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DEBATE SOBRE INCENDIOS Y SEGURIDAD CIUDADANA

La Junta se cierra a mejoras sobre bomberos en la provincia

Silván cierra la puerta a mejoras con la Diputación porque "está plenamente garantizada" la seguridad de todos los pueblos, ante las críticas socialistas, que recuerdan los últimos graves siniestros y el informe del Procurador del Común que determinó que el 66% de los leoneses están desprotegidos.

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C.J. Domínguez | 11/12/2013 - 11:29h.

La Junta de Castilla y León cree que no hay nada que mejorar ni debatir en materia de incendios urbanos en la provincia de León porque, según datos ofrecidos en las Cortes por el Consejero de Medio Ambiente, el leonés Antonio Silván, son más que suficientes para la Comunidad Autónoma los 80 parques de bomberos existentes y los 1.325 bomberos y voluntarios operativos. Silván fue categórico al afirmar, ante una pregunta de actualidad del Grupo Socialista por los últimos siniestros graves en Cistierna, Sahagún o Riego de la Vega, que "los servicios de prevención y extinción de incendios están garantizados en León y en Castilla y León" tanto "por las infraestructuras (parques de bomberos), los medios materiales y fundamentalmente los medios personales de las diferentes administraciones".

Sin embargo, los mismos datos que el consejero leonés utilizó para cerrar la puerta a cualquier negociación o mejora en la provincia de León, fueron empleados por el procurador socialista que abrió el debate en el Pleno de las Cortes, Miguel Ángel Fernández Cardo, para certificar que 200 municipios están dejados a su mala suerte si se produce un incendio. Porque de los 80 parques de bomberos de la Comunidad, sólo 2 (León y Ponferrada) están "en la provincia más extensa de la Comunidad", es decir, un raquítico 2,5%; y de los 1.325 bomberos y voluntarios, tan sólo hay en León 165, según las cifras del propio Silván: un 12,5% en este caso del total de Castilla y León.

Pero los que realmente se mostraron "quemados" por el resultado de este debate fueron los alcaldes leoneses asistentes a la sesión de las Cortes: Joaquín Llamas, de Villaobispo de Otero; José Pellitero, regidor de Valdefresno; Gaspar Cuervo, de Valderrey; y Antonio Lozano, de Riego de la Vega, municipio donde el último incendio devoró hace pocos días dos viviendas. La protesta desde los alcaldes ante el empeño del consejero de "negar la mayor" a punto estuvo de acabar con su desalojo de la zona de invitados.

12 años sin cumplir

Fue Cardo quien puso voz al malestar de los regidores: recordándo que entre otros, ha sido el propio Procurador del Común el que ha certificado en un informe oficial impulsado por una denuncia del PSOE en la Diputación que "hay una profunda desigualdad" de medios en la Comunidad, "sobre respecto a León, porque aquí el 66% de la población se encuenbtra bajo ratios de respuesta (de los bomberos) inaceptables". Que superan con creces los 40 minutos, como ha ocurrido en todos los últimos sucesos de Arenillas de Valderaduey (Sahagún), Cistierna o Riego. En las proximidades de esta última localidad, recordó Fernández Cardo, hace 12 años que se debería haber construido el primer parque comarcal de Astorga-La Bañeza, según el Plan Provincial de Protección Civil que aprobaron la Diputación y la propia Junta, y que "jamás se ha desarrollado ni siquiera activado", viene denunciando desde entonces Joaquín Llamas.

En la tensa sesión de la tarde de ayer, tan sólo hubo un único punto de coincidencia entre PP y PSOE: en alabar el trabajo de los profesionales y los voluntarios de las extinciones. El resto fue la escenificación de un puro desencuentro entre los dos partidos.

Contradicciones

Pero ese desencuentro y esas contradicciones se producen también en el seno de las propias instituciones bajo gobierno popular: la presidenta de la Diputación, Isabel Carrasco, se muestra "quemada" por tener que insistir una y otra vez que es la Junta la que debe invertir para ejecutar los parques comarcales de bomberos; y el delegado territorial autonómico en León, Guillermo García, aseguraba hace una semana que la Junta y la Diputación estaban avanzando en las negociaciones para buscar una solución al riesgo permanente de incendios en viviendas, cuadras y empresas de la mayor parte de los municipios de menos de 20.000 habitantes. Una negociación que tras las palabras de Silván en las Cortes parece más bien inexistente.

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