Seis residencias de León reciben 350.000 euros de la Junta para su servicio de estancias diurnas
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León aprobó este jueves una partida de 353.982 euros para financiar la prórroga del contrato de prestación del servicio de estancias diurnas en seis centros residenciales de León. Este recurso se ofertará de acuerdo con el nuevo modelo de atención 'En mi casa', procurando que los mayores que precisan apoyos y cuidados mantengan el mayor tiempo posible su autonomía personal.
Las estancias diurnas son un recurso que la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ofrece a las personas mayores con limitaciones en su capacidad funcional, para su atención integral, individualizada y dinámica, para garantizar su calidad de vida, así como el apoyo a sus familias.
El contrato que va a prorrogar la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, por un periodo de cinco meses, incluye la prestación de este servicio en las residencias de mayores de la capital leonesa en Armunia y de Ponferrada en Flores del Sil, y en los centros de día León I, León II y de Cistierna y Bembibre. Estos centros suman un total de 137 plazas.
El recurso se va a ofrecer siguiendo el nuevo modelo de atención centrada en la persona, inspirado en el proyecto 'En mi casa', que procura mejorar la calidad de vida de los mayores y atender sus deseos. Se trata de que, pese a requerir cuidados en un centro por padecer limitaciones en su capacidad funcional, los mayores pueden mantener o mejorar su autonomía personal, retrasando o evitando su atención institucionalizada.
La necesidad de efectuar el contrato para la prestación de este servicio obedece a dos razones. La primera es que estos centros carecen de la plantilla adecuada para garantizar estos cuidados, por lo que es preciso reforzarla con auxiliares de clínica, terapeutas ocupacionales, médicos, enfermeros y fisioterapeutas.
Por otro lado, el servicio incluye el transporte adaptado de los usuarios, entre el centro residencial y sus domicilios, lo que hace necesario contar con una flota de vehículos, adaptados a personas con movilidad reducida o sillas de ruedas, de la que no dispone la administración.
