El caos de la privatización de los antígenos en Castilla y León con test realizados sin personal sanitario cualificado
La Junta de Castilla y León privatizó la realización de test de antígenos y los dejó en manos de tres empresas que recibirán, según el portal de datos abiertos, más de seis millones de euros por un trabajo encomendado desde el 2 de enero hasta el 31 del mismo mes.
Según el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, “no es más que una previsión” de una situación que podría alargarse hasta febrero “sin en lugar de los 200.000 test previstos se hiciesen más de un millón”. Pero las órdenes de contratos de emergencia que dio la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que ha facilitado la Junta a elDiariocyl revelan la caótica gestión de los mismos. Según qué empresa opere en cada provincia, un dato que no aparece en las órdenes, las pruebas serán realizadas por “personas”, por “técnicos sanitarios” o por “técnicos de emergencias”. Además, los precios por día de esas unidades móviles oscilan entre los 950 y los 8.423 euros por día pero no se precisa cuántas se van a usar sino el máximo del que se dispone.
En las tres órdenes, se menciona la Recomendación del Consejo de la Unión Europea relativa a un marco común para el uso de las pruebas rápidas de antígenos y el reconocimiento mutuo de los resultados de las pruebas diagnósticas de la COVID-19. Entre otras cosas, considera la UE que hay que “garantizar que las pruebas rápidas de antígenos se lleven a cabo por personal sanitario cualificado u otros técnicos debidamente formados, cuando proceda, en consonancia con las especificaciones nacionales y siguiendo estrictamente las instrucciones del fabricante, y que estén sujetas a un control de calidad”. Sin embargo, en las órdenes esta consideración sobre la formación del personal no se cumple.
Los precios según cada empresa
Así, en la orden de Ambuibérica, empresa fundada por un exalcalde del PP, aparece que los test se realizarán en un máximo de 5 unidades móviles de gran capacidad con 4 técnicos en emergencias sanitarias y en un máximo de 20 unidades móviles de pequeña capacidad con 2 técnicos en emergencias sanitarias, así como los precios máximos por jornada de las unidades móviles de gran capacidad, de 1.825,00 euros cada una y el de las unidades móviles de pequeña capacidad, de 950,00 euros cada una. Así los test los harán técnicos en emergencias sanitarias, o lo que es lo mismo, personal que va en ambulancias y cuya función consiste en prestar atención básica sanitaria y psicológica en el entorno pre-hospitalario, trasladar al paciente al centro sanitario, llevar a cabo actividades de tele-operación y tele-asistencia sanitaria, colaborar en la organización y desarrollo de los planes de emergencia de los dispositivos de riesgo previsibles y de la logística sanitaria ante una emergencia individual, colectiva o catástrofe. Nada se dice en esa orden de que tengan que tener una formación específica para la realización de test de antígenos.
En la orden de CSM, otra de las empresas adjudicatarias se precisa que se pondrán a disposición un máximo de 9 unidades móviles con 4 técnicos sanitarios, 3 administrativos o auxiliares administrativos y 3 personas de apoyo y coordinación cada una y que el precio máximo diario por unidad móvil será de 8.423,38 euros.
Por último, en la de Biorama Gijuelo SL, empresa de un exalcalde y exdiputado autonómico del PP que dejó la política hace tres años, se concreta que por la empresa se pondrán a disposición “un máximo de 12 unidades móviles con 7 personas para llevar a cabo las pruebas más un conductor” y que el precio aproximado por unidad móvil será de 5.000,00 euros. Así, en el caso de Biorama ni siquiera se especifica la formación de las “7 personas” que habrá en cada unidad móvil haciendo test.
Por otro lado, las tres órdenes comparten un apartado que dice textualmente que “los efectivos serán suficientes para ocuparse de los accesos al lugar donde se lleven a cabo las pruebas, el mantenimiento de las colas, la distribución de flujos de entrada y salida, etc, con especial atención a las personas de movilidad reducida”. Sin embargo lo que se ha podido ver estos días es que ha sido Protección Civil quién ha intervenido para garantizar la la seguridad y los accesos a estas unidades móviles.
La Junta admite el error tras de doce días y con miles de test efectuados por personal no cualificado
Sanidad de Castilla y León contratará a enfermeras para que supervisen los cribados subcontratados a tres empresas (CSM, Ambuibérica y Biorama) por hasta seis millones de euros. Así lo ha confirmado la Consejería a elDiariocyl después de que el Consejo autonómico de Enfermería informara del compromiso adquirido por la Junta de contratar a estas enfermeras para “supervisar” la toma de muestras, que realizan técnicos de emergencias.
El Consejo de Enfermería asegura que la Junta ha “admitido su error” después de que miembros de su Junta Directiva se reunieran este viernes con el nuevo consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, para exponerle el desacuerdo con la organización de la detección de infección por covid-19 mediante test de antígenos por las unidades móviles a personas con síntomas y pacientes con positivo en farmacia para su confirmación.
