Acoso en el ámbito universitario, ¿un muro de silencio?
Forma parte de la comidilla en los pasillos, se comenta por lo bajo en las aulas y, en ocasiones, es un secreto a voces en las cafeterías de las facultades. ¿Existe acoso también en la Universidad? “Se dan estas situaciones como en cualquier otro entorno y son más habituales de lo que se piensa. Si en un conflicto de este tipo existe alguien más fuerte se tiende a generar determinadas imposiciones que, si no se paran a tiempo, pueden llegar a convertirse en un acoso”, señala a Dámaso Javier Vicente, vocal de la Comisión Arbitral del Protocolo de Prevención de la Universidad de Valladolid. Y, sin embargo, en los últimos años no se ha producido ni una sola denuncia en el ámbito universitario. Se podría decir, entonces, que se trata del último muro de silencio del acoso.
La sensibilidad sobre el tema se ha manifestado en forma de elaboración y aprobación de protocolos de actuación ante situaciones de acoso sexual o por razón de sexo en todas las universidades públicas de la Comunidad: Valladolid (UVa) y Salamanca (USAL) lo hicieron en octubre de 2014 y Burgos (UBU), en julio de 2015, mientras que la de León (ULE) acaba de aprobar el reglamento en Consejo de Gobierno. Buscan, por un lado, evitar y tratar de prevenir estas situaciones y, por otro, aplicar soluciones rápidas con confidencialidad y procedimientos imparciales que garanticen la dignidad de la persona y sus derechos inviolables.
Sin embargo, según constató Ical, no se ha abierto aún ningún expediente sobre el tema que derive en una sanción o en una actuación administrativa, aunque como apuntan desde diferentes sectores universitarios ello no quiere decir que no se produzca acoso o discriminación. Así, dentro de estos ámbitos ya hay voces que se plantean cambiar el modo de actuación para que quien sufre acoso se conciencie, no se inhiba y denuncie. Dar a conocer la existencia y el funcionamiento de los protocolos es, precisamente, una de las formas para luchar contra estas situaciones.
Revisar los protocolos
La directora de la Unidad de Igualdad de Oportunidades de la UBU, Isabel Menéndez, reconoce que pese a que en los dos años que lleva en funcionamiento “no se ha recibido ni siquiera una consulta”, sí son conscientes de “comentarios informales, sobre todo de profesoras o alumnas por ciertos malestares en la convivencia, sin llegar a conceptualizarse como acoso”. “Si así fuera y se demostrase se aconseja a quien lo sufre que denuncie judicialmente, pero no se puede obligar a nadie a hacerlo”, arguye. Menéndez considera que una de las mayores preocupaciones se basa en ver hasta qué punto “se visibiliza” la existencia de este tipo de protocolos o si se tiene que empezar a trabajar de otra manera “para detectar casos reales y que no exista inhibición”, opina.
En la Universidad de Valladolid (UVa), la directora de la Cátedra de Estudios de Género y secretaria de la Comisión de la Igualdad, María Teresa Alario, resalta que todos los estamentos están muy involucrados en la prevención, aunque en tres años no se haya tenido que actuar. “Solo se dio un caso que derivó en un informe y no se demostró la existencia de acoso continuado o que una persona se sintiera agredida en su integridad sexual o por razón de sexo”, recuerda.
Alario asegura que en la UVa preocupa tanto que haya pocos o muchos casos de acoso o violencia como que no haya ninguno. “Las universidades no son un isla y existe inquietud por que la gente afectada no denuncie. Puede que el alumnado esté en una situación vulnerable, tenga miedo y piense que está un poco de paso”, lamenta. Así, se muestra partidaria de revisar los protocolos, comprobar los defectos, su redacción o cómo se funciona para evitar que, como otros ámbitos de la sociedad, se denuncie menos de lo que se debiera el acoso.
Recuerda que el pasado año se hizo una encuesta entre el alumnado y el personal universitario en general en los distintos campus de Valladolid, Palencia, Segovia y Soria relacionada con la igualdad y violencia de género, donde de las 3.600 personas que accedieron a responder -un 20 por ciento del total de la comunidad universitaria- 675 señalaron que conocían el protocolo de prevención existente en caso de acoso. “El problema es que nadie se atreva luego a poner su nombre en una denuncia cuando se den razones para ello y hay que concienciar a la gente de que no se soluciona nada con los cuchicheos en los pasillos”, propone.
