ELECCIONES EN MADRID

Políticos leoneses en la Comunidad de Madrid: una historia de poder, espionaje y corrupción

Varios políticos de origen leonés han desempeñado importantes puestos en el poder de la Comunidad de Madrid en las últimas décadas, con resultado dispar. Enrique López es un peso pesado del gobierno de Isabel Díaz Ayuso; Alfredo Prada será juzgado por el caso Ciudad de la Justicia y Manuel Cobo está fuera de la política.

Leoneses con poder en la Comunidad de Madrid
Leoneses con poder en la Comunidad de Madrid: Alfredo Prada (d), Enrique López (c) y Manuel Cobo (i)
A. Vega | 04/05/2021 - 08:35h.

Este 4 de mayo Madrid celebra sus duodécimas elecciones autonómicas con un indudable sabor electoral nacional. Más de 45.000 leoneses podrán votar en la cita madrileña a la veintena de candidaturas presentadas, aunque solo media docena cuentan, según las encuestas, con posibilidades de obtener representación en la asamblea regional.

Madrid está gobernado por el PP desde 1995, cuando el popular Alberto Ruiz Gallardón sucedió al socialista Joaquín Leguina. Desde entonces los populares han tenido todos los gobiernos con Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Ángel Garrido e Isabel Díaz Ayuso. La hasta ahora presidenta madrileña busca renovar en la Puerta del Sol con las encuestas a favor tras una campaña protagonizada por la polarización y polémica política constante.

En estos años de gobiernos conservadores en la Comunidad de Madrid tres perfiles políticos con origen en la provincia de León han destacado entre los cargos con poder de la región madrileña: Enrique López, actual consejero de Justicia e Interior; el exvicepresidente Alfredo Prada y el exconsejero de Presidencia y Hacienda, Manuel Cobo. Tres trayectorias marcadas a fuego por la lucha por el poder y con destinos muy diferentes.

La entrada en la política (real) del juez López

El juez Enrique López (Cacabelos, 1963) es el caso de un leonés con mayor cuota de poder reciente en la Comunidad de Madrid. Tras las elecciones autonómicas de 2019 fue designado consejero de Interior, Justicia y Víctimas del Terrorismo de la Comunidad de Madrid, uno de los puestos más importantes del entonces ejecutivo de coalición de PP y Ciudadanos presidido por Ayuso. Se trataba del primer puesto político oficial, y no jurídico, del hasta ese momento juez de la Audiencia Nacional. López acrecentó su poder al ser designado como responable de Justicia del PP en sustitución del exministro Rafael Catalá poco antes de la pandemia y se ha encargado de llevar las negociaciones con el PSOE, escasamente exitosas, para la renovación de lo cargos institucionales como la renovación del Poder Judicial o el Defensor del Pueblo.

Enrique López acumula en su trayectoria judicial amplias polémicas, algunas de ellas relacionadas por su conocida afinidad al Partido Popular. El escándalo más sonado fue sin embargo una borrachera. La que se pilló en junio de 2014 al llevar un año en el Tribunal Constitucional, elegido a propuesta de la terna del Partido Popular. López fue detenido por la Policía tras saltarse un semáforo al conducir una motocicleta sin casco y reventar el alcoholímetro. Dimitió al día siguiente y fue condenado a una multa y la retirada del carné 8 meses.

A su vuelta a la judicatura normal volvió a su plaza en la Audiencia Nacional, donde pretendió juzgar varias piezas del caso 'Gürtel' sin tener en cuenta su evidente afinidad con el PP, que además del puesto del Constitucional le había llevado a una silla del Consejo General del Poder Judicial entre el 2001 y el 2008. El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional le retiró de todas las piezas de 'Gürtel'. Su última polémica ha sido que el extesorero del PP Luis Bárcenas le señaló como mediador con el partido para intentar un acuerdo que evitara la entrada en prisión de su mujer, la astorgana Rosalía Iglesias. López no negó los hechos aunque los minimizó.

El importante peso de Enrique López le ha llevado a ser designado el número 4 de la lista de Isabel Díaz Ayuso para estas elecciones, lo que augura un puesto de relevancia en el futuro gobierno regional si las encuestas aciertan y la derecha gobernará otra vez Madrid. Uno de los hitos de mandato de Enrique López como consejero de Interior y Justicia ha sido acabar la construcción del Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia de Madrid, único edificio de aquel proyecto megalómano de Esperanza Aguirre y que llevará a los tribunales a uno de sus impulsores y entonces leonés de peso en la Comunidad, Alfredo Prada.

