogió la portavoz de Ciudadanos, Marta Sanz. “Desde la suspensión de la docencia presencial hemos asistido a un esfuerzo sin precedentes por parte de los docentes y quiero trasladarles sentido reconocimiento al magnífico trabajo que se está haciendo, también extensivo al equipo directivo de la Consejería que ha puesto en práctica las medidas adoptadas en estas semanas”, añadió la portavoz del PP, Carmen Sánchez Bellota.