TRIBUNALES

La Fiscalía rebaja a siete años y medio la petición de cárcel para Victorino Alonso por 'Nueva Julia'

Las defensas del 'rey del carbón', administrador de la MSP y Coto Minero Cantábrico que explotó la mina a cielo abierto entre Laciana y Babia, y que invadió 19 hectáreas protegidas sin ningún tipo de licencia, así como la del otro acusado, Manuel Santamaría, entonces jefe de dicha explotación, han pedido la libre absolución de ambos.

juicio contra el empresario minero Victorino Alonso por un delito contra el medio ambiente por la explotación Nueva Julia en Cabrillanes
Campillo / ICAL. En la imagen, los dos acusados por un delito contra el medio ambiente por la explotación Nueva Julia en Cabrillanes, a la izquierda Victorino Alonso y a la derecha Manuel Santamaría
Elisabet Alba | 27/04/2021 - 19:50h.

Visto para sentencia el juicio que decidirá si el empresario minero Victorino Alonso, administrador único de la MSP, después Coto Minero Cantábrico (CMC), y el jefe de la explotación 'Nueva Julia' entre Laciana y Babia, Manuel Santamaría, han incurrido en un delito penal y/o civil por la explotación a cielo abierto de 405 hectáreas del término municipal de Cabrillanes, casi 20 sin ningún tipo de licencia, en un monte titularidad del Ayuntamiento de Villablino y zona protegida por influencia de especies en peligro de extinción como el oso pardo y el urogallo en el año 2009.

El Ministerio Fiscal y la acusación de la Junta de Castilla y León han decidido rebajar la petición de condena de 8 años de cárcel a 7 años y medio por un atenuante de dilación indebida en el tiempo del procedimiento, y una indemnización de 24,3 millones de euros para compensar el gasto que tuvieron que afrontar el Gobierno de España (al 75%) y la administración autonómica (al 25%) para llevar a cabo la rehabilitación de los terrenos tras el cese de la actividad, que a priori es responsabilidad de la empresa explotadora y que no cumplió.

Por su parte, las defensas de ambos, así como el representante del administrador concursal de la empresa, han solicitado la libre absolución del 'rey del carbón' y del que fuera jefe de la explotación a cielo abierto. Además de pedir, el representante del administrador concursal, que sea la Sala la que cuantifique, en caso de haber responsabilidad civil, el coste del daño medioambiental y que no tome como referencia la cuantía de 24,3 millones de euros desembolsados por las arcas públicas, porque "no se ha podido corroborar su veracidad ni presentar ninguna prueba que la rebata".

Tanto el representante de la Fiscalía como el letrado de la administración autonómica consideran que el hecho juzgado corresponde a un delito de peligro medioambiental "en abstracto", como lo fue el de Catisa en Las Médulas, y por tanto, el daño a las especies protegidas de oso pardo y urogallo, "muy grave", existió, según los testigos-peritos aportados. Por tanto, Victorino Alonso debería ser condenado como máximo responsable de la empresa en ese momento, "aunque diga que se jubiló y no quiso saber nada más, porque dos meses después de su jubilación pidió un poder para ser el apoderado de CMC para seguir manejando el cotarro". Y Santamaría: "era el que ejecutaba las órdenes". Se extrajo carbón de 405 hectáreas, 20 invadidas de manera ilegal, y sin que se hiciera ninguna tarea de restauración del monte después de la actividad minera, salvo una hectárea (menos del 1% del total).

En cambio, las defensas alegan que "no hay ninguna prueba concreta y contundente de la relación entre los acusados y los presuntos hechos delictivos". Especialmente, la defensa del empresario minero se basó en dos cuestiones. La primera, que "suponiendo que se hubieran explotado las 250 hectáreas aprobadas por la licencia ambiental en 'Nueva Julia' se habrían obtenido 135 millones de toneladas de material estéril. Lo que equivale a 1.250 plazas de toros de León llenas hasta 30 metros de altura. Si no se rehabilitó, como dicen las acusaciones, nada, ¿dónde está toda esa cantidad de tierra? Pues en 'Salguero' (otra explotación contigua, también de la empresa)". De esta manera, el letrado quiso dejar constancia de la "intención" de CMC, la empresa de su defendido, de cumplir con la tarea de restituir el monte explotado, pero que también según su defensa, se vio impedida porque "la Junta paralizó la actividad en 2012".

Reconocen, no obstante, que las cerca de 20 hectáreas protegidas por ser zona de influencia del oso pardo y el urogallo fueron invadidas de manera completamente ilegal, a pesar de que en el último día el presunto motivo ha variado. Si ayer argumentaban que fue de manera "altruista" de la empresa privada, a petición de la Junta Vecinal de Villar de Santiago (del Ayuntamiento de Villablino), para subsanar unas "grietas muy peligrosas" resultantes de una explotación anterior de minería de interior, entre los años 50 y 80, "por hacerles un favor" y sin que tuvieran la competencia para ello, hoy en palabras del propio abogado de Victorino Alonso se da cuenta de que la verdadera intención de CMC en esos terrenos era "crear una pista para acceder a Ladrones", otra explotación colindante y para la que tenían licencia y previsión de explotación pero que no se llegó a iniciar.

En su última palabra, Victorino Alonso insistió en que él no sabía nada del asunto que se juzga, y por no saber no sabía ni dónde estaba la explotación, "Pero de lo que sí sé es de minería y de minería de transferencia. Y en la Sala nadie se dio cuenta menos yo de que si solo se había restaurado una hectárea a ver dónde había ido la tierra". Lo que no explicó, ni él ni su defensa, es que si la tierra de 'Nueva Julia' se dedicó a restaurar la geografía de 'Salguero' dónde estaba la tierra removida en 'Salguero' para extraer el carbón.

El otro acusado, Manuel Santamaría, por su parte, declinó hacer uso del derecho de última palabra antes de conocer la sentencia.

Así las cosas, será el juez quien tenga que dirimir a partir de los testimonios de los dos acusados y de ocho testigos y testigos-peritos si hay o no responsabilidad penal en la actuación del 'rey del carbón' y de Santamaría y si hay o no y a qué cantidad ascendería la responsabilidad civil.

Condenado dos veces por atentar contra el patrimonio arqueológico y el medio ambiente

En los últimos años el empresario leonés acumula condenas de prisión. La primera fue en 2016 por destruir la cueva neolítica de Chaves (Huesca) en el año 2007, considerado uno de los dos yacimientos más importantes de la península ibérica. La condena inicial fue de dos años y medio de prisión y a pagar una indemnización de 25 millones de euros. La condena fue rebajada en firme a dos años de prisión, pero no ha entrado en la cárcel porque los tribunales le consideraron como 'limpio' pese a condenas por fraude fiscal en los años 90.

Además Victorino Alonso ha sido condenado a dos años y medio de cárcel por otra explotación ilegal, 'El Feixolín' en Villablino. La Audiencia Provincial de León le consideró autor responsable de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente por arrasar durante 15 años un monte con la explotación minera a cielo abierto de El Feixolín, totalmente ilegal y una de las que se benefició durante años con su empresa MSP, posteriormente Coto Minero Cantábrico. La sentencia ha sido recurrida tanto por las defensas como por las acusaciones.

En febrero de este año, en cambio, fue absuelto en otro juicio por el que se condenó al exalcalde de Fabero, Demetro Alfonso Canedo, a una pena de tres años y medio de inhabilitación para el desempeño de cargos públicos por ser resposnable de licencias irregulares a una empresa de Victorino Alonso. La Fiscalía ha recurrido la absolución.

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