Todos en Diputación, menos Ciudadanos, exigen el fin de los recortes de trenes a los pueblos

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Carlos J. Domínguez

El Pleno de la Diputación de León aprobó hoy con apoyo de todos los grupos políticos, excepto Ciudadanos, una moción que exige a Renfe, el Ministerio de Fomento, el Gobierno de España y la Junta de Castilla y León que ponga fin a los recientes recortes en paradas y horarios de trenes en las estaciones de ferrocarril de la provincia leonesa, en concreto en el tramo entre Ponferrada y León, que han motivado en las últimas semanas sonoras protestas de los municipios y pueblos afectados.

La totalidad de los diputados estuvieron de acuerdo en la urgencia de la moción, dado que los recortes se han aplicado hace ya tres semanas, pero a la hora de votar el diputado provincial de Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, fue el único que defendió su abstención frente a los síes de todos los ediles provinciales del PSOE -de quien partió el texto-, PP, UPL, Coalición en Común-IU y Coalición por el Bierzo. El argumento que defendió Fernández para diferir en su postura fue que la moción “no viene avalada por un estudio de demanda de viajeros de las zonas” afectadas, considerando que la lógica de la alta velocidad es no detenerse en todas las poblaciones.

Un argumento que molestó no sólo a los alcaldes y pedáneos que habían acudido a la sesión en el Palacio de los Guzmanes, alguno de los cuales le increpó a su término por sentarse en una institución cuya competencia es defender a los pequeños municipios, sino al diputado provincial socialista Joaquín Llamas, a su vez alcalde de un Ayuntamiento afectado -Villarejo de Órbigo-, que defendió el texto con argumentos que concitaron el pleno apoyo del resto de grupos. “No se nos puede decir que tenemos que hacer un estudio cuando a nuestros vecinos no les quieren cobrar el billete para que no aparezcan en las estadísticas, y además (el hecho de que los trenes paren) se justifica con un sólo ciudadano porque ése ciudadano es tan respetable como el resto y no puede haber leoneses de primera y de segunda”.

Recordó Llamas que la medida se adoptó “para que desde Ponferrada o Astorga lleguen 8 minutos antes a Madrid” e hizo un llamamiento a la “defensa del mundo rural”, rechazando la solución sugerida por la Junta de autobuses que tendrían “un coste excesivo” para que los vecinos de algunos municipios tarden más de una hora en acceder a servicios públicos en León como la Sanidad o la Educación. “A León llega el AVE pero a los pueblos sólo llegan los problemas de la alta velocidad”, denunció.

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, recogió el guante y aseguró que “me comprometo a establecer un contacto estable de forma urgente con Renfe y con Adif” para hacerles llegar la postura política de la institución y buscar soluciones al problema, porque, como detalló el portavoz del PP, Francisco Castañó, “nuestra prioridad, lo más importante, es el acceso a los servicios, y el tren es fundamental”.

Desde UPL, Matías LLorente consideró “una tomadura de pelo” la estrategia de no cobrar los billetes reales de los usuarios desde estos pueblos para maquillar a conveniencia las estadísticas de uso, censurando que el planteamiento sea estrictamente “economicista” en vez de “apostar por la vida en los pueblos”. Miguel Flecha, de IU, enmarcó estos recortes en “la estrategia de recortar todo lo público” y abundó en que “si no hay buena comunicación, la gente se irá” de los pueblos. Y por su parte, Pedro Muñoz, de Coalición por el Bierzo, remarcó que se trata por encima de todo “de una cuestión social”, trasladando a los vecinos y cargos públicos de los municipios que han protestado “por tan fuerte reivindicación” demostrada en las últimas semanas.

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