64 ayuntamientos leoneses buscan tumbar la 'Ley Montoro'

Elena F. Gordón / ICAL

León contra la Ley Montoro. El recurso contra la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local impulsado por el PSOE de León ha logrado el apoyo de 64 municipios que agrupan a 500 pueblos de la provincia y que suman 204.000 habitantes. Los acuerdos alcanzados en Pleno por la mayoría absoluta de los concejales de cada uno de ellos se suman a la 'vía municipal' emprendida por los socialistas para recurrir ante el Tribunal Constitucional, una reforma contra la que también actúan comunidades autónomas y algunos parlamentarios.

El secretario general del PSOE leonés, Tino Rodríguez, compareció hoy en rueda de prensa acompañado del responsables de Ordenación del Territorio en Castilla y León, Julio César Fernández, y del secretario provincial de Política Municipal, Santiago Dorado, para hacer públicos los resultados de una iniciativa “muy laboriosa”, por lo que agradecen la implicación de todos los ediles socialistas para intentar sacarla adelante en el mayor número posible de municipios.

El balance de esa tarea, aseguraron, es muy positivo y para Tino Rodríguez además del rechazo a la reforma local impulsada por el PP, los datos reflejan “un rechazo general a las políticas del PP, que asedian a los pueblos, por ejemplo, con recortes sanitarios y de transporte.

Julio César Fernández destacó que el apoyo de otras formaciones ha permitido sacar adelante el recurso en ayuntamientos gobernados en minoría por el PP, como La Robla, San Andrés del Rabanedo, Cacabelos o Fabero. Además, en otros tres municipios en los que los 'populares' son mayoría, Páramo del Sil, Boca de Huérgano y Riaño, en los que el recurso también fue aprobado.

Santiago Dorado lamentó que la mayoría de alcaldes del PP hayan desaprovechado la oportunidad de mostrar el apoyo a sus pueblos al rechazar el recurso y como ejemplo de las consecuencias nefastas que a juicio del PSOE va a tener la reforma local apuntó a que de las siete competencias municipales que existen actualmente, sólo se mantiene la autonomía total para gestionar los cementerios. Para el resto, remarcó, habrá que pedir permiso a las diputaciones, a las que definió como las “privilegiadas por la reforma” y que, recordó, “no tienen que pasar el examen de las urnas cada cuatro años”.

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