TRIBUNALES

La Junta Vecinal de Villar de Santiago le pidió a Coto Minero Cantábrico que invadiera 19 hectáreas protegidas

La administración local no tiene competencia para ello, pero su secretario José Manuel Álvarez declaró que "así se hacen las cosas en los pueblos". Aduce que en esos terrenos había grietas muy peligrosas de una antigua mina de interior y: "Cuando hay una empresa fuerte en la zona, se le pide que lo solucione", como fue el caso de la empresa de Victorino Alonso.

Primera sesión del juicio contra el empresario minero Victorino Alonso por un delito contra el medio ambiente por la explotación Nueva Julia en Cabrillanes
Campillo / ICAL. Primera sesión del juicio contra el empresario minero Victorino Alonso por un delito contra el medio ambiente por la explotación Nueva Julia en Cabrillanes
Elisabet Alba | 26/04/2021 - 15:29h.

La defensa del empresario minero Victorino Alonso presentó este lunes, en el inicio del juicio para dilucidar las responsabilidades porque la empresa Coto Minero Cantábrico (CMC) invadiese cerca de 20 hectáreas de zona protegida de la explotación a cielo abierto 'Nueva Julia', entre las comarcas de Laciana y Babia, y que se desarrollará en las jornadas de este lunes y mañana martes en la Audiencia Provincial de León, dos testimonios inicialmente no previstos en la sesión. Uno del secretario de la Junta Vecinal de Villar de Santiago (en el Ayuntamiento de Villablino), a la que pertenecían los montes ocupados sin autorización, y el otro, el de una técnico que llevó a cabo análisis de calidad del agua superficial de la mencionada explotación.

El primero pretendía reforzar la declaración del 'rey del carbón' de que dicha invasión de 20 hectáreas no correspondía con un interés de la empresa por explotar el carbón de la zona "porque no había", ya se habría sacado en una mina de interior años antes, sino que era más bien un detalle "altruista" de la empresa con la administración local.

"Yo fui el principal promotor" de que CMC alargase más de 19 hectáreas su extensión, manifestó al magistrado José Manuel Álvarez, secretario durante 15 años de la Junta Vecinal lacianiega y miembro del comité de empresa de CMC. El argumento: que la antigua explotación minera de interior había provocado enormes grietas y socavones muy peligrosos para la fauna de la zona y también para los humanos por lo que se decidió pedir el favor a la empresa de Victorino Alonso para que, gratis, les resolviese el problema. "Así se hacen las cosas en los pueblos. Cuando hay una empresa grande en la zona se le piden estas cosas porque las Juntas Vecinales no tienen dinero", manifestó. Algo por lo que el Ministerio Fiscal le preguntó si en vez de pedírselo altruistamente a una empresa privada por qué no se lo pidió a la Junta de Castilla y León, "porque no consta ninguna prueba documental de ello".

La segunda duda que le quedan a las acusaciones, a la Fiscalía y al letrado de la propia Junta, es por qué si ya se habían invadido esos terrenos siguen, según el pripio testimonio de Álvarez, "sin restaurar a día de hoy", algo que para el secretario de la Junta Vecinal corresponde a la desagradable "coincidencia" que la paralización de la actividad en la explotación a cielo abierto primero por varios ERE y después por carecer de licencia ambiental no permitieron los trabajos de restauración.

En todo caso, la Junta Vecinal de Villar de Santiago no tenía la competencia para pedir ni para permitir que la empresa de Victorino Alonso invadiese las casi 20 hectáreas protegidas por influencia del oso pardo y del urogallo porque eso es materia de la Junta de Castilla y León o del Ayuntamiento de Villablino. Tampoco pidió tal autorización, "Creí que tenía que pedirla la empresa", concluyó Álvarez.

En cuanto a la declaración de la técnico que realizó los análisis de aguas superficiales de la explotación, Sara López, lo único que aportó fue que la calidad de las muestras de agua tomadas cumplía los parámetros pero que no se comprobaron ni las aguas subterráneas, ni la desviación o no de los cauces de agua y tampoco conocía si se ejecutaron las labores de restauración en la explotación.

El último testigo y perito de la defensa, que ya estaba previsto, fue Javier Víctor Maíllos, ingeniero de minas y diplomado en ciencias del medio ambiente que reconoció que la ocupación de la zona protegida se inició en marzo de 2009 y se extendió hasta noviembre de ese mismo año pero que la paralización de la explotación, "de la Junta", olvidándose de los ERE de la empresa a la que manifestó que no pertenecía pero que asesoraba y llegó a representar como "apoderado", hizo imposible la restauración de "Nueva Julia" y también de la superficie volada sin permiso de ningún tipo.

"Las zonas críticas de urogallo están alejadas a más de un kilómetro y las de oso pardo a tres o cuatro", y "nunca se vio ningún animal protegido por allí", defendió. "Era una zona en la que había más explotaciones de interior y a cielo abierto" y "no había ningún bosque. Era todo monte bajo".

Según Maíllos, "la empresa hizo todo lo que pudo por restaurar" el monte protegido pero, "la administración no le dejó". Años después de la suspención de la actividad minera, la empresa CMC solo había restaurado "menos de un 1% de las 400 hectáreas de Nueva Julia". El coste, asumido al 75% por el Gobierno de España y al 25% restante por la Junta de Castilla y León, superó los 24,3 millones de euros, que en caso de ser condenados los acusados Victorino Alonso y el entonces jefe de la explotación Manuel Santamaría tendrían que pagar a medias y de manera subsidiaria.

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