En la Universidad de Salamanca, que lleva poco más de tres años con un reglamento, las actuaciones abordadas se dirigen a evitar todo tipo de discriminaciones. Así lo refleja el vicerrector de Promoción y Coordinación, Enrique Cabero, que apunta que en el único caso donde pudo atentarse contra la integridad sexual de una persona de la comunidad universitaria “ella misma se dirigió a la jurisdicción penal y es un tema que está pendiente de resolución”.
No obstante, expone que sí hubo decisiones preventivas que resolvieron problemas y otros están en fase de resolución relacionados con la convivencia diaria en los entornos universitarios. “Se han modificado algunos reglamentos, por ejemplo en materia de tribunales extraordinarios de exámenes o de evaluación del alumnado, y también se adoptan medidas por la existencia de posibles riesgos psicosociales y de carácter laboral en algunos servicios de la universidad”, asevera.
Cabero resalta la coordinación y participación en el protocolo a través de una comisión especial de la que forman parte el Defensor de la Comunidad Universitaria, la Unidad de Igualdad, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, representantes del personal y los estudiantes y del Departamento de Servicios Sociales. Este último cuenta con profesionales especializados que “atienden a quien precisa apoyo por su situación anímica o psicológica”, concreta.
Nuevas campañas informativas
Si una situación se considera lesiva el vicerrector salmantino señala que se toman decisiones “aunque no se diera finalmente ninguna sanción administrativa o se detectara alguna acción constitutiva de delito”. Además agrega que para que se denuncien más los acosos que puedan darse en enero de 2018 se realizará una campaña publicitaria que acercará los mecanismos existentes y cómo dirigirse a la comisión especial competente.
Desde la Universidad de León (ULE) Paulino Pardo, en calidad de Defensor de la Comunidad Universitaria, indica que el reglamento garantiza apoyo “a quien se sienta víctima de conductas que puedan entrar dentro de esa consideración recogida por distintas leyes”. Este documento, consensuado con toda la comunidad universitaria, ha tomado como referencia varias regulaciones normativas existentes en universidades de parecido número de alumnado o características similares en funcionamiento a la leonesa, caso de las de Burgos, Salamanca, la pública de Navarra y la Carlos III de Madrid.
Profesorado y estudiantes
En el lado del profesorado, Dámaso Javier Vicente, vocal de la Comisión Arbitral del Protocolo de Prevención de la Universidad de Valladolid, considera que este mecanismo “globalmente” cumple su objetivo “con sensibilidad”. Pese a ello, matiza que quizás “no ha funcionado todo lo bien que debiera” desde los equipos rectorales, los órganos que la conforman y la Defensoría universitaria “ya que sí hubo algunas incidencias que podría decirse que no eran deseables”.
Por ello, explica que no es que el protocolo de prevención no se haya utilizado, “que sí lo ha hecho”, si no que quizás “no se lleva a cabo en los plazos necesarios al no estar terminado de articular, lo que genera cierta falta de coordinación a la hora de actuar entre los organismos que lo componen”.
Por parte de los alumnos, el presidente de la Federación Autónoma de Estudiantes de Castilla y León (Fadae), Fernando Ruiz, pone de manifiesto que los protocolos “están bien pero no se conoce lo suficiente cómo actúan ni se adaptan a las necesidades reales, ya que muchas veces las víctimas de acoso se sienten aisladas y ante esa falta de acompañamiento no se actúa”. Al respecto, explicó que hay que concienciar a quien sufra esta situación de que “puede denunciarla sin ningún problema”, mediante una difusión “con información práctica” de los mecanismos existentes que es “la que realmente ayudará a resolver el problema”.
El estudiante de segundo de Derecho en la Universidad de Valladolid considera que en muchas ocasiones quien puede padecer acoso no sabe cómo hacer frente a la situación y prefiere no denunciar, por lo que debe existir una mayor implicación de toda la comunidad universitaria. “Todos los agentes implicados en el día a día debemos ser partícipes de los protocolos y actuar, llegar y hablar con las víctimas para poder hacer más fácil que denuncien, acompañándolas sus propios compañeros de aula a hacerlo. Nosotros, como estudiantes. debemos ser los protagonistas de este cambio y cuando haya problemas de este tipo saber cómo gestionarlos”, concluye.
