La Junta promueve un anteproyecto de ley para modificar la normativa de Patrimonio Cultural
La consejera de Cultura y Turismo, María Josefa García Cirac, presentó hoy en la reunión del Consejo de Gobierno el Anteproyecto de Ley del Patrimonio Cultural de Castilla y León, que busca “modernizar” la normativa vigente, que data de 2002, con un cambio legal “ambicioso” que busca reforzar la participación social en la conservación y la gestión del patrimonio cultural.
“El patrimonio es una seña de identidad fundamental en Castilla y León y es una de nuestras principales fuentes de riqueza. Necesitamos una ley moderna, acorde con la nueva filosofía en torno al patrimonio cultural, que más allá de la conservación y restauración busca dar un paso más para avanzar en la participación social”, expuso en el encuentro posterior al Consejo con los medios.
Según apuntó, el Gobierno autonómico pretende “seguir avanzando en la consolidación del patrimonio material y también inmaterial”, y por ello buscan “una ley abierta a la sociedad, con participación social, de las distintas administraciones, entidades privadas y diferentes colectivos sociales”.
“El valor del patrimonio no se limita a la conservación de objetos artísticos, hay que considerar el valor social y el recurso del patrimonio en el desarrollo económico”, apuntó antes de señalar que el objetivo principal de esta nueva norma es avanzar en el conocimiento, la investigación, la protección, la conservación y la difusión del patrimonio cultural de la Comunidad. Para conseguir este objetivo, se pretende regular el papel de los agentes implicados en la gestión del patrimonio cultural desde la corresponsabilidad, con el fin de garantizar su sostenibilidad, apoyada en la participación de propietarios, ciudadanos y agentes sociales, con el objetivo de asegurar el uso y disfrute de los bienes y con ello garantizar la conservación del legado cultural.
García Cirac aludió a la “corresponsabilidad en la gestión de los bienes culturales” y destacó el “derecho de los ciudadanos a la cultura y a la participación social”. “Buscamos sostenibilidad técnica y financiera. Creemos que le patrimonio cultural es un factor decisivo en el desarrollo económico de Castilla y León, ya que tiene un potencial indiscutible como atractivo turístico”, esgrimió.
Contenidos
El anteproyecto, que no cuenta con memoria económica propia, se estructura en siete títulos, desarrollados en 86 artículos, además de 22 disposiciones entre adicionales, transitorias, derogatorias y finales, fruto de las aportaciones de los diferentes interlocutores, tanto políticos como expertos en el ámbito del patrimonio.
Desarrolla contenidos como la caracterización del patrimonio desde la vertiente del derecho ciudadano a la cultura, y de la participación social; la relación del patrimonio con el desarrollo social y territorial; la corresponsabilidad en la gestión de los bienes culturales, a través de la incentivación de la cooperación mediante la concertación institucional y la colaboración público-privada; la búsqueda de la sostenibilidad técnica y financiera en las intervenciones que se realizan en los bienes y manifestaciones del patrimonio cultural; el papel del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo económico; la inclusión de los valores del patrimonio cultural en el marco de referencia de la ordenación y gestión territorial; y la incorporación de los avances doctrinales y las consideraciones técnicas emanadas de la experiencia en la propia gestión y de la normativa internacional.
Entre las novedades del antreproyecto se incorpora un nuevo enfoque social de la gestión del patrimonio cultural y la concreción, como participación de la inversión pública en el patrimonio cultural, del denominado 1 % cultural, que se eleva al 1,5 % Asimismo, contempla la creación del Centro de Investigación e Innovación del Patrimonio Cultural de Castilla y León; y garantiza el apoyo público a los propietarios de los bienes de interés cultural. También establece principios y criterios para la intervención en los bienes de interés cultural e incluye los bienes inmateriales con definición propia, en los términos establecidos en la Convención Unesco.
Por otro lado, la importancia de los Caminos de Santiago también se recoge, con una fórmula de gestión propia, denominada Sistema Territorial de los Caminos a Santiago por el territorio de Castilla y León, que incluye la clasificación de los diferentes Caminos y determina el régimen de protección. El objetivo es preservar y proteger los valores que testimonian la peregrinación a Santiago de Compostela, en el entorno de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
