Absueltos Lázaro García Bayón y otros exconcejales de Villaquilambre del delito de prevaricación
Absueltos ocho años después. El exalcalde de UPL y todavía concejal en Villaquilambre, Lázaro García Bayón, y los que fueran con él ediles del tripartito municipal Pilar Reguero (UPL), Manoli Ordás y Julián Sánchez (PSOE) y Jesús García Flórez (del PP, como la sexta investigada, ya fallecida en 2015, Milagros Gordaliza) han sido finalmente exonerados de responsabilidad penal que les atribuía la Fiscalía desde el origen del caso, en el año 2010, por el proyecto de la envolvente bioclimática en el edificio Consistorial de Villaquilambre.
La sentencia del Juzgado de lo Penal número 1 de León es clara a la hora de considerar su magistrada que “no se ha probado que ninguno de los acusados actuara con conciencia de resolver al margen del ordenamiento jurídico, puesto que no existía ningún informe contrapuesto a la legalidad de sus actos, sino todo lo contrario”.
De este modo, la jueza, tras la vista oral celebrada hace apenas nueve días, considera que ninguno de los cinco políticos y expolíticos competieron la prevaricación administrativa por la que la Fiscalía mantenía la pena de ocho años de inhabilitación para ocupación de cargo público, que habría afectado básicamente al leonesista Lázaro García Bayón, el cual incluso se llegó a dar de baja temporalmente de UPL hasta conocerse este actual fallo que definitivamente, salvo recurso, le exonera.
Los argumentos de la defensa de los cinco acusados son considerados en la sentencia como hechos probados, dando así por bueno que ante las dificultades de financiación inicial de la llamada envolvente climática y solar térmica -un 'capuchón' de eficiencia energética para el Consistorio que se estaba ampliando y reformando-, este proyecto fue excluido de una primera adjudicación de 2008, y modificado y redactado como obra nueva en 2010 cuando el equipo de Gobierno supo de la puesta en marcha del Plan E del Gobierno del leonés José Luis Rodríguez Zapatero, por el que se acabó consiguiendo para culminar esta envolvente la cuantía de 2,2 millones de euros.
La jueza llega incluso a considerar incluso el argumento de los acusados de que apostaron “por el bien común” por rematar estas obras incluso, como argumentó Manoli Ordás, a pesar de haber podido dedicar ese dinero o parte de él “a otras obras más ventajosas desde el punto de vista electoral”.
La sentencia deja claro que “no concurren los requisitos exigidos para la tipificación de la conducta imputada como constitutiva de un delito de prevaricación administrativa” porque “las resoluciones dictadas por los acusados (...), aunque pudieran no ser absolutamente escrupulosas con la Ley de Contratos del Sector Público vigente en la fecha, no puede decirse que sean de tal entidad que no puedan ser explicadas con una argumentación técnico jurídica mínimamente razonable”.
“Es más”, continúa la jueza, “el resultado obtenido no fue injusto sino antes bien, los miembros de la Junta de Gobierno consiguieron obtener la financiación necesaria para acometer una obra de mejora que no pudo ser ejecutada al inicio”, de manera que “tampoco existió doble pago” y tampoco “existe ninguna prueba de que la envolvente hubiera sido ya, no sólo inicialmente proyectada, sino también ejecutada”.
