El PP no tiene ni idea de si las asesinas de Carrasco son aún afiliadas al partido pero teme que sí
Parece inaudito pero en el Partido Popular no sabe si las dos mujeres acusadas del asesinato de la presidenta de la Diputación y de este partido en la provincia de León, Isabel Carrasco, en mayo de 2014 son aún a día de hoy, mientras se las está juzgando en la Audiencia Provincial, afiliadas de pleno derecho de la formación que preside Mariano Rajoy.
El Comité de Derechos y Garantías del PP tramita casi desde que ocurrieron los sangrientos hechos sobre la pasarela del río Bernesga el expediente abierto contra Montserrat González y su hija Triana Martínez, dada entonces su condición de miembros de pleno derecho del PP desde hacía años. Aquel mismo día, por la gravedad de los hechos y su casi automática detención, así como la autoinculpación de la madre, y mientras algunas voces comenzaban a ver en la 'ejecución' a plena luz del día de Carrasco una motivación estrictamente política, ambas fueron suspendidas de militancia de manera fulminante.
Sin embargo, esa suspensión es sólo cautelar en tanto no se resuelve el expediente que fue abierto a continuación. Los estatutos del PP son extraordinariamente garantistas de los derechos de sus miembros y, como recordaba hace meses el sustituto de Isabel Carrasco al frente de los populares leoneses, el presidente provincial Eduardo Fernández, “no prevén unas circunstancias de tal magnitud como un asesinato”.
Necesaria una condena firme
De hecho, esos estatutos sólo conciben una expulsión definitiva en los casos en los que existe una concena en firme, cuando se produce un encarcelamiento que no sea provisional en fase de investigación o instrucciones judiciales previas o se acredite la responsabilidad “de manera judicialmente acreditada”. Es decir, poco menos que con una sentencia condenatoria. Y en el caso de Monserrat González y de la joven Triana Martínez que llegó a formar parte de listas electorales hasta 2011, su encarcelamiento sigue siendo provisional y la sentencia aún no está dictada.
Para más inri, en el caso de la madre parece claro que habrá condena por el delito de asesinato y teniencia ilícita de armas, porque se ha declarado autora de los cuatro disparos mortales, pero está por ver si la hija obtiene finalmente condena o no, y en qué grado, dependiendo de la decisión que finalmente adopte el jurado popular que estos días juzga a ellas dos y la policía local Raquel Gago por idénticos delitos.
“No hemos localizado aún el documento”
iLeon.com lleva semanas esperando respuesta del PP, a través de Eduardo Fernández, sobre la confirmación del resultado final de aquel expediente de expulsión. “Entiendo que sí, que se ha resuelto, y así lo entienden también en Madrid las personas que he estado consultando, pero la verdad es que no hemos localizado aún el documento que lo corrobore”, afirmó a preguntas de este medio de comunicación.
El mismo Fernández admitió que la búsqueda del expediente disciplinario tramitado se complicaba al paso de los días y todo porque “la persona que los tenía organizados y conocía perfectamente falleció el año pasado y la verdad es que hay un cierto caos en Madrid” que estaba imposibilitando la localización de la documentación necesaria para saber si Montserrat y Triana seguían siendo, de hecho, afiliadas del PP aún hoy, o por el contrario la fecha en la que su expulsión definitiva se hubiera producido. El paso de tantos días hace temer seriamente que, al contrario de lo que dicta la lógica, ambas afiliadas y acusadas de asesinato aún sean sobre el papel miembros de pleno derecho del Partido Popular.
De hecho, en junio de 2015, el propio Eduardo Fernández admitía a iLeon.com que la conclusión del expediente “obligatoriamente se acompasará a la instrucción judicial”, y estimaba entonces que de media este tipo de trámites internos suelen tardar “no menos de cuatro o seis meses”, quizá más en este caso sobre el que todavía pesaba entonces el secreto de sumario.
Gavilanes, abogado del PP... y de Marcos Martínez en la Púnica
Por último, recordar que el Partido Popular está personado en el juicio contra ambas mujeres en calidad de acusación particular, representados en este caso por el abogado leonés Ricardo Gavilanes, el mismo que defiende los intereses del ex presidente de la Diputación y alcalde del municipio de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, mano derecha de Carrasco y sucesor de aquella a su muerte, sobre el que recaen seis imputaciones de gravísimos delitos de corrupción tras haber sido 'pillado in fraganti' tras la Operación Púnica ordenada por la Audiencia Nacional. Aquel caso sí hizo que los resortes internos del partido fueran inmediatos, de manera que Martínez Barazón fue expulsado del PP estando aún en prisión por orden del juez de la Audiencia Eloy Velasco.
