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CASO 'GÜRTEL'

Tres leoneses serán juzgados por los chanchullos de la trama 'Gürtel' en Boadilla del Monte

La Audiencia Nacional abre juicio oral por las irregularidades de la trama 'Gürtel' en el municipio madrileño a los empresarios José Luis Ulibarri, José Luis Martínez Parra y el abogado José Ramón Blanco Balín. La Fiscalía pide penas de inhabilitación y de prisión que van de los 7 a los 9 años y fianzas millonarias.

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ICAL. El editor de Edigrup, José Luis Ulibarri (I), junto al presidente del Consejo de Administración de Soriana Ediciones, Francisco Rubio Garcés.
ileon.com | 30/06/2016 - 17:37h.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral contra 27 acusados en la pieza separada del caso Gürtel en la que se investigan las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte, Madrid.

El juezal declara la responsabilidad civil de 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo dentro las presuntas actividades ilícitas de la trama. El titular del Juzgado Central de Instrucción 5 envía a juicio, entre otros, a Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Arturo González Panero, José Galeote, César Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch Tejedor, Alfonso García Pozuelo o Jacobo Gordon. Entre ellos hay tres nombres leoneses, los de los empresarios José Luis Ulibarri (Grupo Begar, Diario de León) y José Luis Martínez Parra (Grupo Martínez Núñez), o el abogado bembibrense José Ramón Blanco Balín.

La Audiencia impone fianzas que suman un total superior a los 150 millones de euros en concepto de multas y responsabilidad civil, a lo que se suma el tercio establecido por ley. Las fianzas más altas corresponden a Correa, con más de 32 millones de euros; Crespo, con casi 24 millones, y González Panero, con 23,6 millones. En el caso de los leoneses la fianza para José Ramón Blanco Balín asciende a 1.280.000 euros; a José Luis Ulibarri 6.157.333 euros y a José Luis Martínez le impone 5.106.666 euros.

Se decreta la apertura de juicio oral por si los hechos investigados en esta pieza fueran constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos e insolvencia punible.

En el auto se describen todas las operaciones presuntamente irregulares investigadas, de algunas de las cuales supuestamente se benefició el PP, "consiguiendo que las empresas de la organización abonaran los costes de los distintos actos políticos organizados por y para el partido" y que se cifran en un total de 204.198,54 euros.

La resolución señala a la Sala de lo Penal como el órgano competente para el enjuiciamiento de esta pieza y concede un plazo de diez días a los acusados, responsables civiles y al partícipe a título lucrativo para que presenten sus escritos de defensa.

En otros dos autos, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional rechaza los recursos contra la incoación y la transformación a procedimiento abreviado de la presente pieza separada.

Por otro lado, en la pieza en la que se investiga la contratación de las pantallas y megafonía con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006, De la Mata ha dictado otros dos autos en los que rechaza el recurso de la Abogacía General de la Generalidad Valenciana contra el auto de transformación a procedimiento abreviado, así como el de nulidad de actuaciones frente a la apertura de juicio oral presentado por Luis Sabater. En este caso también se juzga también a José Luis Martínez Núñez y a José Ramón Blanco Balín.

Adjudicaciones irregulares de parcelas a cambio de comisiones

Según el juez en el caso de José Luis Ulibarri una de sus sociedades, UFC, SA, habría pagado una comisión de 580.000 euros (IVA incluído) por la adjudicación de la parcela 1.A de la manzana M-7, de la UE-12 del Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte. Según el auto en esta adjudicación participó Gordon Levenfeld "ayudando a encubrir la comisión ilícita por medio de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones, SL". El juez cree que la adjudicación de la parcela a UFC provocó un quebranto de 4 millones de euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y que la comisión pactada fue de 1 millón de euros.

En el caso de José Luis Martínez Parra su empresa Teconsa se habría adjudicado a cambio de comisiones "los contratos referidos a las obras de la piscina municipal cubierta del Polígono Las Eras y a las obras de colegio de enseñanza primaria 18 Uds., gimnasio y colegio de educación infantil 9 Uds. y comedor de los sectores 3 y 4, así como los contratos referidos a las obras de edificación de 96 viviendas con protección pública, obras de edificación de 80 viviendas y obras de edificación de 57 viviendas de promoción local". El juez apunta a un pago de comisiones millonarias por llevarse estas obras entre los años 2001 y 2007, favoreciendo las adjudicaciones los cargos políticos a cambio de reparto del coste de las obras.

El considerado 'cerebro financiero' de la trama Gürtel, el abogado bembibrense José Ramón Blanco Balín, se le acusa de contribuir a blanquear fondos de comisiones ilegales relacionados con operaciones en Boadilla del Monte y de beneficiarse de adjudicaciones en el Ayuntamiento.

Peticiones de pena para los leoneses por el Ministerio Fiscal:

Al empresario José Luis Ulibarri (7 años y 1 mes de prisión)

  • Por el delito de prevaricación relacionado con la adjudicación a UFC SA de la parcela 1.A de la manzana M-7, de la UE-12 del Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, la pena de 9 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • Por el delito de fraude a las Administraciones Públicas relacionado con la adjudicación a UFC SA de la parcela 1.A de la manzana M-7, de la UE-12 del Polígono 8, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte, las penas de 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años.
  • Por el delito de tráfico de influencias relacionado con la adjudicación a UFC SA de la parcela 1.A de la manzana M-7, de la UE-12 del Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte la pena de 11 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena.
  • Por el delito contra la Hacienda Pública por el concepto de IVA de UFC SA correspondiente al año 2006, las penas de las penas de 2 años y 2 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; 320.000 € de multa con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de 2 meses y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de los beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social durante el período de 4 años.
  • Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil relacionado con las facturas emitidas por CGI a UFC SA, las penas de 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y de 11 meses de multa con una cuota diaria de 200 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago conforme a lo previsto en el art. 53.1 CP.

Al empresario José Luis Martínez Parra (9 años de prisión)

  • Por el delito continuado de prevaricación relacionado con los contratos adjudicados a TECONSA desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y desde la EMSV, la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 9 años.
  • Por el delito de fraude a las Administraciones Públicas relacionado con los contratos adjudicados a TECONSA desde el Ayuntamiento de Boadilla del Monte y desde la EMSV, las penas de 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 8 años.
  • Por el delito continuado de falsedad en documento mercantil relacionado con las facturas emitidas por CRESVA SL a TECONSA (y los contratos que las sustentan formalmente), las penas de 2 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y de 10 meses de multa con una cuota diaria de 100 € con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago conforme a lo previsto en el art. 53.1 CP.
  • Por el delito continuado de cohecho activo relacionado con los pagos desde TECONSA a GONZÁLEZ PANERO, MARTÍN MORALES y BOSCH TEJEDOR, las penas de 5 años de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y multa de 3.800.000 € con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago conforme a lo previsto en el art. 53 CP.

Al abogado Ramón Blanco Balín (8 años y 6 meses de prisión)

  • Por el delito continuado de prevaricación relacionado con la adjudicación del derecho de superficie sobre las parcelas MP23 P2, P3 y P4, la pena de 11 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público.
  • Por el delito de fraude a las Administraciones Públicas relacionado con la adjudicación del derecho de superficie sobre las parcelas MP23 P2, P3 y P4, las penas de 2 años y 6 meses de prisión con inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena y de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de 9 años.
  • Por el delito de continuado de cohecho activo relacionado con los pagos a BOSCH TEJEDOR vinculados con la adjudicación del derecho de superficie sobre las parcelas MP23 P2, P3 y P4, las penas de 6 años de prisión con inhabilitación.
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