Las multas: De los 1.000 euros a Fermín Guerrero a los cero euros de indemnización para el PP
La sentencia conocida hoy tras el juicio por el asesinato de Isabel Carrasco conlleva una importante carga económica en forma de multas en duferentes apartados.
Las más cuantiosas son las que el juez impone a las principales condenadas, Montserrat González y su hija Triana Martínez, las cuales cuando la sentencia sea firme tendrán que abonar 75.000 euros a Loreto Rodríguez Carrasco, hija de la víctima, y otros tantos a Jesús López-Brea Fernández, su pareja sentimental en el momento de su asesinato. “Si solamente fuese considerada autora de los delitos de asesinato y atentado la acusada Montserrat González y las otras dos acusadas, Triana Martinez y Raquel Gago, fueren consideradas cómplices, de las cantidades antes indicadas responderá la primera de las acusadas en su integridad y, subsidiariamente, y por iguales cuotas entre sí, las otras dos; y si la acusada Raquel Gago fuere considerada, en la calificación alternativa ya expuesta, autora del delito de encubrimiento, no deberá abonar indemnización alguna”, matiza en detalle el fallo judicial.
Por otro lado, resulta curiosa la decisión adoptada por el magistrado adoptada en pieza separada aparte, por la cual se ha acordado sancionar disciplinariamente al abogado Fermín Guerrero Faura, por su incomparecencia del día 27 de Enero de 2016 que motivó la suspensión del juicio, con una multa de 1.000 euros, a razón de 50 euros con una cuota diaria de 20 euros. Se trata del 'castigo' por su desaparición entre el martes 26 de enero y el miércoles 27, por espacio de casi 20 horas, que causó no sólo la suspensión del juicio en esta última fecha, con sus consiguientes perjuicios, sino una profunda preocupación por su integridad, convirtiéndose en noticia nacional. Cabe recordar que desde entonces hasta hoy su paradero y si formó parte o no de una estrategia premeditada jamás ha sido desvelado por él públicamente, aduciendo que se trata de un asunto personal y no voluntario.
El magistrado le castiga así como autor de falta disciplinaria, aunque Carlos Javier Álvarez solo hace pública la parte dispositiva de la multa sin entrar a detallar los hechos, porque considera que en su explicación privada hay “datos personales del letrado que no pueden ser revelados”.
Nada para el PP, el juez lo tiene claro
Por último, cabe reseñar que hay una indemnización que el juez no amita: los 100.000 euros pagaderos por las acusadas al Partido Popular de León, dado que Isabel Carrasco era presidenta del PP en el momento de su muerte. “El partido político referido ni alega ni acredita que se le hayan producido perjuicios materiales por la muerte, ni puede reclamar daños morales”, zanja el magistrado, alegando que “dicha pretensión carece de todo fundamento: en primer lugar, porque la propia posición procesal de dicho partido político, como acusación popular, ya contradice la petición, puesto que resulta obvio que, de ser perjudicado, se le habría admitido como acusación particular”.
