Diluído el miedo a la prevaricación masiva, la Diputación aprueba 15 millones para 214 obras en los pueblos
Han hecho falta seis meses, infinidad de informes y contrainformes y, sobre todo, que pasara la contienda electoral para que todos los grupos políticos de la Diputación de León (PP, PSOE, UPL y no adscritos) se pusieran por fin de acuerdo de manera unánime para que los pueblos de la provincia leonesa reciban la esperada lluvia de casi 15 millones de euros en 214 proyectos de infraestructuras básicas, todos ellos para los municipios de menos de 20.00 habitantes.
Y ha tenido que diluirse el temor a una prevaricación masiva que hizo que hace casi un mes este mismo Plan de Cooperación que hoy ha impulsado por fin el Pleno provincial quedara sobre la mesa, al plantear el PSOE una polémica duda sobre la legalidad de que los alcaldes representados en la sesión se aprobaran inversiones que beneficiarían a sus propios ayuntamientos; un argumento que jamás se había empleado en décadas de reparto de obras en la institución pero que hizo que, en víspera de las elecciones, paralizara un proceso ya de por sí muy retrasado.
Tan retrasado que todos los partidos abogaron hoy por flexibilizar al máximo los plazos y las condiciones que se imponen a los municipios para poner en marcha las obras subvencionadas al 80% por la Diputación, facilitando que aquellos que lo deseen puedan realizar ellos las adjudicaciones y apurando lo más posible el plazo legal de 2 meses desde la publicación de la aprobación de hoy en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). Fueron un clamor de todos los portavoces estas apreciaciones, porque todos estuvieron de acuerdo de que el retraso acumulado no sólo dilata en exceso los trabajos en los pueblos sino que puede destruir puestos de trabajo en las posibles empresas adjudicatarias.
El leonesista Lázaro García Bayón fue quien puso el nombre -“sainete”- a lo ocurrido en los últimos meses con este esperadísimo plan, mientras el no adscrito Matías Llorente deseó “que la nueva Corporación no tenga estos problemas”, insistiendo en un reparto objetivo por criterios de necesidades, población, número de localidades y situación socio-económica. El socialista Luis Rodríguez Aller esta vez dio “por buenos los nuevos informes” a los que antes se había aferrado para plantear las dudas iniciales de legalidad y el portavoz del Gobierno del PP, Jaime González, se limitó a agradecer un apoyo por fin unánime y a comprometerse a “intentar agilizar” los trabajos que, sin embargo, será difícil que se ejecuten dentro de este año.
