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JUICIO POR EL ASESINATO DE ISABEL CARRASCO

La defensa mantiene que Triana elaboró el temario de su propia oposición pero Carrasco luego exigió "total imparcialidad"

El responsable de Personal de la Diputación admite que "yo nunca" habría permitido ciertos detalles extraños del desarrollo de la prueba que finalmente la eliminó, así como certifica que Carrasco tenía la potestad de nombrar al tribunal calificador. El diputado Raúl Valcarce admite que la presidenta también revisó las preguntas pero "insistió muchísimo en que quería un tribunal totalmente limpio".

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Ángel Lescún, responsable de Recursos Humanos de la Diputación.
C.J. Domínguez / M. Cuervo | 03/02/2016 - 09:18h.

A la acusada por el asesinato de Isabel Carrasco, Triana Martínez, se le encargó desde la propia Diputación en la que trabajaba como funcionaria interina elaborar los temarios de la propia oposición de Técnico de Telecomunicaciones a la que posteriormente se presentó. Así lo aseguró la defensa de la joven acusada del asesinato durante su interrogatorio, entre otros, al jefe de Recursos Humanos de la institución, Ángel Lescún. Éste aseguró desconocer la procedencia directa, a través de un correo electrónico remitido por la propia joven, que su letrado insistió por dos ocasiones conocer. Pero a Lescún sólo le consta que ese temario procedió del área de Cooperación, nada más.

A pesar de todo, y tras la revisión del temario por parte de la propia Carrasco, como también explicó que era normal el diputado provincial responsable de Personal, Raúl Valcarce, la joven funcionaria acabó sacando un 2,2 y de este modo quedando fuera de la opción de pasar a ser funcionaria de manera definitiva. Por cierto, que también el político negó y aseguró desconocer esta curiosa circunstancia de que alguien que va a presentarse a un examen elabore el temario del mismo.

Lescún admitió a preguntas que "yo nunca" habría permitido ciertos "detalles extraños" del desarrollo de la prueba que finalmente la eliminó, a preguntas del abogado defensor de la joven trabajadora y su madre, asesina confesa de la presidenta, aunque a renglón seguido insistió en que lo que a él le consta es que todo fue legal. Se refería a detalles como que el secretario de la oposición se ausentara el día de la prueba con la única persona que había superado el corte de la primera prueba por espacio de casi 20 minutos o que su examen fuera remitido a un experto en Valladolid.

Del mismo modo, el responsable técnico de Personal certificó que Isabel Carrasco tenía la potestad de nombrar al tribunal calificador y que en esta ocasión, de manera muy escepcional, lo hizo con más personas ajenas a la Diputación de lo habitual. Algo que Lescún explicó por lo complejo y específico del temario para un puesto tan técnico.

Valcarce: "La presidenta insistió muchísimo en un tribunal limpio"

Un detalle éste sobre el que también se pronunció con contundencia el propio Valcarce, el responsable político del área bajo las órdenes de Carrasco. Preguntado por la abogada de la acusación que representa a la hija de la víctima, Raúl Valcarce fue tajante: "La presidenta insistió muchísimo en que hubiera un tribunal totalmente limpio y que no hubiera ningún tipo de problema" al objeto de "garantizar una imparcialidad total".

Claro que a preguntas del letrado de la defensa de las dos mujeres, José Ramón García, Valvarce había negado conocer que Triana llegara a elaborar su propio temario en la época en la que sus relaciones personales y profesionales con Carrasco eran buenas.

Los "40 dieces" de auxiliar administrativo

La estrategia de la defensa pasó también por comparar el proceso selectivo de Triana Martínez con otros precedentes que habían sido todo un escándalo apenas unos meses antes. Como aquellas oposiciones para 40 auxiliares administrativos en los que "40 personas sacaron dieces y todos eran familiares y amigos del PP", le espetó el letrado a Ángel Lescún. "No, todos no", se defendió éste, recordando que el hecho de que uno de ellos fuera su propio hijo le ha supuesto incluso problemas judiciales para defender la limpieza del proceso.

Igualmente, Lescún admitió que el de Triana ha sido el único caso de reclamación de cantidades presuntamente indebidamente cobradas ocurrido en la Diputación, al menos en el mandato de Carrasco, pero insistiendo en que cuando se apreció este hecho "es nuestra obligación" reclamarlo, algo en lo que por cierto también insistió en su brevísima declaración Ana María García Atienza, actual tesorera.

Un 'olvidadizo' Pano

"No lo sé", "no lo recuerdo", "no me doy cuenta" y varias fórmulas similares fueron las utilizadas a casi todas las preguntas por el ex vicepresidente de la Diputación, Cipriano Elías Martínez (conocido como Pano), ante las preguntas de los abogados cuando querían saber especialmente el brusco cambio de las relaciones entre Carrasco y Triana Martínez, qué trabajos como favores pudo hacer la acusada fuera de la institución, entre otras cuestiones. Tan sólo relató con más detalle que fueron él y Javier García Prieto, entonces presidente, los que avalaron o 'apadrinaron' a la joven dentro del PP y que se la seleccionó después "en una bolsa de trabajo" como interina. Si bien ni él ni nadie, tampoco Lescún, supo concretar la nota que sacó o en qué consistió aquella primera prueba de acceso al Palacio de los Guzmanes.

El resto de la cortísima jornada de juicio de hoy se fue con las breves intervenciones de los testigos Laura Delgado, arquitecto técnico del SAM de Diputación, que de ser hasta cierto punto amiga de Triana en aquellos primeros años hoy mantuvo una amplia distancia en sus respuestas, por ejemplo justificando que "es normal que alguien ante unas oposiciones estuviera nerviosa" en la época en la que la técnico ha asegutrado estar siendo acosada; o Diego Armesto, actual interventor de la institución provincial.

"Costó más el collar que el perro"

A él la defensa de Triana estuvo muy centrada en demostrar, como resumió el letrado García, "que valía más el collar que el perro", en referencia al mucho dinero que cobró el abogado Alejandro García Moratilla para reclamar judicialmente las cantidades presuntamente cobradas de más por Triana cuando se llevaba bien con la presidenta y que se le exigió pagar después de abandonar su puesto. Armesto llegó a admitir que, en términos generales, García Moratilla venía cobrando en varias facturas al año un montante total de unos 60.000 euros.

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