EXCLUSIVA ILEON.COM: PLEITO POR EL PATRIMONIO

Sierra Pambley denuncia a la Diputación por el 'robo' franquista del Monte San Isidro

La entidad reclama una indemnización que podría ser mulmillonaria por el incumplimiento sistemático por parte de la institución provincial de usar para fines sociales las 133 hectáreas que la Fundación 'cedió' bajo presiones, que la Diputación disfruta desde 1949 y que Isabel Carrasco se empecinó en aprovechar para otros intereses con "temeridad, mala fe y desprecio", según la demanda judicial interpuesta.

imagen
La Fundación 'vendió' a la Diputación 133 hectáreas para uso social. Y sin embargo se usa para fines tan poco sociales como el Parque Móvil provincial / C.J.D.
Carlos J. Domínguez | 12/01/2016 - 10:45h.

Todo está abocado a que sean los tribunales de justicia los que decidan sobre uno de los asuntos más espinosos a los que se enfrenta la Diputación de León: la cesión bajo presión franquista de la friolera de 133 hectáreas que pertenecían a la Fundación Sierra Pambley y que disfruta la institución pública desde el año 1949 en lo que se denomina Monte San Isidro, el pulmón verde de la capital leonesa, situado entre la carretera de Carbajal y la carretera de Asturias.

Según ha podido confirmar iLeon.com en exclusiva, la Fundación tras años desoídos de insistencia en una negociación, acaba de interponer una denuncia que amenaza con provocar alguno de estos dos graves problemas para la Diputación: o la pérdida y devolución íntegra de aquellos valiosos terrenos, donde hoy se ubica todo el complejo administrativo de San Cayetano, el Parque Móvil provincial y el propio parque Monte San Isidro; o bien una indemnización que podría ser multimillonaria.

La demanda, dirigida al Juzgado Decano de Leon, fue interpuesta el pasado 1 de septiembre y fuentes oficiales de la Diputación de León se han limitado a confirmar a iLeon.com que efectivamente ya se les ha notificado de manera formal, sin entrar aún a valorar su trasfondo pero reconociendo que se trata de un problema político heredado después de que en abril de 2014 la entonces presidenta de la institución, Isabel Carrasco, rechazase todo tipo de alegaciones planteadas por la Fundación, así como se negase a siquiera reunirse con sus responsables para retomar una vía de solución que sí se había aplicado de manera temporal entre los años 1999 y 2004 vía convenio como compensación para retener la propiedad del Monte San Isidro a pesar de incumplirse de manera flagrante los fines sociales para los que se había 'cedido' aquel valioso terreno en 1949.

"Neutralizada por la fuerza de la dictadura"

En aquel contrato, la institución provincial se hacía con 133 hectáreas al irrisorio precio simbólico de 1,25 pesetas/metro cuadrado (en total, 1.700.000 millones de pesetas), pero con la obligación de devolver esa enorme finca o indemnizar en metálico a la Fundación si la Diputación no la usaba para fines estrictamente sociales. Documentos de la propia Diputación admitían que aquella adquisición fue una cesión forzada por el Franquismo, literalmente "gracias a una autorización política que hoy resultaría francamente cuestionable (...) en un momento en que el legítimo Patronato de la Fundación estaba neutralizado por la fuerza de la dictadura", después de haber represaliado e incluso fusilado a varios de sus responsables, como ya destacó este medio hace año y medio.

El fondo del asunto, y de la actual demanda, es que la Diputación lleva décadas y especialmente desde los últimos años saltándose a la torera la cláusula del contrato por la cual era obligatorio destinar aquellas golosas 133 hectáreas del Monte San Isidro a fines estrictamente sociales o bien la Fundación podría recuperar su propiedad 'usurpada'. En concreto, el contrato de hace casi 69 años obligaba a la Diputación a dos proyectos concretos: la construcción del Hospital Provincial y el Hospicio.

El primer proyecto jamás se cumplió y la Diputación acabó haciendo el Hospital -Monte San Isidro- en los Altos de Nava, donde hoy se encuentra. El Hospicio sí se ejecutó en el llamado complejo de San Cayetano para albergar a niños sin familia. Sin embargo, también en este uso se comenzó a incumplir las condiciones del contrato desde que en 1991 dejaron de residir los últimos pequeños.

San Cayetano, de albergar huérfanos a acoger 300 funcionarios

En su lugar, la institución construyó su Parque Móvil Provincial, ubicó la Imprenta Provincial y otros muchos servicios internos de fontanería o electricidad; construyó el actual Parque Natural San Isidro, ya con advertencia de la Fundación de que se incumplían los acuerdos, albergó la Escuela Taller de Medio Ambiente o hasta una Escuela de Hostelería.

Pero las gotas que colmaron el vaso de la Fundación Sierra Pambley fueron dos: la maniobra especulativa para construir en 2004 junto con el Ayuntamiento de León la friolera de 600 viviendas, proyecto que se vino abajo por la negativa de la entidad y la presión social, vecinal y ecologista; y la decisión de Isabel Carrasco de reconvertir San Cayetano en un centro de servicios administrativos en los que desde entonces -y con gran desagrado de muchos- trabajan allí unos 300 funcionarios. O sea, fines sociales cero.

Por último, el actual pleito también argumenta y pone en jaque la Zona Natural de Esparcimiento del Monte San Isidro, declarada en 2012, vendida a bombo y platillo como la casa de campo de la ciudad fruto del inicial buen rollo demostrado por Isabel Carrasco, el entonces consejero de Fomento y Medio Ambiente, Antonio Silván, y el alcalde de León, Emilio Gutiérrez. Una figura con la que Carrasco pretendía escudarse alterando la calificación urbanística como zona de dominio público y rechazando una vez más las alegaciones de la entidad sin ánimo de lucro, que no se resignaba a una maniobra unilateral de la que la presidenta ni siquiera informó a los grupos políticos.

Otra herencia envenenada del 'Carrasquismo'

Los intentos de negociación de Sierra Pambley fueron continuos, argumenta la denuncia; y contínuas las negativas de Carrasco a siquiera sentarse a dialogar. Hasta el punto de que en 2014, pocos meses antes de morir asesinada, incluso promovió un nuevo giro urbanístico en la zona para tratar de saltarse a las bravas el escollo, admitiendo en público ante la investigación de iLeon.com que su posición acabaría en un pleito porque no tenían pretensión de dar su brazo a torcer. De aquellos polvos, estos lodos: la denuncia de la Fundación que ahora se materializa.

Por eso, ahora Sierra Pambley reclama ahora que la Justicia ordene la aplicación de las cláusulas del viejo 'contrato/robo' y fije "una indemnización en metálico cuya cuantía será la diferencia entre el precio de venta y el valor real de la finca, excluidas las edificaciones que existan", un cálculo en cientos de miles de euros o incluso millones que deberá cuantificar un perito arquitecto independiente. En caso de sentencia favorable, la Fundación advierte al juez que ese dinero se destinaría íntegramente a poner en marcha nuevos proyectos sociales y formativos.

La Fundación también reclama que la Diputación de León pague las costas, "habida cuenta de la temeridad y mala fe con la que ha venido actuando, despreciando las propuestas de negociación y no resolviendo la reclamación previa como requerimiento para evitar el procedimiento contencioso".

publicidad

También te puede interesar

Deja tu comentario
publicidad
publicidad