Los grupos de las Cortes reclaman que comparezca el consejero de Fomento para explicar sus llamadas con Ulibarri
Las revelaciones del sumario de la Operación Anticorrupción Enredadera sobre las conversaciones del Consejero de Fomento, el leonés Juan Carlos Quiñones, y el de Presidencia de la Junta de Castilla y León, José Antonio de Santiago-Juárez, han provocado la reacción unánime de la oposición en las Cortes de Valladolid exigiendo que den explicaciones públicas de su relación con el empresario encarcelado José Luis Ulibarri.
El portavoz de Ciudadanos en Castilla y León, Luis Fuentes, pidió hoy esas explicaciones tanto al consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, como al alcalde de León, Antonio Silván, por presuntamente haber facilitado “información privilegiada” en el marco de la conocida como operación Enredadera.
Para ello, la formación naranja registró hoy la solicitud de comparecencia del responsable autonómico al entender que los ciudadanos “se merecen unas explicaciones que hay que dar en el lugar de la soberanía del pueblo”.
Fuentes incidió en la necesidad de que los cargos públicos sean “tremendamente transparentes” para dar un servicio público a la ciudadanía y no encontrarse inmersos en “el ojo del huracán” de ninguna posible sospecha, por lo que rechazó las presuntas implicaciones de los responsables políticos como consecuencia del “compadreo” con los principales implicados de una operación “generalizada” en Castilla y León en una actitud “inaceptable”.
Como ya hizo ayer el Grupo Municipal Ciudadanos en el Ayuntamiento de León, Luis Fuentes recalcó la importancia de convocar un pleno extraordinario en la capital leonesa —como hoy ha anunciado el alcalde— para que Silván pueda dar explicaciones “no en privado y en sitios cerrados como están acostumbrados”, sino que los ciudadanos de Castilla y León merecen “luz y taquígrafos”.
Después de la imputación del concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de León, José María López Benito, que le llevaron a dejar sus funciones aunque no así su acta como edil, la formación naranja retiró su apoyo al equipo de Gobierno. “No tenemos ningún acuerdo de gobierno, tenemos acuerdos de investidura para poner en marcha la legislatura”, aclaró Fuentes, quien recordó a los 'populares' que no podrán contar con ellos “mientras hayan imputados en las instituciones públicas”.
El PSOE solicita que se reúna la Diputación Permanente de las Cortes para convocar la sesión extraordinaria
El Grupo Socialista del hemiciclo autonómico exigió, según una nota de prensa, la convocatoria de la Diputación Permanente por la “extrema gravedad” de los hechos que implican a miembros del PP en la trama Enredadera.
El Grupo Parlamentario Socialista reclamó la comparecencia en Pleno de los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, para que den explicaciones de la vinculación de la Junta con la trama de corrupción Enredadera.
Así lo señaló el secretario general del Grupo Socialista, José Francisco Martín, quien registró, junto con el presidente del Grupo, Pedro González, la solicitud para que se celebre la Diputación Permanente y se pueda así celebrar el pleno en el que ambos den explicaciones tras las últimas informaciones que vinculan a Suárez-Quiñones y también al alcalde de León, Antonio Silván, (miembro de la nueva Ejecutiva de Pablo Casado) y tras las informaciones en las que se plasman diversas conversaciones de supuestos tratos de favor.
Martín afeó al PP y a la Junta que “lejos de alejar a Castilla y León” de la corrupción la han situado en el epicentro de la misma. Además, con hechos de hace unos meses, lo que demuestra que “la corrupción sigue dentro del PP y siguen empleando estos métodos”.
“Que la Junta haga públicos los contratos con Ulibarri”
Además, el PSOE pedirá en las Cortes toda la relación de contratos de la Junta con las empresas de Ulibarri a cuyo grupo de comunicación, por ejemplo, el Ejecutivo entregó once millones de euros en 2017. En todo caso, recordó, son relaciones múltiples, pero, en este caso, con la Consejería de Fomento, que gestiona mucho dinero y obra pública, sostuvo que “desde 1991 todos sus consejeros han estado implicados de una u otra forma con tramas de corrupción. Desde Merino, condenado, Fernández Santiago, no condenado por la prescripción de los delitos, y ahora Silván y Suárez-Quiñones”.
Podemos, que dimita Herrera si no lo hacen Silván, Ana Rosa Sopeña y Suárez-Quiñones
Por su parte, el líder de Podemos en Castilla y en León (y a la vez del Grupo en las Cortes de Valladolid), Pablo Fernández Santos, también pidió en una rueda de prensa en León la comparecencia en las Cortes de Valladolid del consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, para que dé explicaciones sobre su supuesta aparición en conversaciones grabadas en el marco de la investigación de la trama Enredadera.
Fernández exigió la dimisión “irrevocable” del consejero, así como la del alcalde de León, Antonio Silván, que también aparecería en las presuntas grabaciones y de la procuradora del PP y alcaldesa de Benavides de Órbigo Ana Rosa Sopeña “que debería ser cesada de forma fulminante”, por ser los dos últimos procuradores de las Cortes.
“Herrera no puede agachar la cabeza bajo tierra, no puede hacer el avestruz, es algo de extrema gravedad que indica que el Partido Popular ha colocado a León en el centro de la corrupción y esto no lo vamos a permitir”, clamó Pablo Fernández Santos, que aseguró que si no se echaba de la política a estos tres implicados del PP en la Operación Enredadera pedirían “la misma dimisión del presidente de Castilla y León”.
Suárez-Quiñones afirma que comparecerá, pero que todo está sacado de contexto
El consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, solicitó esta mañana su comparecencia ante las Cortes de Castilla y León para explicar su gestión respeto a las obras de mejora de la carretera de Villadangos (León) y desmentir las acusaciones que le relacionan con la operación 'Enredadera'.
El consejero, que mostró su “profundo disgusto y malestar” por lo que considera un intento de convertir una gestión responsable y diligente de los intereses públicos en una actuación irregular, aseguró que sus actuaciones se rigen por el “sometimiento al derecho y a la ley y por no quedarse de brazos cruzados ante los problemas de los ciudadanos”.
Suárez-Quiñones rechazó irregularidades en el arreglo de la carretera de Villadangos y aseveró que su gestión en defensa de los intereses públicos “siempre se hizo con la ley en la mano y con absoluta limpieza, aunque en esta vorágine de conversaciones grabadas parece que todo vale y que todo es lo mismo. Es lamentable que sin conocer cuáles son los amparos legales a dicha actuación se pretenda dar oscuridad a la misma. La seguridad vial y el interés por hacer efectiva la obra pública adjudicada son objetivos que entran en nuestra obligación de gestionar”.
