La Diputación estuvo dos días 'intervenida' por la detención por corrupción de Marcos Martínez

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C.J. Domínguez

Dos días, casi 48 horas, estuvo paralizada la provincia a causa de la detención el pasado lunes del presidente de la Diputación de León, Marcos Martínez Barazón, dentro de la 'Operación Púnica' contra una trama de corrupción nacional. Se trató de facto de una suerte de 'intervención' pero no precisamente por decisión del juez de la Audiencia Nacional que lleva la investigación judicial.

En realidad el problema fue que en la urgencia de ser retenido primero en la Diputación, mientras los agentes de la UCO de la GUardia Civil practicaban los registros ordenados por el magistrado, y posteriormente en los calabozos de la Comandancia de la Guardia Civil de León (donde este periódico ha confirmado que estuvo la mayor parte del tiempo), el presidente sustituto de Isabel Carrasco no tuvo tiempo material para firmar un decreto vital para el normal funcionamiento de la institución en su ausencia: su delegación de funciones en algún otro miembro del equipo de Gobierno del PP.

Desde ese momento, todos dieron por hecho que las riendas institucionales y, sobre todo, administrativas habían sido tomadas por el vicepresidente primero de la Diputación, Francisco Lupicinio Rodrigo, pero ero era imposible sin el decreto firmado de su puño y letra por Martínez Barazón.

De este modo, se paralizó cualquier trámite de los muchos y muy importantes que requieren la firma del presidente. Algunos tan importantes como todo tipo de pagos, incluyendo nóminas, los ingresos a otras corporaciones locales, Ayuntamientos (208) y Juntas Vecinales (más de 1.400), y especialmente decisiones organizativas internas del equipo de Gobierno para tratar de retomar un mínimo de normalidad en la Corporación provincial. Este medio ha sabido que finalmente tuvo que reclamarse a través de una providencia judicial la firma de ese decreto de delegación de funciones y a partir de hoy se ha recobrado la normalidad en este sentido.

Pero sólo en este sentido. Porque el ambiente en el Palacio de los Guzmanez, sede de la Diputación, era esta mañana gélido y desolador. No sólo en la planta 'noble' donde se ubica Presidencia y los despachos de todos los diputados del PP, sino en la mayor parte de los servicios y áreas del Palacio. Incluso en los despachos del 'sótano', es decir, los de los tres grupos de oposición (PSOE, UPL y los No Adscritos de Matías Llorente), donde sí que al menos hubo presencia de sus respectivos portavoces, algunos de ellos “alucinados” con la sucesión de acontecimientos pero también con la nula información que reciben del equipo de Gobierno sobre cualquier tipo de decisión.

El jugoso contrato de eficiencia energética con Cofely

Uno de los asuntos más comentados era el más abultado de los contratos que más han sumado ante el juez de la Audiencia Nacional para detener e imputar a Martínez: el contrato de 13 millones de euros para poner en marcha el llamado “Plan de Ahorro y Eficiencia Energética del Alumbrado Público Exterior en los municipios de la provincia” y promovido desde 2012 por la presidenta Isabel Carrasco.

Ha trascendido que a este concurso, que suponía el desembolso de esos 13 millones por la gestión de 15 años del alumbrado público de un ttal de 68 municipios leoneses (todos los que se habían sumado sin excepción eran del PP), concurría la empresa Cofely, implicada de manera principal en la trama de pago de comisiones a los políticos. En el caso de la Diputación, este contrato estaba en fase de adjudicación, y por lo tanto no se había sellado, pero según se da por bueno en la investigación, al ser el modus operandi de la trama, habría supuesto una 'mordida' personal de casi 400.000 euros.

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