Isabel Díaz Ayuso y Enrique López inaugurando el Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia de Madrid
Isabel Díaz Ayuso y Enrique López inaugurando el Instituto de Medicina Legal de la Ciudad de la Justicia de Madrid

Prada, a un paso del banquillo de los acusados

El edificio redondo que Isabel Díaz Ayuso inauguró el pasado mes de diciembre, tras haber servido de improvisada morgue para los fallecidos de la primera ola de la pandemia de la covid, es lo único construído, además de la urbanización del proyecto de la fallida Ciudad de la Justicia de Madrid.

Presumía en una nota de prensa el Gobierno de Madrid que se trataba del "primer hito de la futura nueva Ciudad de la Justicia con el que el Ejecutivo regional pretende concentrar en un solo núcleo todas las sedes judiciales del Partido Judicial de la capital". Pero obviaba que esa aspiració ya nació con Esperanza Aguirre y sentará en el banquillo de los acusados al exvicepresidente de la Comunidad, el leonés Alfredo Prada, por presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.

Alfredo Prada (León, 1959) es el leonés que más alto ha llegado dentro del poder autonómico madrileño, siendo vicepresidente y consejero de Justicia e Interior de Esperanza Aguirre entre el 2003 y el 2008. Prada recaló en la Comunidad de Madrid tras el 'tamayazo' habiendo sino senador por León desde el año 1993. Tras su sonada salida del gobierno de Aguirre, por posicionarse del lado de Mariano Rajoy en la guerra por el poder en Génova, volvió a tener puesto de representación política por León, como diputado entre el 2011 y el 2016. Prada no logró renovar en las listas del PP entonces, siendo sustituido por otro leonés con poder en Madrid del que hablaremos más adelante, Manuel Cobo, y dejó la política activa entre ya varias acusaciones de haber sido el máximo responsable del despilfarro que ahora le llevará al banquillo de la Audiencia Nacional.

El relevante cargo del PP fue acusado por otro exconsejero de Esperanza Aguirre y cabecilla de la trama Púnica madrileña, Francisco Granados, de facturas falsas relacionadas con financiación ilegal del partido, a la vez que una excargo del partido lo ponía ante notario. Con todo la puntilla para Prada fue ocasionada por la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes, que fue quien llevó a la justicia un informe del Consejo de Cuentas regional que hablaba de irregularidades en la Ciudad de la Justicia y por la que Anticorrupción pide 8 años de cárcel para el expolítico.

El proyecto de la ciudad de la Justicia fue impulsado por la consejería de Alfredo Prada y pese a gastarse más de 100 millones de euros no se terminó ningún edificio. El único avanzado era el Instituto de Medicina Legal que finiquitó Enrique López a finales del 2020. Según el auto de procesamiento Alfredo Prada era el último responsable de un grupo que "elaboraron un plan criminal y pusieron en marcha distintos artificios para llevarlos a cabo". Y ser leonés o una empresa leonesa era parte de la fórmula de contratación según la investigación judicial.

Alfredo Prada, pese a las sospechas que ya recaían sobre él, fue nombrado en 2018 por Pablo Casado como presidente de la Oficina del Cargo Popular, una especie de oficina anticorrupción del partido. En su trayectoria política Prada estuvo muy vinculado a la sede del partido en Madrid, ocupando puestos en lo comités electorales con Rajoy e incluso siendo durante años el responable de captación de afiliados y votantes en el exterior. Su cercanía a Rajoy le llevó a ser objeto de espionaje político junto a la mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo, en el conocido como caso 'Gestapillo', que concluyó sin condenas y con Esperanza Aguirre negando haberles espiado.

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Inauguración de las obras del Campus de la Justicia de Madrid.

La 'sombra' de Gallardón

Pero quien más años ha estado en el poder madrileño siendo de origen leonés es el berciano Manuel Cobo (Ponferrada, 1956). Durante 30 años ha ocupado cargos políticos en la Comunidad y Ayuntamiento de Madrid, de los que durante prácticamente la mitad ha tenido cargos del máximo nivel como consejero de Presidencia y Hacienda en el Gobierno regional con Alberto Ruiz Gallardón (1999-2003) y vicealcalde de Madrid (2003-2011), ostentando una alcaldía interina de la capital de España entre el cambio de poder entre Gallardón y Ana Botella.

