Gobierno y sector minero sellan el plan del fin del carbón en León con transición justa, 250 millones y prejubilaciones
El fin de la minería del carbón en León y el inicio de la traída y llevada “transición justa” tienen en el día de hoy la fecha definitiva. Y es que esta tarde en Madrid, el Gobierno, los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO), Unión General de los Trabajadores (UGT) y Unión Sindical Obrera (USO), y la Patronal reunida en la Federación Nacional de Empresarios de Minas de Carbón (Carbunión) han rubricado el acuerdo marco para una transición justa de la minería del carbón y el desarrollo sostenible de las comarcas mineras para el periodo 2019-2027.
El acuerdo ha sido firmado en un acto que ha contado con la presencia ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, así como distintos miembros de los sindicatos y patronal del carbón.
En términos generales, el acuerdo contempla prejubilaciones y bajas incentivadas para los trabajadores, así como un fondo de 250 millones de euros, repartidos en cinco años (de 2019 a 2023), para apoyar iniciativas empresariales y de desarrollo de las comarcas mineras.
Y más fondos locales
Estas ayudas se complementarán con un plan de choque específico para las zonas afectadas que incluye un plan de restauración de las explotaciones mineras, un plan de desarrollo de energías renovables y eficiencia energética, y la posibilidad de que las administraciones locales o regionales firmen con el Gobierno contratos de transición justa. Estos contratos movilizarán fondos para la creación y fijación de empleo y promoverán incentivos fiscales, entre otras medidas.
Además, el acuerdo dedica un apartado potencial de la Fundación Ciudad de la Energía (Ciuden) que tiene su sede en Ponferrada como vector del proceso de transición energética justa, aunque de momento sin mucha concreción.
Según lo comunicado en primera instancia oficialmente, el acuerdo da así respuesta a las consecuencias sociales que se producirán en cumplimiento de la decisión del Consejo Europeo, que obliga al cierre de las minas de carbón en territorio comunitario que no hayan devuelto las ayudas estatales percibidas en el periodo 2011-2018 antes de que finalice el presente año. Y es que en la provincia de León ninguna previsiblemente lo hará, por lo que el 31 de diciembre será el fin histórico del negocio de la extracción de carbón en la provincia.
De esta manera, el pacto actualiza las medidas sociales adoptadas en el Real Decreto 676/2014 por el que se establece el régimen de ayudas por costes laborales destinadas a cubrir costes excepcionales vinculados a planes de cierre de unidades de producción de las empresas mineras del carbón.
Prejubilaciones con 48 años pero nada de las subcontratas
Así, este ajuste permitirá que los trabajadores afectados por los nuevos cierres puedan acogerse a prejubilaciones o bajas incentivadas en función de su trayectoria profesional. Podrán prejubilarse los empleados con, al menos, 48 años de edad equivalente, 25 años de cotización en el Régimen Especial de la Minería del Carbón o un mínimo de 20 años trabajados. En este último caso, la ayuda experimentará reducciones en función del periodo de antigüedad acreditado.
Mientras, el resto de los trabajadores percibirán bajas voluntarias, que variarán en función de su antigüedad. En cualquier caso, los afectados por silicosis de primer grado verán incrementada la cuantía de su indemnización. Y tampoco se ha aclarado hoy si, como exigían no pocos trabajadores, se incluirán las subcontratas de empresas mineras, que hoy lo exigían con protestas convocadas en Madrid.
Por otro lado, los empleados no prejubilados dispondrán de una bolsa de trabajo gestionada por el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (IMRC), que facilitará acceso a cursos formativos y de orientación hacia nuevos yacimientos de empleo relacionados principalmente con una transición energética justa.
