La Audiencia Provincial ordena reabrir el caso de un presunto acoso laboral en EspañaDuero que acabó en suicidio
La Audiencia Provincial de León ha ordenado la reapertura de la investigación sobre las causas del suicidio de la trabajadora de EspañaDuero Esther Sierra, ocurrido en junio de 2016. La familia de Sierra denunció a un jefe directo y un compañero de Sierra por un presunto acoso laboral que habría llevado a la joven a acabar con su vida.
En un auto al que ha tenido acceso este periódico la Audiencia Provincial admite el recurso contra otro previo del Juzgado de Instrucción Número 3 de León que cerraba el caso con el sobreseimiento de las actuaciones y obliga a que se practiquen nuevas pruebas, al resultar “evidente que no se ha agotado la investigación para determinar lo realmente ocurrido”.
La Audiencia Provincial de León considera, analizando los hechos, que “parece que existen serias posibilidades de que los denunciados hayan podido infligir a Esther Sierra un trato degradante en el ámbito laboral, de modo que se ha podido seguir como resultado y en perfecta relación casual un menoscabo grave para su integridad moral”. Por todo ello explica que se deben realizar nuevas pruebas para averiguar si los hechos imputados pueden constitutir un presunto delito contra la integridad moral, que es castigado con una pena de prisión de entre seis meses a dos años.
A principios de año la polémica jueza Blanca Esther Díez dictó el cierre de la causa, dejando una singular investigación que tardó más de un año y medio en iniciar las declaraciones, y sólo tras una queja formal de los denunciantes. La jueza se ha trasladado este año a una plaza de Marbella y su paso por León ha dejado por el camino asuntos polémicos como la inconclusa investigación sobre una presunta corrupción personal de Isabel Carrasco, a la que nunca llamó a declarar en dos años de instrucción antes de su fallecimiento. Su sustituta será quien se haga cargo de las nuevas actuaciones.
Los acusados en esta investigación son el jefe directo de Esther Sierra, que sigue hoy trabajando en Unicaja con el puesto de gerente de recuperación de activos inmobiliarios de la zona de León. El otro acusado es un compañero del mismo departamento de la fallecida y además representante sindical en el banco. Ambos trabajaban con Esther Sierra en el edificio del Portillo de la antigua caja, en los servicios centrales de la entidad hoy desmantelados, donde habría tenido lugar el presunto acoso.
La entidad financiera abrió en su momento una investigación interna tras la muerte de Esther, que causó un gran impacto en el banco al producirse en pleno ERE que supuso la salida de 850 trabajadores. El mismo se cerró sin ninguna conclusión evidente más allá de que no se activó el protocolo con que cuenta la entidad contra el acoso en el trabajo al no haber denuncia de la víctima ni de los representantes sindicales.
En la denuncia presentada por la familia se acusaba a los dos trabajadores de haber realizado “acoso laboral prolongado” que la habría llevado a problemas psicológicos y de ansiedad que habrían tenido como fatal desenlace que se ocasionara su propia muerte. Una testigo por parte de la acusación aseguró en su declaración que la actuación de los acusados era de maltrato hacia Sierra, mientras que varios trabajadores de la entidad y subalternos directos de uno de los acusados negaron los hechos imputados.
Entre las pruebas a practicar que impone la Audiencia Provincial, “totalmente pertinentes”, están un informe de análisis de autopsia psicológica que debe realizar la sección de análisis de conducta de la Policía y solicitar a Unicaja, como entidad sucesora de EspañaDuero, que aporte la existencia de un plan de riesgos laborales sobre acoso laboral en caso de existir, además señala que se realicen las que se estimen necesarias para aclarar los hechos y determinar un nuevo cierre del caso o la apertura de juicio oral, según corresponda.
La Fiscalía de León apoyaba, al igual que las defensas, el cierre de la investigación. La actuación fiscal en este caso ha sido de silencio absoluto en todo el procedimiento, salvo para apoyar desde el inicio de la investigación la denegación de todas las pruebas solicitadas por la acusación, pese a la gravedad de los hechos imputados. Ahora la Audiencia Provincial reclama nuevas y pertinentes pruebas para esclarecer las circunstancias que llevaron a Sierra a quitarse la vida.
