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TRIBUNALES

Inhabilitación para cargo público: el precio por negar el acceso a información a los ciudadanos

El juzgado de lo Penal número 1 de León ha condenado al exalcalde de Palacios del Sil a una condena de dos años de inhabilitación de cargo o función pública por negar acceso a documentación a una vecina y concejales de la oposición.

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Fernando Fernández Astorgano, exalcalde de Pálacios del Sil.
ileon.com  | 30/03/2017 - 19:55h.

Negar información a un vecino o un concejal de la oposición puede tener un precio penal, la inhabilitación para el ejercicio de cargo o función pública. Es la conclusión que se puede extraer de la sentencia del juzgado de lo Penal número 1 de León que condena a Fernando Fernández Astorgano, exalcalde de Palacios del Sil (2011-2015) a una pena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público por dos años por negar acceso a documentación a una vecina y varios concejales de la oposición.

La sentencia, recurrible, está firmada por el juez Fernando Morano y aplica el tipo penal de delito contra los derechos cívicos (art. 542 del Código Penal). No obstante, Fernández Astorgano (alcalde por el PP) sólo resultó condenado por este delito a dos años frente a los tres que solicitaba la Fiscalía y el delito de prevaricación administrativa que solicitaban las acusaciones particulares y del que le eximió el juez.

En la sentencia el juez señala como probado que "consta acreditada, en atención a la legislación y jurisprudencia, la comisión de delito contra los derechos cívicos por parte de Fernando Fernández Astorgado". La imputación parte de una acusación en el año 2013 de una vecina que solicitó por escrito en diversas ocasiones autorización para acceder a diversos expedientes urbanísticos, a los que sólo tuvo acceso parcial y en una ocasión. Además, la sentencia explica que Fernández Astorgano impidió el control e intervención en los asuntos municipales a concejales de la corporación entre los años 2011 y 2014, señalando condiciones de acceso a documentación y facturas que nunca se llevaban a cabo. Para ello les anunciaba que se iba a poner una fecha para poder ver la documentación en compañía de un trabajador municipal, pero dicha fecha nunca se concretaba.

Fernández Astorgano negó los hechos que se le imputaban en el juicio y achacó su precipitada dimisión del cargo a finales de 2015 a causa de que las peticiones de información de la oposición obstaculizaban el funcionamiento normal de la institución. Pero la secretaria municipal y varios concejales en el momento de los hechos enjuiciados ratificaron la imposibilidad de acceso a documentación por culpa del alcalde y que no fijara fechas para ver la documentación. En el caso de la vecina denunciante sólo después de llevar a los tribunales el asunto se le dio una fecha para el acceso la documentación solicitada.

La secretaria municipal, responsable de la legalidad en un consistorio, aseguró ante el juez que la documentación no se entregó debido a que quien tenía la competencia expresa para autorizarlo, el alcalde, nunca la dio, "a pesar de tener conocimiento de esas peticiones" tal y como él mismo reconoció en el juicio.

El exalcalde también ha sido condenado al abono de la mitad de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. Fernández Astorgano abandonó la política activa en otoño de 2015 presentando su dimisión tras meses sin convocar pleno municipal y enfrentado con sus propios compañeros de partido.

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