Los tribunales anulan otra rebaja ambiental aprobada por la Junta, referida a la industria agroalimentaria
Nuevo varapalo judicial para el consejero de Fomento y Medio Ambiente en funciones, el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones, que “cierra su mandato su mandato con el fracaso de su nefasta política de desregulación ambiental, desautorizada en los tribunales por arbitraria e ilegal”, aseguran desde Ecologistas en Acción.
La organización ha desvelado que una nueva setencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha anulado la exención de licencia ambiental concedida por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente a las industrias agroalimentarias, mediante el Decreto 8/2018 por el que se determinan las condiciones ambientales mínimas de determinadas industrias agroalimentarias en Castilla y León.
El Tribunal señala en la sentencia, como en la anterior sentencia de 11 de abril relativa a la exención de licencia a las explotaciones ganaderas intensivas o 'macrogranjas', que no es posible modificar por decreto una ley como la de Prevención Ambiental de Castilla y León, invadiendo de esta forma el Consejo de Gobierno de la Junta la competencia legislativa exclusiva del Parlamento autonómico.
El Tribunal reitera que “la modificación efectuada afecta al contenidofundamental de la norma con rango de Ley, en cuanto que aspectos nucleares del mismo, como son todos aquellos sometidos al régimen de licencia o autorización, ahora se trasvasan desde el de licencia, más exigente en su régimen jurídico (información pública e informes preceptivos de la comunidad autónoma, entre otros requisitos), hacia un mero régimen de comunicación previa, sin que existan garantías equivalentes, como es la necesidad de evaluación ambiental previa”.
En la sentencia se recoge que “la modificación efectuada excede con mucho a lo que está permitido a una norma de carácter reglamentario, en cuanto que, de un lado, modifica normas con rango de Ley y, por otro, altera de forma sustancial el contenido fundamental del régimen de licencias y comunicaciones ambientales que son exigidos como requisito previo para el ejercicio de actividades”.
El nuevo varapalo judicial a la Junta significa que la desregulación aprobada por el Gobierno autonómico para estas actividades clasificadas como molestas, insalubres, nocivas y peligrosas, vuelven a requerir licencia ambiental en Castilla y León, debiendo someterse a información pública, informes previos y audiencia. Esto significa que un matadero, una harinera, una industria de piensos o una fábrica láctea no podrán empezar a funcionar sin información pública ni informes. La organización que recurrió señala en un comunicado que “de hecho, todas las industrias agroalimentarias que se hayan iniciado en el último año sin licencia ambiental deberán legalizar su situación, correspondiendo las eventuales indemnizaciones por los gastos ocasionados a la Junta de Castilla y León, como responsable de la regulación ahora ilegal”.
Desde Ecologistas en Acción aseguran que “llama la atención que esta vulneración de la separación de poderes no fuera advertida por el Consejo Consultivo de Castilla y León, cuyo examen de legalidad fue inútil”.
El impulsor de esta modificaciones es juez en excedencia y procurador electo en las Cortes de Castilla y León tras encabezar la lista del PP en las elecciones del pasado 26 de mayo. La gestión medioambiental de Suárez-Quiñones ha estado rodeada de polémicas, además su aparición en la trama 'Enredadera' con su famosa frase “La Administración soy yo”, con la anulación completa del nudo eólico de Villameca, o las sentencias y medidas cautelares que han anulado la caza del lobo o que suspendieron toda la caza en Castilla y León.
Para Ecologistas en Acción la sentencia “se trata de una excelente noticia para el medio ambiente de Castilla y León y del penúltimo fracaso del Consejero Suárez-Quiñones, incapaz pese a ser él mismo juez en excedencia de observar la más elemental legalidad en las disposiciones de su Consejería en relación a materias como la participación ambiental, la caza, la conservación del lobo, la quema de rastrojos, la contaminación atmosférica o ahora las actividades clasificadas, en las que ha recibido sentencias contundentes de los tribunales”.
La organización ecologista espera que con la conformación del nuevo gobierno autonómico “se destierre definitivamente esta forma arbitraria y autoritaria de gobernar, restableciendo las garantías y controles ciudadanos en materia de biodiversidad y de prevención ambiental, en atención al principio de legalidad, a la protección de la salud y el medio ambiente y a los derechos constitucionales a la información, a la participación y a la tutela judicial efectiva”.
