DERECHO A MORIR DIGNAMENTE

El Congreso aprueba la ley de eutanasia por amplía mayoría

El pleno da luz verde a la norma con el único voto en contra del PP, Vox y UPN tras 25 años de intentos fallidos.

Congreso de los Diputados
ILEÓN/Marta Borraz-elDiario.es | 17/12/2020 - 16:06h.

Tras más de 25 años de intentos fallidos y de debate social y político, el Congreso ha dado este jueves uno de los pasos definitivos para aprobar la ley de eutanasia, que convierte a nuestro país en el cuarto de Europa y uno de los pocos del mundo en regular el derecho a una muerte digna. El dictamen que venía de la Comisión de Justicia ha logrado un amplio respaldo, con 198 votos a favor, 138 en contra y dos abstenciones. PP, Vox y UPN han sido los únicos partidos que han rechazado la norma, que despenaliza ayudar a morir a personas enfermas en determinadas situaciones y cuando así lo solicitan.

A las puertas del derecho a la eutanasia en España

A la ley solo le queda el paso por el Senado para ser una realidad. Ante la negativa de Vox de incorporar este punto en la sesión ordinaria de esta semana, la Junta de Portavoces decidió convocar un pleno extraordinario y llegar a las Navidades con la norma prácticamente consumada. El texto, impulsado por el PSOE, introduce en el ordenamiento jurídico "un nuevo derecho individual", el derecho a la eutanasia, que puede solicitarse en un contexto de sufrimiento "que la persona experimenta como inaceptable y que no ha podido ser mitigado por otros medios". Se ampara así la autonomía y la libertad del paciente, razona la norma, porque "no existe un deber constitucional de imponer o tutelar la vida a toda costa y en contra de la voluntad" de la persona.

En la práctica, se trata de un marco legal que despenaliza el hecho de prestar ayuda para morir en acotadas situaciones, ya sea de forma activa, que es cuando un médico pone fin a la vida del paciente a petición de este, o en forma de 'suicidio asistido', que se refiere a la persona que se da muerte a sí misma con la asistencia de un médico, que le proporciona los medios necesarios y le atiende en el proceso. Deberá ser mayor de edad y sufrir una enfermedad "grave e incurable" o un "padecimiento grave, crónico e imposibilitante" que le cause "un sufrimiento físico y psíquico intolerables". Además, tiene que ser "capaz" de obrar y decidir y hacerlo de "forma autónoma, consciente e informada". Los médicos tendrán derecho a la objeción de conciencia.

Aunque los grupos ya habían mostrado sus posiciones en la Comisión de Justicia, el debate en el pleno ha vuelto a reflejar el apoyo de la mayoría de la cámara, que ha destacado el avance en derechos que supone la norma. También casi todos han dedicado su aprobación a las asociaciones, personas y familias que llevan décadas luchando para que esto ocurra, en ocasiones haciendo públicos sus casos. Desde Ramón Sampedro, que en los años 90 solicito su derecho a poner fin a su vida, hasta Luis de Marcos, Maribel Tellaetxe, Antoni Monguilod o María José Carrasco, la mujer a la que ayudó a morir su marido, Ángel Hernández.

Las claves de la ley

La ley prevé que será una prestación pública incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y que podrá realizarse en centros sanitarios públicos, privados o concertados, y en el propio domicilio. En cualquier momento la persona que lo solicita puede revocar su petición y debe tener nacionalidad española, residencia legal o contar con un certificado de empadronamiento que acredite al menos 12 meses de permanencia en España. Deberá, además, pasar por varios filtros en el que al menos dos médicos diferentes deben autorizar la solicitud y una Comisión de Garantía y Evaluación hará un control previo. Todo ello con unos plazos estipulados que solo pueden acortarse si la muerte es "inminente" y tras un "procedimiento deliberativo" entre sanitario y paciente sobre su diagnóstico, posibilidades terapéuticas y resultados esperables, así como sobre posibles cuidados paliativos. Información que la ley obliga a que el solicitante reciba por escrito.

Con todo, la sociedad parece haberse adelantado ya a la política y respalda mayoritariamente la legalización de la eutanasia. Según una encuesta de 2019 de Metroscopia, la apoya el 87% de la ciudadanía y otra de IPSOS de 2018 situaba el apoyo en una cifra similar, en torno al 85%. España se convertirá con esta ley en el cuarto país europeo en permitir la eutanasia, después de Holanda, Bélgica y Luxemburgo –en Suiza se permite el suicidio asistido–. Fuera del continente existe en Canadá y en Colombia, donde es un derecho, pero no existe una ley. En varios estados de Estados Unidos existen normas sobre el suicidio asistido y también en Victoria (Australia).

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