Villaquilambre lleva a pleno al concejal de UPL condenado por agredir a un árbitro en un partido juvenil

Foto de archivo de un pleno extraordinario en Villaquilambre para debatir la imputación del edil Lázaro García Bayón.

Ical

El Partido Popular y las dos concejales no adscritas que forman parte la oposición en el Ayuntamiento de Villaquilambre (León) solicitaron un Pleno Extraordinario para tratar la condena firme del concejal de la UPL, Eleuterio González Toribio, por agredir a un árbitro durante un partido de fútbol entre menores de edad. El actual alcalde ha decidido llevar a cabo la sesión después del Pleno Ordinario, que tendrá lugar el jueves a las 19 horas.

Los acontecimientos tuvieron lugar al final de un partido de fútbol, cuando se formó un tumulto contra el colegiado, que fue increpado e insultado por su actuación y sintió un golpe en la espalda. Como consecuencia de ello, se ha emitido una sentencia firme, puesto que la Audiencia Nacional desestimó el recurso interpuesto contra la condena impuesta por el juzgado de Instrucción número tres de León, por un delito de lesiones con una multa de 30 días que conlleva el pago de una cantidad diaria y otra por responsabilidad civil, al ser señalado el concejal, tanto por la víctima como por un linier, como responsable de los hechos denunciados.

Desde el punto de vista del Partido Popular en el Ayuntamiento de Villaquilambre, los hechos publicados son de “extrema gravedad”, ya que han sido protagonizados por una persona que ostenta un cargo público y además es el concejal responsable del área de Juventud, “desde la que se deben impulsar políticas de respeto, civismo, deportividad, tolerancia y buenas prácticas, y que por supuesto deberían estar presentes en el comportamiento de personas que ostenten cargos de responsabilidad en el ámbito político, administrativo, etc”.

En Pleno Extraordinario, con tres únicos puntos, servirá en primer lugar para que Eleuterio González explique lo sucedido, así como para que los distintos grupos y concejales lo debatan y para que se examine si procede exigirle responsabilidades políticas por su “inaceptable proceder antideportivo por el que ya ha sido condenado por sentencia judicial firme”.

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