Mulet recuerda al PP en el Senado los “huesos” de los más de 3.000 asesinados por el franquismo en León

Carles Mulet y Ester Muñoz, senadores de Compromís por Valencia y del PP por León, respectivamente.

El portavoz del grupo parlamentario de Compromís en Senado, Carles Mulet, conocido por numerosas intervenciones en asuntos relacionados con la provincia de León, ha recordado hoy desde la tribuna de la Cámara Alta al Partido Popular que son “más de 3.000” los “huesos” de leoneses asesinados por el franquismo por la represión generada tras el golpe de estado de 1936.

Lo hacía precisamente al hilo de las declaraciones de la senadora popular por la provincia de León, Ester Muñoz, que ayer ha hecho saltar una polémica de calado nacional al criticar que los presupuestos del Gobierno destinen 15 millones de euros a lo que ella calificó como “que ustedes desentierren unos huesos”.

Mulet ha mostrado desde el Senado su repulsa hacia “la humillación de las víctimas del franquismo que se ha sido aplaudida y jaleada en la Cámara por el grupo mayoritario”, en referencia al Partido Popular, que ostenta mayoría absoluta en este parlamento. El ejemplo de la provincia de León fue precisamente puedo así como ejemplo de una intervención de Compromís en la que se refería a todo el panorama nacional respecto a las víctimas franquistas.

“La humillación de las víctimas del terrorismo afortunadamente te puede llevar a la cárcel, mientras la humillación de las víctimas del franquismo en esta Cámara continúa siendo aplaudida y jaleada” por el PP, censuró. El ejemplo, “en León, 33 víctimas de ETA contabilizadas, a las cuáles nadie, nadie calificaría como huesos. Pero en esa provincia, durante el terror de Estado se asesinaron a 3.000 demócratas por el simple hecho de serlo (...) sin contar las personas represaliadas, violadas, depuradas, reclusas, humilladas o exiliadas”. Y recordó que “en León no hubo otro bando, no hubo guerra, no hubo combates, no hubo frentes ni iglesias quemadas, sólo terror del franquismo”.

“De esos”, continuó, “ustedes los franquistas de esta Cámara se ríen y los siguen humillando, como ayer vimos, y estamos esperando todavía la dimisión o el cese fulminante de la persona que ayer humilló a las víctimas del franquismo”. “Esas víctimas eran posiblemente tan españoles y tan demócratas como las víctimas de ETA y merecen, como mínimo, el mismo respeto, y el mismo reconocimiento como víctimas que ustedes que ustedes durante 40 años, y 40 años después, les han negado sistemáticamente”.

La reacción de la ARMH

Por su parte, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó hoy una queja ante la oficina del Defensor del Pueblo por las afirmaciones de la senadora Ester Gómez. Para su presidente, Emilio Silva, estas declaraciones suponen una “enorme falta de respeto por los Derechos Humanos y un trato vejatorio hacia las víctimas de la dictadura franquista”, de las que recordó que todavía esperan a que el Estado cumpla con sus obligaciones en esa materia y les garantice el derecho a dar una sepultura digna a un ser querido.

Para Silva es “incomprensible” que en una institución como el Senado, enmarcada en la Constitución y en la Convención Europea de Derechos Humanos, se hagan afirmaciones “lesivas” con las personas que han sufrido “el peor delito que se puede cometer contra un ser humano”, por lo que despreciar a esas personas, faltarles al respeto e ignorar su dolor es una forma de acoso y culpabilización“.

'Clases' de Derechos Humanos

Por ello, apuntó que una institución como el Senado debería elaborar un régimen sancionador cuando se vulneren ese tipo de derechos fundamentales, a pesar de que la Convención contra la Desaparición Forzada Involuntaria de Naciones Unidas, ratificada por el estado español, regula las obligaciones del Estado y de todas sus instituciones democráticas, de proteger y atender a los familiares de personas desaparecidas por causa de la violencia política.

Asimismo, en nombre de la Asociación, Emilio Silva le propuso al Defensor del Pueblo la recomendación de que todos los miembros de las Cámaras de Representantes tengan que recibir formación en materia de Derechos Humanos para que “aprendan a distinguir cuáles son los límites del debate político y no se repitan actos degradantes y de maltrato político por quienes tienen la obligación de defender los Derechos Humanos más allá y más acá de su ideología”.

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