Cobo era hijo de uno de los inmigrantes bercianos a quien más le sonrió la fortuna en Madrid, Manuel Cobo Calleja. En su legado del desarrollismo madrileño queda el polígono industrial que lleva sus apellidos y los nombres en sus calles de localidades de la provincia, el polígono Cobo Calleja hoy hogar por excelencia de numerosos negocios de importación de productos de Asia.

Criado políticamente a la sombra de Gallardón, Manuel Cobo fue su mano derecha en la Comunidad de Madrid, primero en las Cortes regionales y luego en el Gobierno. Cuando, a petición de Aznar, Gallardón salta al Ayuntamiento se lleva de número 2 y vicealcalde a Manuel Cobo, cargo que ejerció hasta que su jefe político se fue al Ministerio de Justicia, donde ya no le acompañó. La fidelidad de Cobo con Gallardón era tal que incluso amagó con presentarse contra Esperanza Aguirre en 2004 por la presidencia del PP de Madrid, aunque no logró los avales. El entonces vicealcalde de Madrid era el ariete habitual de los enfrentamientos internos en el PP madrileño y cuando cuestionó la guerra por el poder en CajaMadrid, la luego quebrada Bankia, estuvo un año suspendido de militancia por afirmar que "Los cercanos a Aguirre han puesto a Rato en un escaparate de cloacas y ambiciones". Era cuando Aguirre quería cargarse al entonces presidente de la entidd, Miguel Blesa ,y poner en su lugar al exministro Rodrigo Rato, luego condenado por las tarjetas 'black'.

Manuel Cobo fue, además, uno de los presuntamente espiados por orden de Esperanza Aguirre en el caso 'Gestapillo' que concluyó sin condenas y con la expresidenta madrileña negándolo todo. Cuando Ana Botella llegó al Ayuntamiento de Madrid (2011), Manuel Cobo abandonó la política pero volvió ocupando un puesto en la lista al Congreso por León para las elecciones de finales del 2015. Fue, precisamente, en las que sacaron de la listas populares a Alfredo Prada.

Pero Cobo, pese a obtener el acta, dio la espantada sin recoger su credencial de diputado por su provincial natal alegando motivos de índole personal y médica. Cobo fue impuesto por Génova al ser miembro del Comité Ejecutivo de Rajoy en detrimento de Prada e iba de número 2 del entonces presidente provincial, Eduardo Fernández. Recogió el acta en su lugar la entonces número 3, la hoy diputada por León Carmen González Guinda. Cobo reapareció tiempo después como tertuliano del programa de La Sexta Al Rojo Vivo, del también leonés Antonio García Ferreras, donde ha acudido de forma habitual.

Y en el 2017 Manuel Cobo volvió a dejar un cargo, esta vez 15 días después de haber sido nombrado por Mariano Rajoy. Era el puesto de presidente de la Oficina del Cargo Popular, el órgano creado por los conservadores para controlar y vigilar a sus cargos públicos. Tiempo después, ya con Pablo Casado al frente del partido, ese cargo lo ocuparía el leonés Alfredo Prada. Desde la confirmación de su imputación en el caso 'Ciudad de la Justicia' y el consecuente cese de Prada ese puesto está sin ocupar.

En el año 2018 Cobo tuvo que declarar como imputado, al igual que Gallardón, en una pieza del llamado caso 'Lezo'. En ella se investigaba la compra, presuntamente llena de irregularidades, de la empresa colombiana Inassa por la empresa pública madrileña Canal de Isabel II. La operación investigada fue aprobada por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001 con la firma del propio Gallardón y con Cobo como consejero de Presidencia, pese a tener la existencia de un informe que desaconsejaba la compra a través de una sociedad panameña. El juez archivó la causa para ellos en mayo de 2019 por no quedar demostrado que tuvieran conocimiento de la operación que supuso un desembolso de 73 millones de dolares de las arcas madrileñas. En la lucha por la presidencia del partido tras la dimisión de Rajoy Cobo se posicionó del lado de Soraya Sáenz de Santamaría y hoy está desvinculado de la política.

César Sánchez/Ical. Alberto Ruiz Gallardón y Manuel Cobo (d).
César Sánchez/Ical. Alberto Ruiz Gallardón y Manuel Cobo (d) en una visita a la provincia de León.
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