UGT pide al rector abrir un concurso entre funcionarios tras la anulación del nombramiento del jefe de control interno
La sentencia del Juzgado de lo Contencioso número 1 que anula el nombramiento 'a dedo' del jefe de control interno de la Universidad de León (ULE) ha llevado a la Unión General de Trabajadores a exigir al rector, Juan Francisco García Marín, la apertura de un concurso entre funcionarios de carrera para cubrir esta plaza. UGT se pronunció en estos términos tras hacer público el fallo y el recurso presentado por García Marín, al que le instan a asumir un pronunciamiento judicial que, además, condena en costas a la institución académica. Tras subrayar que “no es razonable que el controlador sea designado a dedo por aquel a quien hay que controlar”, el sindicato se pregunta “qué oculta” el rector.
La sentencia está fechada el 22 de julio. Y responde a la demanda judicial interpuesta por UGT contra este nombramiento, que se hizo efectivo a principios del presente año producto de la modificación de la RPT (Relación de Puestos de Trabajo) realizada en agosto del pasado 2018 y que, a juicio de los representantes del sindicato, es “contraria” al Estatuto Básico del Empleado Público. El secretario general de FeSP (Federación de Empleados de Servicios Públicos)-UGT León, José Miguel Martínez Pérez, sostiene que este cargo “debería ser ocupado por un funcionario de carrera” a través de un concurso que permita aplicar los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad al subrayar que el actual jefe de control interno “difícilmente llevará la contraria al rector cuando su puesto de trabajo depende de lo que decida el mismo”.
Citando la sentencia, el sindicato considera avalados sus argumentos, expuestos en su día en la Mesa General de Negociación y en el Consejo Social. Y es que el juez entiende que la labor desempeñada por el jefe de control “no tiene, desde el punto de vista de las funciones, contenido especial que requiera ser cubierta por el sistema de libre designación, ni concurre la necesidad de una especial confianza, dado que se trata de actividades tasadas”. “No se requiere”, concluye en la sentencia, “de una relación de confianza, sino el cumplimiento por funcionarios de carrera con competencia específica, no pareciendo precisamente razonable que el órgano de control se designe a través de la libre designación”.
Así las cosas, UGT censura que el rector haya decidido recurrir la sentencia “anteponiendo su postura al uso eficiente de los recursos públicos y el cumplimiento de la normativa”. “Lo que procedería –contrasta– sería aceptar la misma, anular la contratación que ha realizado a una persona de su confianza y cubrir un puesto tan relevante como el de control interno por el procedimiento de concurso entre funcionarios de carrera”. A este nombramiento ahora anulado por el Contencioso suma el sindicato “presuntos contratos ilegales” en el contexto de una política a la achaca “falta de transparencia”.
Y es que el portal de transparencia de la ULE es el que “menos datos” tiene de entre las cuatro universidades públicas de Castilla y León, según censuró la secretaria del sector de Enseñanza de FeSP-UGT, Cristina Espinosa, antes de remarcar que la posibilidad de solicitar información concreta ha estado vedada “hasta hace varias semanas” por problemas técnicos. “Parece que para esto no hay dinero y sí para abogados”, apuntilló sobre el recurso planteado a la sentencia que anula el nombramiento del jefe de control interno.
Expedientes abiertos por el Comisionado de Transparencia
El caso es que el Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha abierto ya expedientes sobre el presupuesto aprobado por la Fgulem (Fundación General de la Universidad de León y la Empresa) para dedicar al Hospital Clínico Veterinario y el listado de contratos, jornada y destino o función de los trabajadores de la Fundación destinados allí (puesto en cuestión en recientes fechas por el Frente de Estudiantes), sobre el listado de cargos de libre designación existentes y su coste y sobre las actas del Consejo de Dirección de la ULE.
UGT sigue solicitando detalles sobre los gastos en defensa jurídica de los últimos cuatro años, especialmente los pagos a abogados externos, procuradores, convenios con entidades, coste de asesores legales, así como el de abogados y procuradores en los procesos de defensa y reclamación de los censos electorales de los últimos comicios sindicales de 2019. “Parafraseando a Shakespeare en 'Hamlet', algo huele a podrido”, concluyó, tras referirse a todas estas peticiones de transparencia, Espinosa.
